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La situación institucional del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) sigue sin resolución en el plano judicial y suma nuevos focos de conflicto. A la espera de una definición de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en torno a los planteos vinculados a la disputa electoral interna, distintos espacios del gremio alertan sobre el peligro de convalidar determinaciones sin sustento legal y exigen comicios libres y democráticos.
Con ese telón de fondo, y luego del vencimiento de los mandatos nacionales ocurrido el 28 de diciembre, se multiplican las presentaciones ante la Justicia que cuestionan tanto una eventual prórroga de autoridades como el alcance de las cautelares dispuestas hasta ahora.
Dentro del expediente que tramita ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el secretario de la Seccional Corrientes del SOMU, Gonzalo Ricardo Soto, requirió el dictado inmediato de una medida cautelar de no innovar, con el objetivo de frenar cualquier intento de prolongar mandatos nacionales sin respaldo en el estatuto.
El planteo afirma que las funciones del Secretariado Nacional finalizaron de manera indefectible el 28 de diciembre de 2025 y señala que, sin una intervención judicial urgente, existe un riesgo “real, concreto e inmediato” de consolidación de autoridades ilegítimas a través de hechos consumados o resoluciones administrativas contrarias a la normativa sindical.
Entre los argumentos centrales, se destaca que la controversia electoral se limita únicamente al Secretariado Nacional y no resulta extensible a los procesos provinciales, seccionales y de secciones, los cuales —según se expone— se realizaron en tiempo y forma entre el 1 y el 5 de diciembre en distintas jurisdicciones del país.
En la misma línea, el escrito subraya que la cautelar que suspendió el proceso electoral se notificó cuando las elecciones ya se encontraban en marcha, motivo por el cual no podría producir efectos retroactivos ni invalidar actos jurídicos ya consumados. Para sostener esa posición, se cita doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema en relación con la intangibilidad de situaciones jurídicas consolidadas.
Frente a un escenario de acefalía del Secretariado Nacional por la expiración de los mandatos sin autoridades válidamente electas, el estatuto del SOMU no prevé extensiones automáticas ni prórrogas dispuestas por vía judicial.
En cambio, la normativa interna establece una alternativa institucional diferente: el reconocimiento de las conducciones provinciales, seccionales y de secciones ya elegidas; la conformación del Consejo Directivo Nacional con esos representantes; y la convocatoria al Congreso General de Delegados para constituir una conducción provisoria de carácter colegiado.
Ese mecanismo transitorio apunta a asegurar el funcionamiento del sindicato y, en paralelo, impulsar nuevas elecciones limitadas al Secretariado Nacional, con competencia efectiva y participación plural de listas, sin interferir en los comicios provinciales ya concretados.
Otro aspecto del planteo pone el foco en la falta de respuesta judicial. De acuerdo con lo detallado, presentaciones anteriores vinculadas a estos reclamos todavía no recibieron tratamiento, pese a la cercanía del vencimiento de los mandatos y a la gravedad institucional del cuadro. Esa demora —se advierte— podría vaciar de contenido cualquier resolución posterior y tornar ilusoria la tutela judicial efectiva.
Bajo ese marco, se pidió que toda medida cautelar quede estrictamente circunscripta al ámbito nacional del sindicato y que se apliquen las soluciones previstas en el estatuto frente a una eventual acefalía, evitando extensiones judiciales de mandatos que no figuran expresamente en la normativa del SOMU.
Dictamen de la Fiscalía General
La Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un dictamen que reconstruyó el estado del expediente, los antecedentes del proceso electoral y las presentaciones formuladas por las distintas partes.
En relación con el pedido de extensión de mandatos, el Ministerio Público Fiscal indicó que el examen de esa cuestión se vincula de manera directa con los alcances y efectos de la medida cautelar que suspendió los comicios, y precisó que corresponde al propio tribunal delimitar el impacto de sus resoluciones.
El pronunciamiento recordó que, en antecedentes jurisprudenciales, la Fiscalía consideró viable la posibilidad de prolongar mandatos cuando un proceso electoral queda suspendido por decisión judicial. No obstante, evitó fijar una postura específica sobre la situación del SOMU y dejó la determinación final en manos de la Sala interviniente.
Con el conflicto aún sin definición, la incertidumbre también se proyecta sobre el plano gremial. Para este martes 30 de diciembre, marineros autoconvocados anunciaron una reunión en el puerto de Mar del Plata, en las terminales 2 y 3, desde las 10 de la mañana.
Con los mandatos vencidos y sin un fallo definitivo, la controversia en el SOMU permanece abierta y marcada por dos posturas enfrentadas: de un lado, quienes plantean una prórroga excepcional para asegurar la continuidad administrativa; del otro, quienes exigen la aplicación estricta del estatuto y la convocatoria a nuevas elecciones nacionales como única salida legítima.
En el plano operativo, algunos sectores deslizaron la posibilidad de un conflicto de mayor magnitud si la situación no encuentra resolución. A propósito, en el inicio anticipado de una nueva temporada de pesca de calamar, más de 43 buques poteros zarparon hasta anoche con destino al sur del paralelo 49°S.
A decir verdad, no resulta claro si esa dinámica responde al impacto potencial de la acefalía y sus consecuencias inmediatas, o bien al precio y a la demanda internacional del calamar, que muestran una tendencia alcista de fondo en ambos segmentos.
Mientras tanto, “la falta de resolución judicial profundiza la incertidumbre institucional y gremial, y comienza a expresarse en los puertos, donde los trabajadores reclaman previsibilidad, reglas claras, cobertura de salud y un proceso electoral plenamente democrático; sobre todo una representatividad que exprese la voluntad de todos los trabajadores”, se advirtió en redes sociales.
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