Avanza en Diputados la incorporación de “tierras raras” al Código de Minería

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación dio un paso decisivo al firmar el dictamen de mayoría para modificar el Artículo 3° del Código de Minería e incorporar formalmente a las denominadas “tierras raras”. La medida se alcanzó tras unificar las iniciativas presentadas por los diputados Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y Jorge Rizzotti (Provincias Unidas), logrando un consenso mayoritario de 19 firmas sobre 30 presentes. La iniciativa busca adaptar la legislación argentina a las exigencias tecnológicas de la industria global y sentar las bases jurídicas para la explotación económica de estos recursos en el país.

El proyecto impulsado en la Cámara Baja define con precisión técnica a este conjunto de minerales, abarcando a los 15 elementos del grupo de los lantánidos —entre ellos lantano, cerio, praseodimio, neodimio, disprosio y lutecio— e incluyendo al escandio y al itrio, que suelen hallarse asociados.

Cambio normativo

La modificación planteada por los legisladores representa un giro sustancial en el tratamiento legal de este grupo de elementos. Al declararlas como minas de primera categoría, las tierras raras salen del ámbito estrictamente privado para pasar a la faz del orden público y ser consideradas de interés nacional.

Sobre esta modificación, el diputado Guillermo Snopek, de Unión por la Patria, expresó que “poner a las Tierras Raras como mina de primera categoría significa que se la saca del ámbito particular para ponerla en la faz del orden público, y eso hace que sea de interés nacional”.

En la misma línea, desde el mismo bloque, la diputada Adriana Serquis señaló que “el objetivo de fondo tiene que ver con el desarrollo nacional, productivo y la posibilidad de que esta recategorización le permita al país poder hacer uso económico, también, de estos valores”. Asimismo, la legisladora recalcó que “nos parece fundamental que en el dictamen podamos incluir la nacionalización, porque es soberanía no solo sobre nuestros territorios, sino también referidos a los materiales que vamos a extraer de la tierra y lo que significa la cadena de valor posterior para su uso y aplicación, y que pueda darnos un mayor valor económico a la hora de pensar que esta ley va a influir en un desarrollo del país”.

Esta recategorización busca dotar a la actividad de un marco de certidumbre legal para atraer inversiones a gran escala. Según se destacó en el debate parlamentario, la Argentina posee un potencial geológico excepcional que ha permanecido inexplorado por la falta de incentivos apropiados y reglas previsibles. Transformar esa riqueza latente en un desarrollo productivo real permitirá al país hacer un uso económico directo de estos materiales, fundamentales para la seguridad energética, la defensa y las tecnologías de alta precisión a nivel global.

Durante la comisión también expuso Juan Biset, miembro fundador del Grupo de Trabajo de Asuntos Mineros del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), quien analizó la “ventana de oportunidad para el país”. Biset remarcó que “el sector minero argentino hoy tiene un potencial geológico gigantesco, donde mucho de ese potencial aún no es conocido”.

A su vez, detalló las condiciones necesarias para la actividad: “La minería ocurre, y sólo ocurre, en el mundo en la intersección de tres conceptos que, si una de las tres patas no se da, no hay minería: la geología, que Argentina la tiene; la aceptación social pública, que crecientemente la tenemos cada vez más; y las reglas, que es la tarea que ustedes, los legisladores, están convocados, como reglas previsibles, claras y que no cambien de un momento a otro”. Para finalizar, dejó una reflexión dirigida a la Cámara: “Desde un punto de vista legislativo, si yo introduzco legislación que sube los costos estoy apagando áreas mineras. En cambio, si introduzco legislación que baja los costos, estoy generando minería. No son los geólogos, son ustedes los que hacen minería”.

Asimismo, el debate legislativo subrayó la importancia de la soberanía sobre los materiales extraídos para fomentar el agregado de valor en los procesos industriales posteriores, garantizando un mayor impacto económico en la cadena de desarrollo nacional.

Santa Cruz 

La discusión normativa se da en un contexto de hallazgos concretos en la provincia de Santa Cruz. En marzo pasado, durante la presentación de Santa Cruz en la PDAC, la feria minera internacional realizada en Toronto, Canadá, el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, destacó la identificación de tierras raras en el territorio provincial, con especial foco en la región del Macizo del Deseado.

En el marco de la apertura de la provincia a la llegada de capitales internacionales para el desarrollo minero, la jurisdicción suma a las tierras raras un importante potencial en otros minerales estratégicos. Según los registros técnicos dados a conocer por Álvarez en aquella oportunidad, Santa Cruz ya cuenta con 10.000 toneladas de uranio identificadas y más de 50.000 toneladas de vanadio.

De esta manera, el avance de un marco regulatorio moderno a nivel nacional se alinea con la disponibilidad de recursos probados en el suelo santacruceño, posicionando a la región como un polo clave para la captación de inversiones e inserción en los mercados tecnológicos del siglo XXI.