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Cristina Fernández de Kirchner decidió llevar su disputa judicial al plano internacional. La expresidenta presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena que la inhabilita de manera perpetua para ejercer cargos públicos y sostuvo que se trata de una “proscripción” que le impide volver a competir electoralmente.
La exmandataria dio a conocer su decisión a través de una columna publicada este miércoles en medios internacionales como El País de Españana y Libération de Francia, títulada “Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”, donde defendió su inocencia, cuestionó el accionar de la Justicia argentina y aseguró que las presuntas irregularidades en su proceso judicial exceden su situación personal.
Por qué recurrió a la ONU
En su escrito, Fernández de Kirchner explicó que presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos para que el organismo evalúe si durante su juzgamiento se respetaron las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que Argentina ratificó y se comprometió a cumplir.
La expresidenta aclaró que no busca una revisión internacional simplemente porque no está de acuerdo con los fallos judiciales argentinos.
“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales”, afirmó.
Según explicó, el objetivo es que se analice si quienes intervinieron en el proceso respetaron los estándares internacionales en materia de derechos humanos y garantías judiciales.
“La democracia no es solo votar”
Uno de los principales argumentos de la exjefa de Estado es que la democracia no se limita a la realización de elecciones, sino que también depende de instituciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos políticos.
“La democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó el papel que, según su visión, tuvo el Poder Judicial en su caso y advirtió “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió.
La denuncia de una “proscripción”
Fernández de Kirchner afirmó que la condena que le impide ocupar cargos públicos no sólo afecta su situación personal, sino también el derecho de millones de ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
“No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la presidencia de la nación argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos”, señaló.
Para la expresidenta, la inhabilitación perpetua representa una forma moderna de proscripción política.
Según planteó, ya no es necesario prohibir partidos políticos o interrumpir el funcionamiento de las instituciones para excluir a un dirigente de la competencia electoral. A su entender, eso también puede ocurrir mediante decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede y quién no puede presentarse a una elección.
“La proscripción perpetua de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema de justicia constituye una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”, afirmó.
Las críticas al proceso judicial
La exmandataria insistió en que fue sometida a un proceso que estuvo marcado por arbitrariedades y que no respetó plenamente las garantías del debido proceso.
Además, denunció haber enfrentado un contexto de hostilidad durante los años en que avanzaron las causas judiciales en su contra.
En ese punto, también mencionó la existencia de prácticas de “machismo estructural” dentro de algunos sectores del sistema judicial argentino.
Fernández de Kirchner sostuvo que estas cuestiones deben ser analizadas por organismos internacionales porque, según afirmó, afectan derechos fundamentales reconocidos por tratados internacionales.
La referencia al atentado que sufrió en 2022
La expresidenta también recordó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre gatilló un arma a centímetros de su rostro frente a su domicilio en Buenos Aires.
“A ello se suma el atentado que sufrí el 1 de septiembre de 2022, un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”, expresó.
Estrategia internacional
Para esta nueva etapa de su defensa, Fernández de Kirchner anunció la incorporación de dos especialistas internacionales.
Se trata del jurista brasileño Rafael Valim y de Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La expresidenta explicó que ambos aportarán experiencia en litigios internacionales y en la aplicación de estándares globales de protección de derechos humanos.
Hacia el final de su publicación, Fernández de Kirchner rechazó que su reclamo tenga como objetivo conseguir beneficios especiales.
“No busco privilegios ni excepciones”, aseguró.
La exmandataria sostuvo que sólo reclama lo que cualquier ciudadano debería esperar de la Justicia: un proceso imparcial, independiente y respetuoso de las garantías establecidas por el derecho internacional.
Finalmente, ratificó que seguirá defendiendo su inocencia a través de todas las herramientas legales disponibles y afirmó que la discusión sobre las garantías judiciales no afecta únicamente a su persona, sino también a la calidad democrática y al derecho de la sociedad a elegir libremente a sus representantes.
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