Alberto Biglieri destacó la creación del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz y advirtió por las vacancias en la Justicia

La reciente puesta en funcionamiento del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz representa, para el abogado Alberto Biglieri, consejero de la Magistratura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un paso institucional de gran trascendencia para la provincia. Así lo expresó durante una entrevista realizada por La Opinión Austral, en la que también analizó la situación del sistema judicial argentino y la problemática de las vacancias de magistrados.

Biglieri llega este viernes a Río Gallegos para participar de una jornada académica que organiza el Colegio Público de la Abogacía denominada “Colegiación y Justicia“, que se realizará en la flamante sede de la institución en Av. Kirchner al 1.951. El Consejero de CABA disertará a las 11:15 en el panel “La colegiación y los Procesos de Selección de la Magistratura y Control Disciplinario“.

Consultado sobre la importancia de que el nuevo Colegio sea el encargado de administrar y controlar la matrícula profesional, Biglieri señaló a este medio que se trata de una “reivindicación constitucional“, ya que las provincias conservan la potestad de regular el ejercicio de las profesiones. En ese sentido, explicó que la independencia de los abogados es un aspecto central del sistema republicano. “La Justicia no debería regular a quienes ejercen la defensa de los ciudadanos, porque el abogado debe actuar con libertad e independencia cuando reclama o litiga ante un juez“, sostuvo.

El consejero remarcó que, en la mayoría de las provincias argentinas, son los colegios profesionales los que controlan las matrículas, supervisan el ejercicio de la profesión y aplican las sanciones disciplinarias cuando corresponde. A su entender, ese esquema garantiza una mayor autonomía de la abogacía y evita posibles desequilibrios en la defensa de los ciudadanos.

Durante la entrevista, Biglieri recordó que Santa Cruz era una de las pocas jurisdicciones del país que aún no contaba con un colegio público de abogados plenamente constituido. Indicó que la provincia atraviesa un momento histórico al haber realizado por primera vez la elección de sus autoridades, proceso que derivó en la designación de Diana Huerga Cuervo al frente de la institución.

Asimismo, señaló que la creación del Colegio también tendrá impacto en otros organismos institucionales, como el Consejo de la Magistratura provincial, donde la representación de la abogacía adquiere un rol relevante.

La preocupación por la falta de jueces

Otro de los ejes de la conversación fue la situación del Poder Judicial en todo el país. Biglieri advirtió que el elevado porcentaje de vacancias en los tribunales constituye uno de los principales problemas que enfrenta el servicio de justicia.

Explicó que la designación de jueces subrogantes o magistrados a cargo de varios juzgados no constituye una solución de fondo, ya que la Constitución garantiza el derecho al juez natural, es decir, a magistrados designados mediante los procedimientos legales correspondientes.

Según indicó, si bien en el último tiempo el Gobierno nacional impulsó el envío de pliegos al Senado para cubrir cargos, estimó que, aun concretándose esos nombramientos, permanecerá una vacancia cercana al 30% de los juzgados del país. “Ese porcentaje hace muy difícil que la Justicia funcione con normalidad“, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de acelerar los concursos, la conformación de ternas por parte del Consejo de la Magistratura y el posterior tratamiento de los pliegos por el Poder Ejecutivo y el Senado.

Demoras que se repiten en todo el país

Consultado por La Opinión Austral acerca de las demoras que actualmente presentan distintos juzgados de Santa Cruz, especialmente en materias como Familia, Biglieri aseguró que no se trata de una problemática exclusiva de la provincia.

Reconoció que la lentitud judicial es un fenómeno de alcance nacional y señaló que, si bien la incorporación de herramientas digitales permitió agilizar notificaciones y trámites administrativos, el principal obstáculo continúa siendo la falta de jueces titulares.

Sostuvo que el retraso responde a una combinación de factores: la escasez de magistrados, la sobrecarga de trabajo en los juzgados, la falta de personal calificado y los tiempos que demanda el procedimiento constitucional para designar nuevos jueces.

Finalmente, subrayó que la demora en cubrir las vacantes repercute directamente en la sociedad, ya que posterga la resolución de conflictos y afecta el acceso efectivo a la justicia. “La Justicia necesita llegar a tiempo a la gente. Un fallo que tarda décadas deja de cumplir con el objetivo de resolver los conflictos de la vida en sociedad”, concluyó.