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El histórico juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan continuó este viernes en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz con la declaración del capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, el último de los cuatro imputados en brindar su versión de los hechos ante los jueces. Con la cobertura especial de La Opinión Austral, La audiencia se desarrolla en Río Gallegos, ciudad donde desde el pasado 3 de marzo se lleva adelante el proceso judicial que busca determinar responsabilidades por la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur.
Correa llegó a esta instancia acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Según la imputación fiscal, sus decisiones y omisiones dentro de la estructura operativa de la Armada habrían contribuido a elevar el riesgo que terminó con la pérdida del submarino y la muerte de los 44 marinos.
El tribunal está presidido por el juez Mario Gabriel Reynaldi y lo integran además Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla y María Andrea Garmendia Orueta.
El capitán de fragata retirado Hugo Correa se desempeñaba en 2017 como jefe del Departamento de Operaciones, jefe de División Operaciones, jefe de Cargo de Navegación, jefe de Comunicaciones y responsable de la Central de Comunicaciones de Submarinos (CENCOMSUB) dentro del Comando de la Fuerza de Submarinos.
De acuerdo con la acusación fiscal, en ese rol tenía responsabilidades directas en la planificación operativa y en el sistema de comunicaciones entre el submarino y el comando en tierra. En el inicio de su declaración ante el tribunal este viernes, Correa se refirió a un problema técnico en el sistema de comunicaciones utilizado por la fuerza durante la última navegación del ARA San Juan.
Según explicó, se produjo un corte en el servicio de internet que afectaba al sistema ubicado físicamente en el Edificio Libertad y dependiente de la Dirección de Comunicaciones Informáticas. “El corte sabemos que es una falta de servicio de internet que se produjo en el ARC, que físicamente está ubicado en el Edificio Libertad”, señaló.
El imputado indicó que la interrupción no afectó únicamente a ese sistema, sino también a otro servidor utilizado por la Armada. Frente a esa situación, desde el Centro de Integración de Apoyo Conjunto (CIAJ) se sugirió migrar temporalmente a otro sistema que permanecía operativo. “Nos sugirieron que pasemos al único que quedaba en servicio”, explicó.
Correa detalló que para concretar ese cambio fue necesario actualizar direcciones IP y reconfigurar terminales del sistema de comunicaciones. Según afirmó, el proceso se realizó con asistencia técnica y las instrucciones fueron transmitidas tanto al comando de la fuerza como al submarino.
Indicó que las órdenes para realizar esa actualización quedaron firmadas el 15 de noviembre, alrededor de las 13:30 del día siguiente, con el objetivo de ser enviadas al ARA San Juan en el siguiente turno de comunicaciones. “El sistema era un método redundante y que estaba a prueba. No está determinado como método principal en el plan”, explicó.
Controversías
Como dato curioso, durante la exposición de Correa hubo una controversia debido a una moción presentada por el abogado defensor de Claudio Villamide, por la presencia de una persona con un cartel y una remera que clamaba justicia por el fallecimiento de un héroe del ARA San Juan. Para el defensor, la presencia de esa señalética, podría sesgar el testimonio de los testigos que llegarían en las próximas audiencias. La moción fue retirada momentos después cuando se dio intervención a las partes.
En el mismo sentido, la presencia de un auditor de la Armada llamó la atención de los presentes. Cuando se presentó la moción, Reynaldi expresó que el juicio era oral y público y no podría evitar que alguien entre al recinto aunque podría consultarle a los testigos si la presencia de ese auditor podría afectarlos y darles la chance que esa persona se retire al momento de su testimonio.
La defensa
Durante su exposición, Correa también respondió a una de las principales imputaciones formuladas por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia: la supuesta responsabilidad en la elaboración de la orden de operaciones que incluía la participación del ARA San Juan. “Lo primero que tengo que decir es que eso es falso, eso no es así”, afirmó ante el tribunal.
El exoficial explicó que la elaboración de una orden de operaciones no depende de una sola persona sino de un proceso previo de planificación en el que intervienen varios niveles de la estructura naval.
Detalló que antes de redactar la orden se realizan reuniones entre los comandantes de submarinos, el comandante de la Fuerza de Submarinos, el comandante de componente y el Comando de Operaciones Navales.
A partir de esas definiciones, señaló, su tarea consistía en coordinar con los jefes de operaciones de otras áreas para redactar formalmente la orden de operaciones. “Yo me pongo en contacto con el jefe de operaciones del submarino y con el jefe de operaciones de flota. Son coordinaciones horizontales”, indicó.
El imputado también explicó que algunas modificaciones en la misión surgieron de sugerencias realizadas por el propio comandante del ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, tras una patrulla realizada en julio de ese mismo año.
“Era mucho más fácil y menos peligroso acercarse a un buque logístico que está con velocidad cero esperando que se le acerque un pesquero“, explicó. El objetivo, según indicó, era registrar posibles operaciones de transferencia de carga entre embarcaciones que permitieran documentar la actividad pesquera en esa zona.
Además, el comandante del submarino sugirió modificar el área de patrullaje para adaptarla al recorrido habitual de los pesqueros, ampliar el intervalo de los reportes de comunicación de 36 a 48 horas y extender los turnos de difusión de comunicaciones de 30 a 60 minutos.
Según Correa, esos cambios buscaban darle mayor libertad operativa al submarino y evitar que tuviera que permanecer en superficie con demasiada frecuencia para transmitir información. En otro tramo de su declaración, el acusado cuestionó el alcance de las imputaciones que se le formularon en la investigación judicial.
Sostuvo que, en su carácter de jefe de operaciones dentro del Estado Mayor, no formaba parte de la cadena de mando que tomaba decisiones directas sobre la navegación del submarino. “Yo, como jefe de operaciones y componiendo el Estado Mayor, no estoy en la línea de comando. Soy un órgano asesor”, afirmó.
También rechazó otro de los cuestionamientos vinculados a su participación en la elaboración del Plan ACOV, el plan anual del Comando de la Fuerza de Submarinos. Según explicó, ese documento funciona como una planificación general de actividades para todo el año y no refleja el estado operativo de cada unidad. “No es cierto que leyendo el Plan ACOV uno tenga el control del estado de alistamiento”, sostuvo.
En el tramo final de esta parte de su declaración, Correa también respondió a la acusación que sostiene que debió haber intervenido para evitar la zarpada del submarino.
“Yo no entiendo cómo dicen que yo tendría que haber intervenido en evitar la zarpada del submarino pasando por encima de mi jefe de Estado Mayor, del comandante de la fuerza e incluso del capitán Fernández”, afirmó.
Tras las indagatorias, el debate pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 23 de marzo cuando comiencen los testigos y peritos que trabajaron en el caso.
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