La Justicia Federal continúa trabajando con el fin de desentramar las maniobras que una compleja asociación ilícita usaban con el fin de evadir controles fiscales y generarle un perjuicio al Estado Argentino, mediante una compleja ingeniería contable.
Se trata de “Alianza Austral“, el mega operativo que cumplirá dos semanas este miércoles y que ha sido noticia nacional debido a los montos que usaban los integrantes, la cantidad de personas involucradas, los objetos que contrabandeaban y las triquiñuelas que utilizaban con el fin de no ser detectados.
El caso es seguido por La Opinión Austral desde el primer día, cuando salieron a la luz los resultados del histórico golpe que se registró de manera simultánea en Argentina y Chile. Tal como lo consignó este diario, fueron casi cincuenta procedimientos que se hicieron de un lado y del otro de la cordillera y hubo un número similar de personas imputadas por los diversos delitos que van, desde asociación ilícita, hasta el lavado de activos agravado.
Los bienes contrabandeados eran cubiertas, cigarrillos, drogas y armas de fuego que tenían distintos destinos. Algunos salían de Argentina y otros provenían de Chile. Todos tenían el mismo fin: ser comercializados y, a partir del fruto de esas transacciones, hacer una ingeniería legal y contable para que ese dinero sea “lavado”.
Tal como informó La Opinión Austral, desde el vecino país ingresaban de manera ilegal, a través del paso no habilitado del establecimiento rural “Los Tres Chorrillos” un gran número de cubiertas de neumáticos, en algunos casos con montos millonarios que luego eran comercializados en nuestro país.
En la misma maniobra pero, al revés, desde Argentina salían el resto de los bienes: drogas, armas de fuego y cigarrillos. En este punto hay que remarcar algo: en la Patagonia no hay puntos fuertes sobre el cultivo de las sustancias que eran traídas al sur del país, sino que tenían una procedencia de más al norte.
Fuentes judiciales e investigativas consultadas por La Opinión Austral, hicieron hincapié en los procedimientos que se hicieron en la localidad de Bahía Blanca, allanamientos en edificios que serían el “punto de partida” de algunos de los bienes que luego llegarían a Santa Cruz.
En ese sentido, este diario pudo conocer que los allanamientos que se hicieron en esa localidad se hicieron en domicilios ubicados en Malvinas al 1800, Sócrates al 2700, Primera Junta al 4300 y Nicolás Levalle al 100. Entre ellos se puede desglosar dos empresas transportistas, un estudio contable y una casa particular.
Fuentes consultadas indicaron que todos los procedimientos arrojaron resultados positivos a excepción de la morada particular donde no se hallaron mayores indicios sobre los negocios espurios investigados. De igual manera, si se incautó mercadería que tenía destino el sur del país y documentación que, por estos días, está arribando a Santa Cruz para ser sumado al plexo probatorio.
Tal como lo adelantó La Opinión Austral, para esta semana comenzarán las indagatorias para todos aquellos que fueron individualizados como presuntos integrantes de la banda pero que no quedaron tras las rejas. De los veintidós que tendrán la oportunidad de dar sus versiones de los hechos, tres son de Bahía Blanca.
Las indagatorias comenzarán este jueves y se extenderán, posiblemente y en el mejor de los casos si no hay contratiempos, hasta mediados de este mes. Entre ellos, hay tres hombres mayores de edad que fueron señalados como potenciales integrantes de la asociación ilícita que residen en Bahía Blanca. Se desconoce si serán trasladados a nuestra provincia, si lo harán por motus propio o, tal como nos enseñó la pandemia, que puedan contar su verdad a través de algún sistema de videollamadas avalado por el Poder Judicial.
Lo cierto es que, a dos semanas semanas del golpe histórico, tras meses y meses de trabajo incansable de los equipos de trabajo del fiscal Julio Zárate del lado argentino y del fiscal de Magallanes Cristian Crisosto, del lado chileno, de las excelentes tareas de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval; y de la Policía de Investigaciones (PDI) trasandinas, ahora el juez Claudio Marcelo Vázquez -quien supervisó todas las medidas solicitadas durante las averiguaciones- deberá resolver la situación de los acusados.
En paralelo, para los próximos días se vencen los plazos legales para las personas que están detenidas del lado argentino. De igual manera, el magistrado tiene la facultad de solicitar una prórroga entendiendo que pueden surgir nuevas informaciones a partir de las indagatorias que se harán
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