La jueza Ana María D’Alessio se excusó del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan por su vínculo con un imputado

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz resolvió aceptar la excusación de la jueza Ana María D’Alessio, quien había sido designada para integrar el cuerpo que llevará adelante el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017. La magistrada se inhibió luego de revelar un vínculo personal con la familia del imputado Capitán de Fragata, Hugo Miguel Correa.

La decisión fue tomada como un “gesto elogiable” por parte del propio Tribunal, que destacó la actitud de la jueza al transparentar un aspecto de su vida privada que, si bien no encuadraba en causales estrictas de recusación, podía generar dudas en un proceso de alta sensibilidad social y política.

La excusación fue apoyada por la querella mayoritaria, encabezada por la abogada Valeria Carreras, en representación de los familiares de los 44 tripulantes. En cambio, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el vínculo no afectaba la imparcialidad ni encuadraba en ninguna causal prevista por el Código Procesal Penal. Finalmente, el Tribunal optó por priorizar los criterios de decoro y delicadeza para preservar la transparencia del proceso.

El juicio oral y público, que comenzará en marzo de 2026 en Río Gallegos, buscará determinar las responsabilidades de cuatro exoficiales de la Armada acusados de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte” de los 44 tripulantes del submarino: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento (máximo cargo operativo en la Armada); el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Para este juicio se requiere que el tribunal esté conformado por cuatro miembros, por lo cual se instrumentaron acciones legales para sumar a un conjuez o conjueza de otra jurisdicción y por sorteo fue designada D´Alessio. E l resto del Tribunal está conformado por el juez del Tribunal, Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.

Un vínculo revelado y una decisión preventiva

La jueza Ana María D’Alessio informó que es madrina de bautismo de una hija del hermano de Correa, imputado en la causa, y que históricamente mantuvo una relación de amistad con esa familia desde su paso por Ushuaia.

Aclaró, no obstante, que no tiene contacto alguno con el imputado y que su intención al presentar la excusación fue evitar cualquier sospecha sobre su imparcialidad en una causa que lleva años de debate público, reclamos de los familiares y discusiones judiciales sobre su competencia territorial.

El Tribunal coincidió con que, aun no existiendo una causal estricta de recusación, el contexto del proceso —de enorme sensibilidad para los familiares de los 44 tripulantes— ameritaba aceptar el apartamiento. La resolución fue elevada a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá designar al cuarto integrante del tribunal que juzgará el caso.

Ana María D’Alessio es jueza del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y es hija de Andrés D’Alessio, integrante del tribunal que en 1985 juzgó a los jefes de las juntas militares por la represión en la última dictadura. Su especialidad es el derecho penal y casos de lesa humanidad.

“Un paso firme hacia la verdad”

La querella mayoritaria celebró la resolución con un comunicado contundente. “Hoy podemos afirmar que ha triunfado la justicia y la transparencia”, expresaron. Señalaron que la decisión representa un mensaje institucional relevante “en un contexto donde algunos magistrados filman ego-documentales y otros responden a poderes políticos amañados”.

Para los familiares, aceptar la excusación de D’Alessio significa avanzar hacia un juicio sin sombras de duda: “Este avance crucial es un paso firme hacia la verdad absoluta y la justicia reparadora para nuestros seres queridos, víctimas de negligencias imperdonables”.

“¡Por los 44, seguiremos luchando hasta el final!”, concluyó el texto firmado por la abogada Valeria Carreras.

Un juicio esperado y una competencia cuestionada

La causa penal por el hundimiento del ARA San Juan llegó al Tribunal Oral Federal de Santa Cruz luego de años de instrucción en la jurisdicción de Caleta Olivia. Sin embargo, desde 2024 y a lo largo de 2025, tanto la querella como algunos de los imputados y sus defensas presentaron distintos planteos de competencia, muchos de los cuales quedaron documentados en los expedientes del caso.

Entre ellos, se destaca el Incidente de Incompetencia por vía declinatoria, presentado por el abogado Luis Tagliapietra —también padre de uno de los tripulantes—, en el que denunció que la investigación se radicó erróneamente en Caleta Olivia mediante un “forum shopping” impulsado por la Armada Argentina.

Los argumentos expuestos señalaban inconsistencias en la determinación del lugar del hecho, dado que la última posición conocida del submarino y el sitio donde finalmente fue hallado se ubican fuera del límite de las 200 millas de competencia territorial del Juzgado Federal de Caleta Olivia.

El expediente también detalla que múltiples decisiones relevantes para la operación del submarino se tomaron en Buenos Aires, donde se ubican las sedes del Estado Mayor General de la Armada, dependencias técnicas, áreas de logística, la Comisión Bicameral del Congreso que investigó el hecho y la mayoría de los testigos y expertos que deberán declarar.

Del otro lado, las defensas de algunos imputados solicitaron que el juicio se trasladara a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, argumentando razones de economía procesal, necesidad de garantizar la inmediación del juicio oral y cercanía con sus domicilios. Otros imputados, en cambio, pidieron mantener la competencia en Santa Cruz para no dilatar aún más un proceso iniciado en 2017.

En este contexto, la excusación de D’Alessio aparece como un movimiento preventivo que busca evitar nuevas controversias que pudieran frenar el avance del juicio.

Transparencia en un proceso marcado por años de reclamos

El Tribunal consideró que aceptar la excusación de la magistrada era lo más adecuado para “resguardar la confianza pública y la imagen de imparcialidad del proceso”, un aspecto crucial en un caso donde la sociedad argentina y los familiares de los 44 tripulantes continúan exigiendo certezas.

Con la decisión ya firme, la Cámara de Casación deberá designar a un nuevo juez o jueza para completar el tribunal.