Ana Ianni repudió “el acto de censura previa” a los periodistas

En las últimas horas el Gobierno decidió denunciar ante la Justicia Federal una operación de inteligencia con el fin de desestabilizar al Poder Ejecutivo antes de las elecciones. Fue después que se difundiera una serie de audios en donde se expuso una supuesta maniobra para obtener presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Sin embargo, el viernes pasado también se conocieron otras escuchas, pero que en este caso eran de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, supuestamente realizadas en la Casa Rosada.

Tras esto, el gobierno consiguió una medida cautelar otorgada por el juez Civil y Comercial, Alejandro Maraniello, quien falló a favor de la hermana del Presidente para que no se difundan los audios que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada.

La medida generó un amplio repudio de la oposición y entidades periodísticas. En ese marco, la diputada nacional Ana Ianni (Unión por la Patria) se refirió al hecho. “Repudio el acto de censura previa que significa la prohibición, a un periodista o a un medio, de pasar cualquier material periodístico”, afirmó.

En ese marco, compartió un comunicado de diputados de diferentes bloques pidiendo la convocatoria de la comisión de Libertad de Expresión.

En el Senado

Por su parte, este mismo martes, en conferencia de prensa realizada en el Anexo del Senado de la Nación, la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Carolina Moisés (UP), aseguró que lo ocurrido es “un ataque a la libertad de prensa”. “Nunca en los años de democracia que vivimos se ha llegado a pasar un límite como éste”, aseguró y continuó: “Como senadores debemos tutelar la Constitución Nacional, por eso expresamos que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es anticonstitucional”.

La jujeña expresó la “solidaridad” con los periodistas denunciados y todos los demás, ante “una temperatura que fue subiendo, a partir de un Gobierno que empezó a atacar con calificativos específicos y siguió avanzando con el discurso de odio” contra la prensa. También, acusó al oficialismo de “usar la amenaza, la extorsión y generar miedo”.

Moisés resaltó que “este es un Gobierno que está acostumbrado a generar cortinas de humo para tapar problemas más graves” con “un presidente que cree que puede hacer lo quiera” y “cuando la realidad lo frena, cuando la Constitución le pone un límite, reacciona violentamente”.

A su turno, el senador Pablo Blanco (UCR) ratificó la defensa “de una libertad clara que está establecida en la Constitución y las leyes vigentes” y “bajo ningún punto de vista podemos permitir este tipo de atropello que está llevando adelante el Poder Ejecutivo; y desde hace tiempo con calificativos a todo aquel que piensa de manera distinta, pero lo sucedido traspasa la barrera”.

“No se pueden permitir este tipo de actitudes ni por parte del Poder Ejecutivo ni del Judicial, a través de este juez que parece que no ha leído la Constitución”, enfatizó y cargó contra el magistrado Alejandro Maraniello: “Vaya a saber por qué motivo; seguramente por las causas que tiene en el Consejo de la Magistratura ha tomado esta decisión violatoria de nuestra Constitución”.

Por su parte, el senador Martín Lousteau (UCR) insistió que “la libertad de prensa y la seguridad de las fuentes está contemplado por nuestra Constitución”. “Si cuando se publica algo que no le gusta al Gobierno, el Gobierno puede proceder a allanar el domicilio de un periodista o sus lugares de trabajo, piensen si sentirían que tienen libertad de prensa”, expresó ante la prensa presente en la conferencia y, en esa línea, agregó: “Estaríamos dando un paso muy problemático para la democracia”.

“La ministra de Seguridad tendría que abocarse en todo caso a que no graben a los funcionarios en la Casa Rosada”, lanzó el porteño contra Bullrich. Más adelante, opinó que este “es el Gobierno más verborrágico de la historia, pero hace 10 días no dice nada de las denuncias de corrupción ni tampoco de los crímenes del fentanilo”.

Más adelante, recordó que mediante el decreto 383/25, se facultó a la Policía Federal “la capacidad de hacer inteligencia y además se autoexime del control de la Bicameral de Inteligencia”, la cual él preside. “Ese decreto es inconstitucional y va en contra de la Ley 25.520”, aseveró y completó: “Lo que tiene que hacer el Gobierno si detectó una red de espionaje ilegal es desenmascararla, lo que no puede hacer es atacar libertades de la Constitución, actuar contra la ley”.