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En el año 2017 el exfiscal de Rosario, Fernando Martín Rodrigo, fue acusado de engañar a jueces para “pinchar” los teléfonos de su exnovia, suegros, hermanos y amigas. El procesa lleva ya varios años. En su momento, la fiscal Natalia Benvenuto pidió 5 años de prisión en la audiencia preliminar y ahora Rodrigo se enfrentó a la Justicia en un juicio abreviado.
Lo llamativo del caso es que Fernando Rodrigo era en ese momento uno de los tres ternados para ocupar el cargo en la Fiscalía Federal de Río Gallegos. Eso ocurrió en paralelo mientras avanzaba la denuncia en su contra. Rodrigo fue por entonces imputado por los delitos de peculado de trabajos y servicios públicos en concurso ideal con falsedad ideológica y uso de instrumento público agravado por su calidad de funcionario público.
La novedad fue que el exfiscal provincial Fernando Martín Rodrigo fue esta semana condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.


Según el diario Página 12, en una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, el juez Gonzalo Fernández Bussy homologó el juicio abreviado que había sido acordado entre la defensa y la fiscal Natalia Benvenuto.
La acusación fue por “haber confeccionado cinco solicitudes de interceptación de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto, a través de archivos de texto que imprimió y en los que estampó su firma y sello, respecto de doce números telefónicos“. Para ello, argumentó que las solicitudes serían útiles para diferentes investigaciones que llevaba, “siendo esto falso“.
Al momento de ser acusado, Rodrigo se desempeñaba como jefe de una de las unidades fiscales de Investigación y Juicio, e intervenía en robo de vehículos que, posteriormente, eran desguazados en desarmaderos. En ese marco, presentó listas de líneas telefónicas para ser intervenidas, ya que, según él, habían sido apuntadas en informes de inteligencia de la Policía de Investigaciones sobre personas sospechadas de esos delitos.
También recordó que, de acuerdo a la evidencia exhibida por la fiscal Natalia Benvenuto, el ex funcionario judicial pidió entre el 25 de junio de 2017 y el 11 de agosto de ese año “cinco interceptaciones de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto respecto de doce números telefónicos”, que fueron otorgadas por jueces que habían interpretado que se trataba de personas involucradas en las investigaciones.
Rodrigo, según la acusación, llegó a obtener de esa forma 183 CD’s con intervenciones telefónicas de su expareja, sus padres, hermanos y amigas. Incluso se mencionó en la imputación que iba a retirar personalmente los materiales a la sede local de la Dirección Nacional de Captación de Escuchas.
La causa cobró impulso el 7 de agosto de 2017, cuando un empleado de Rodrigo detectó que uno de los teléfonos que tenían en la investigación por los desarmaderos de autos era de una compañera de trabajo y denunció a su superior. Eso le valió tener custodia policial por temor a represalias.
Ahora, Rodrigo no sólo no podrá ser fiscal en Río Gallegos sino en ningún lugar del país debido a la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
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