Alianza Austral: procesaron a la banda que contrabandeaba dinero entre Santa Cruz y Chile

En una causa de alto impacto para la región, el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de Claudio Vázquez, resolvió la situación procesal de más de veinte personas investigadas por integrar una presunta organización dedicada al contrabando, el lavado de dinero y otras maniobras ilícitas que habrían operado durante al menos dos años en el sur del país. La investigación, que conecta movimientos entre Argentina y Chile, pone el foco en un entramado económico que manejaba grandes sumas de dinero por fuera de los circuitos legales.

El expediente, caratulado “Gasparini, Marcelo Horacio y otros s/ Infracción Ley 22.415” al que tuvo acceso La Opinión Austral y cuenta con 140 fojas describe una estructura con roles definidos, donde algunos de los imputados habrían actuado como organizadores y otros como ejecutores de distintas maniobras delictivas.

Según surge de la resolución judicial, la organización habría funcionado entre 2021 y agosto de 2023 tal como lo informó este diario que sigue la causa desde que fue nombrada como Alianza Austral, con base operativa en localidades como 28 de Noviembre, Río Turbio y conexiones con otras ciudades como Bahía Blanca. El eje central de la investigación gira en torno al ingreso y egreso ilegal de divisas, principalmente dólares estadounidenses, a través de pasos fronterizos no declarados.

Uno de los hechos más relevantes documentados en la causa refiere al traslado de aproximadamente 85.000 dólares desde Chile hacia Argentina, ingresados de manera fraccionada y ocultos en vehículos particulares. Ese dinero fue posteriormente secuestrado durante un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 3, a la altura de Arroyo Verde, en Chubut.

La operatoria, de acuerdo con la reconstrucción judicial, no se limitaba al transporte de divisas. También incluía la adquisición de mercadería presuntamente ingresada de contrabando, como un lote de 46 cubiertas de origen chino, valuadas en miles de dólares, que eran trasladadas junto al dinero en camiones vinculados a los investigados.

Pero el aspecto más complejo del caso radica en el presunto circuito de lavado de activos. La resolución de Vázquez menciona movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada de algunas empresas involucradas. En particular, se detectaron acreditaciones bancarias que superarían ampliamente las ventas registradas, con una diferencia estimada en al menos 120 millones de pesos, lo que sugiere la inyección de dinero de origen ilícito en el sistema formal.

A esto se suma el uso de facturación apócrifa, transferencias bancarias y la adquisición de bienes -vehículos, inmuebles y otros activos- que habrían servido para dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos mediante actividades ilegales.

Otro elemento que agrava el cuadro es la sospecha de intentos de entorpecer la investigación. En uno de los episodios, se señala que se habría ofrecido dinero a un integrante de Gendarmería para lograr la liberación de bienes secuestrados durante un procedimiento, lo que abre una línea paralela vinculada a posibles hechos de corrupción.

¿Cómo era la operatoria del lavado de dinero?

La operatoria de lavado de dinero de esta organización consistía en una estructura criminal compleja diseñada para inyectar activos de origen ilícito, provenientes principalmente del contrabando de divisas, mercaderías y estupefacientes, en el circuito económico formal para darles apariencia de legalidad. Para lograrlo, utilizaron de forma instrumental sociedades como Greenwood SRL y Comercial Yako Ferretería SRL, mediante las cuales simulaban la generación de ingresos a través de ventas ficticias y el uso de facturación apócrifa.

En el caso de Greenwood SRL, se detectó que las acreditaciones bancarias superaban ampliamente las ventas totales declaradas ante la AFIP, evidenciando una inyección masiva de dinero en efectivo no respaldada por la actividad comercial real de la empresa. Por su parte, la ferretería emitía comprobantes a consumidores finales sin identificación, documentos inexistentes o incluso personas fallecidas para ocultar el origen real de los fondos y dificultar la trazabilidad de las operaciones.

Un componente esencial de esta maniobra era el circuito cambiario transnacional, conocido habitualmente como “timba” de divisas, donde la organización egresaba pesos argentinos hacia Chile por pasos fronterizos no habilitados para comprar dólares en el mercado informal chileno.

Estos dólares reingresaban ilegalmente a la Argentina y eran aplicados en operaciones que les daban apariencia de licitud, como la adquisición y administración de una numerosa flota de vehículos de alta gama y terrenos en balnearios como Monte Hermoso. Además, se detectaron maniobras de autolavado a través de actividades de juegos de azar, tales como el cobro de premios significativos en casinos y apuestas en carreras de caballos, con el fin de justificar la tenencia de grandes sumas de dinero en efectivo.

La organización también utilizaba documentación de contribuyentes calificados como apócrifos o “usinas”, tales como Jorge Alberto Badini, para simular compras lícitas de mercadería que en realidad provenía del contrabando. Toda esta ingeniería financiera habría contado con el asesoramiento de profesionales contables que confeccionaban estados contables y balances que duplicaban ventas sin justificación real, proporcionando un blindaje técnico que impedía que los organismos estatales de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF), detectaran la actividad ilícita. Sin perjuicio de la descripción de estas maniobras, el magistrado dictó finalmente la falta de mérito para la mayoría de los imputados en orden a este delito, al considerar que la prueba acumulada hasta el momento es insuficiente para determinar con exactitud los montos específicos sometidos a blanqueo y la existencia fehaciente de los ilícitos precedentes.

¿Por qué no se mantuvo la carátula de asociación ilícita?

