Patricia Bullrich: “No podemos tener más Jeremías asesinados por menores”

El Gobierno Nacional dio otra señal inequívoca en su decisión política de avanzar en el debate legislativo de la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, actualmente es de 16 años según la Ley 22.278. El proyecto del oficialismo ingresó al Congreso por la Cámara de Dipuitados.

Patricia Bullrich, actual senadora nacional y jefa de bloque de La Libertad Avanza se reunió recientemente con Romina, mamá de Jeremías Monzón adolescente de 15 años asesinado el pasado 18 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe.

Jeremías concurrió a una cita previamente concretada a través de una red social pero fue emboscado por un grupo de menores de edad. La autopsia reveló que recibió 23 puñaladas con dos armas blancas. Los agresores filmaron el ataque, video que posteriormente se difundió en redes sociales.

La Justicia identificó a tres adolescentes como autores materiales. La principal acusada es una adolescente de 16 años, actualmente se encuentra detenida en un instituto de menores. Los otros dos partícipes tienen 14 y 15 años.

Por sus edades, se encuentran en una situación legal distinta, ya que bajo la ley actual son inimputables o no punibles de la misma forma que un adulto, aunque la justicia les atribuyó el hecho. A fines de enero de 2026, la justicia también detuvo a la madre de la adolescente de 16 años. Se la imputó como partícipe criminal.

Este atroz crimen es seguido por el Gobierno Nacional que decidió en un encuentro del gabinete de Javier Milei incluir la Ley Penal Juvenil -baja de la edad de imputabilidad- en las sesiones extraordinarias previstas para este mes. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias», escribió el entonces jefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni en su cuenta de X oportunamente. La reunión contó con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Así fue el adelanto

El ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona visitó los estudios de LU12 AM680 Radio Río Gallegos en el 2024 y en aquella oportunidad defendió la necesidad de avanzar en una reforma integral del régimen penal juvenil, con especial énfasis en la reducción de la edad de imputabilidad.

Precisó que el actual sistema resulta “obsoleto” y que el Estado debe contar con herramientas legales que permitan una respuesta penal acorde a delitos graves cometidos por menores, garantizando al mismo tiempo un abordaje diferenciado y con foco en la reinserción de los jóvenes criminales. Por entonces, se hablaba de una baja en los 13 años.

En este marco, explicó: “Estábamos inclinados por los 14 años, pero ultimamente sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años. Entonces eso nos hizo re pensar lo que conversábamos, inclinándonos por ver que el chico no es solo de 16 años como era la Ley de 1980, estábamos entre 13 y 14 y los informes estadísticos nos llevaban a ese debate”, dijo por entonces.

En el 2025 los bloques aliados a la Libertad Avanza (PRO, UCR, MID) advirtieron que solo acompañarán la medida si la edad se establece en los 14 años, edad que finalmente quedó definida para debatir la nueva ley. Sin estos votos, el oficialismo no alcanzaría el quórum ni la mayoría necesaria en Diputados.

Del lado de las víctimas

Luego de la reunión con la madre de Jeremías que se realizó en el Senado, Patricia Bullrich afirmó en rueda de prensa que trabajarán en conjunto con la familia de la víctima para que la reforma del Régimen Penal Juvenil salga y el caso será tomado como testigo a partir de febrero.

“Fue un acto de alevosía, impunidad, sadismo, de placer por matar algo que nos conmueve como sociedad”, expresó la exministra de Seguridad de la Nación

En este mismo sentido, agregó que vio a Romina “como a cualquier mamá que le torturan y le matan a su hijo y por supuesto que el Gobierno, que ya venía trabajando con la Ley Penal Juvenil, decidió el lunes pasado ponerlo (en consideración del Congreso) para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores, menores matados por menores o menores matados por mayores. Menores que matan y vuelven a su casa como si nada”.

“Se va a trabajar en febrero en Diputados. La legisladora Laura Rodríguez Machado lo impulsó y lo trató durante el año pasado, pero se complicó en el Congreso“, recordó y lamentó que “ley penal no es retroactiva y no va a caber, pero ya estuvimos hablando con abogados y la fiscal general de la provincia de Santa Fe para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”.

“Hubo muchos casos en los que intentamos y no por los casos ni por la convicción, hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. Este Gobierno ha tomado la decisión de enviar el proyecto y de trabajarlo y de impulsarlo. Ahora vinimos por todo para tratarlo y va a ser ley en el corto plazo. Sé que esto no le va a traer la justicia que necesitaría Jere, pero va a dejar un legado que va a interpelar a todo el país para educar mejor a los chicos, ara que actuemos antes. Tenemos que trabajar para que no haya chicos asesinos ni violentos”, planteó.

La decisión política de bajar la edad de imputabilidad generó polémicas en Argentina. Mientras el Gobierno marcha a paso firme a debatir la iniciativa en el Congreso, organizaciones de derechos humanos, como el CELS y UNICEF, junto con sectores de la oposición y la Iglesia, plantean fuertes reparos.

Un punto central es el principio de no regresividad. Sostienen que bajar la edad de imputabilidad viola tratados internacionales con jerarquía constitucional, los cuales prohíben retroceder en los derechos ya adquiridos por niños y adolescentes.

Existe una polémica persistente sobre la infraestructura. Los críticos denuncian que los institutos de menores actuales suelen replicar las deficiencias de las cárceles de adultos, fallando en el objetivo de la resocialización.

Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue uno de los actores políticos que sentó postura en el debate por la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. Lo hizo al referirse al crimen de Jeremías Monzón. Su declaración central fue: “Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor“.

Pullaro utilizó este caso para ratificar su postura sobre la baja de la edad de imputabilidad. Sostuvo que no es posible ni real afirmar que un adolescente de 14 años —la edad de dos de los implicados en el crimen de Jeremías— no comprenda la gravedad de sus actos al cometer un homicidio.

Debate

El mandatario provincial afirmó que el debate no debe centrarse únicamente en la edad biológica, sino en la naturaleza del delito cometido. Argumentó que hechos de esta violencia, planificados y ejecutados con alevosía, demuestran plena consciencia criminal.

También aprovechó la ocasión para criticar lo que denominó “garantismo“. Señaló que esa ideología, defendida durante años por sectores políticos, le hizo “mucho daño a la República Argentina” al victimizar a los delincuentes en lugar de priorizar a las víctimas.

Estas declaraciones se dieron en el marco de su respaldo al proyecto de Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno Nacional. Pullaro recordó que mantiene esta posición desde su gestión como ministro de Seguridad, citando antecedentes previos como el caso de Juan Cruz Ibáñez.