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La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lanzó este miércoles una de las declaraciones más fuertes de los últimos años sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman al sostener que detrás del crimen existirían vínculos con sectores de inteligencia, la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio y funcionarios ligados al actual Gobierno nacional.
Las afirmaciones fueron realizadas durante una conferencia brindada en el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, realizado en el Hotel Libertador, donde la magistrada expuso sobre investigaciones complejas, corrupción y credibilidad institucional.
Arroyo Salgado sorprendió al auditorio al referirse directamente a la causa por la muerte de Nisman, ocurrida en enero de 2015, y considerada por la Justicia como un homicidio. La jueza sostuvo que “difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio”, aunque deslizó que sí existirían pistas sobre “partícipes” relacionados con estructuras de inteligencia que actualmente operarían en ámbitos vinculados al desarrollo de Río Turbio.
“Hay trascendidos acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”, afirmó la magistrada durante la ronda de preguntas posterior a su exposición.
FABIAN MARELLI
Las declaraciones generaron fuerte repercusión política y judicial debido a la sensibilidad del caso y a la falta de precisiones posteriores por parte de la jueza.
El fiscal Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero pocos días después de denunciar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA a raíz del Memorándum con Irán.
La jueza habló de un “magnicidio” y apuntó a conexiones con Río Turbio
En la investigación judicial se encuentra procesado como partícipe necesario el técnico informático Diego Lagomarsino, quien entregó el arma utilizada en el hecho. También fueron procesados exintegrantes de la custodia del fiscal.
Tras las declaraciones de Arroyo Salgado, Lagomarsino reconoció públicamente haber mantenido contactos con YCRT para ofrecer servicios tecnológicos. Según explicó, incluso viajó a Río Turbio para conocer las instalaciones de la empresa estatal, aunque aseguró que nunca se concretó ningún acuerdo laboral.
“No hubo ningún secreto”, afirmó el técnico informático en diálogo con La Nación e indicó que el viaje fue autorizado por el juez federal Julián Ercolini.
La referencia de la jueza estaría relacionada con versiones periodísticas sobre reuniones mantenidas en la sede porteña de YCRT entre el gerente Maxi Cáceres y el interventor Pablo Gordillo, dirigente identificado históricamente con el kirchnerismo y actualmente designado bajo la administración libertaria.
La investigación judicial encabezada por el fiscal Eduardo Taiano mantiene entre sus hipótesis la posible intervención de sectores de inteligencia enfrentados políticamente dentro del kirchnerismo y del entorno del exespía Jaime Stiuso.
“La corrupción en Argentina es estructural”, afirmó Arroyo Salgado
Durante su exposición, Arroyo Salgado amplió sus críticas al funcionamiento institucional argentino y aseguró que la corrupción atraviesa a los tres poderes del Estado.
“La corrupción es estructural y no escapa a ningún color político ni a ningún gobierno”, sostuvo la magistrada ante empresarios, dirigentes y miembros del Rotary Club.
La jueza describió un escenario de “corrupción activa y pasiva”, donde participan tanto funcionarios como sectores civiles que facilitan maniobras ilegales. Además, cuestionó con dureza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, al que definió como “un elefante burocrático”.
Según explicó, deberían existir más jueces y fiscales sometidos a investigaciones y procesos de destitución debido a los actuales niveles de corrupción.
“Con los índices de corrupción que hay en la Justicia, en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, deberían ser muchos más los magistrados sometidos a juicio político y removidos”, expresó.
Arroyo Salgado también vinculó la debilidad institucional con el avance del narcotráfico en zonas de frontera y advirtió sobre la expansión del crimen organizado en distintas regiones del país.
En otro tramo de su discurso, volvió a referirse a la causa AMIA y calificó al Memorándum con Irán como “un pacto de impunidad”. Además, sostuvo que el asesinato de Nisman representó “el acontecimiento de mayor impacto institucional desde el regreso de la democracia”.
La magistrada también criticó el funcionamiento del sistema penitenciario bonaerense y cuestionó que los presos puedan acceder a teléfonos celulares dentro de las cárceles. En ese contexto, mencionó al ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena y propuso que el gobernador Axel Kicillof transfiera el Servicio Penitenciario provincial al área de Seguridad, en línea con el esquema aplicado por el Gobierno nacional.
Las declaraciones de Arroyo Salgado reabrieron el debate político y judicial sobre la muerte de Nisman, una causa que más de una década después continúa generando controversias, hipótesis cruzadas y fuertes repercusiones institucionales en la Argentina.
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