La resolución judicial determinó que no se pudo probar la existencia real de una asociación ilícita debido a que no concurrieron los elementos fundamentales exigidos por esta figura penal autónoma. Vázquez señaló que la investigación no logró definir un universo de delitos indeterminados abarcados por una organización única, sino que se limitó a señalar delitos particulares y delimitados atribuidos a personas específicas.

Asimismo, el fallo destacó la ausencia de la denominada affectio societatis, es decir, no se comprobó el compromiso recíproco de los imputados de aceptar la voluntad de un grupo o la decisión consciente de pertenecer a una estructura criminal permanente. En cuanto a la organización interna, las pruebas analizadas no acreditaron la existencia de roles específicos ni funciones jerárquicas claras de jefes u organizadores para los presuntos líderes, ya que las conversaciones interceptadas mostraron tratos entre iguales para gestiones en hechos puntuales, sin una subordinación que reflejara el control sobre una estructura unificada.

Aunque la fiscalía a cargo de Julio Zárate identificó tres grupos familiares distintos y varios terceros ajenos, el juez consideró que no se probó una cohesión interna o reglas mínimas que unieran a todos los implicados en una voluntad social común

La causa también involucra a sociedades comerciales que, según la hipótesis fiscal, habrían sido utilizadas como herramientas para canalizar dinero no declarado. Entre ellas aparecen firmas que operaban en la región y que ahora están bajo análisis por su rol dentro del presunto esquema.

Quiénes son los procesados

En la resolución judicial a la que tuvo acceso La Opinión Austral, se dictó el procesamiento de un total de diez personas físicas por diversos delitos relacionados con maniobras de contrabando, encubrimiento y corrupción.
Marcelo Horacio Gasparini fue procesado como coautor de contrabando agravado y autor de encubrimiento de contrabando agravado, cohecho activo y estafa procesal en grado de tentativa. Por su parte, Fernando Gabriel Gasparini enfrenta cargos como coautor de contrabando agravado y autor de encubrimiento de contrabando. Pablo José Toledo fue procesado por contrabando de divisas en grado de tentativa, encubrimiento de contrabando, y como coautor tanto de encubrimiento de robo como de uso de documento público falso. Camila Fernanda Toledo también fue procesada por la coautoría en los delitos de encubrimiento de robo y uso de documento público falso.

Asimismo, se dictó el procesamiento de Pascual Cristino Fuentes y Pedro Adolfo Toledo Oyarzun como autores del delito de encubrimiento de contrabando. Daniel Alberto Condori fue procesado por encubrimiento de contrabando y por estafa procesal en grado de tentativa. En cuanto a los funcionarios públicos implicados, Emilio Oscar Muñoz fue procesado por cohecho pasivo y Francisco Gabriel Blanco Fuentes por tráfico de influencias. Finalmente, Mauricio Exequiel Bugliotti fue procesado como coautor de contrabando agravado.

En términos judiciales, el caso se inscribe dentro de delitos complejos que combinan figuras como asociación ilícita, contrabando agravado, lavado de activos y fraude a la administración pública. La intervención de organismos especializados como la PROCELAC y la PROCUNAR da cuenta de la magnitud del expediente y del enfoque integral adoptado por el Ministerio Público Fiscal.

¿Cuál era el rol de los funcionarios públicos?

La fiscalía les atribuyó a Emilio Oscar Muñoz y a Francisco Gabriel Blanco Fuentes roles clave dentro de la estructura, vinculados a la búsqueda de impunidad y protección para la organización a través de sus cargos en las fuerzas de seguridad.
Según el dictamen fiscal, Muñoz, quien se desempeñaba como Oficial de Gendarmería Nacional, cumplía el rol de miembro de la organización criminal. La acusación principal en su contra sostiene que aceptó una promesa directa de dinero por parte del líder de la red, Marcelo Horacio Gasparini. El objetivo de este soborno era que Muñoz utilizara su influencia ante otros funcionarios de Gendarmería para lograr la liberación de los 85.000 dólares y los 46 neumáticos que habían sido secuestrados en el operativo de Arroyo Verde el 19 de febrero de 2023.

Con esta maniobra, se buscaba evitar que las actuaciones de prevención fueran elevadas al Juzgado Federal correspondiente, configurando así el delito de cohecho pasivo.Por su parte, Francisco Gabriel Blanco Fuentes, de profesión militar, también fue identificado por la fiscalía como miembro de la asociación. Su rol consistía en actuar como un nexo de influencia, haciendo valer indebidamente su condición ante otros funcionarios públicos por pedido de Gasparini, con quien mantenía un vínculo previo. Específicamente, se le adjudica haber gestionado que Muñoz y otros funcionarios intercedieran para recuperar los bienes incautados en la Ruta Nacional 3 y frenar el avance de las actuaciones judiciales.

Lo que viene

El proceso judicial continúa y aún resta determinar responsabilidades penales definitivas. Sin embargo, el volumen de pruebas reunidas y la cantidad de personas involucradas permiten dimensionar la envergadura de una causa que podría marcar un precedente en la lucha contra el contrabando y el lavado de dinero en el sur argentino.

Fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral indicaron que algunas de las partes apelarán la resolución dictada por Vázquez, tanto la Fiscalía que había planteado que existían elementos para probar la asociación ilícita como algunas de las defensas que harían lo propio para demostrar lo contrario.

Mientras tanto, la justicia chilena espera su turno, ya que parte de la investigación relacionada con el tráfico de estupefacientes fue derivada a sus tribunales competentes por falta de jurisdicción local