Denuncian que el Puerto de Montevideo es un colador para la pesca ilegal que captura recursos argentinos 

La Auditoría Interna de la Nación de Uruguay ratificó los reclamos que aseguran que Montevideo sería un colador para la pesca ilegal y el crimen organizado que captura recursos argentinos.

Según señala Cedar Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca y Ex Secretario de Estado, más de 700 buques extranjeros que operan en el Puerto de Montevideo capturan ilegalmente recursos pesqueros argentinos en Malvinas y, los migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en alta mar y viceversa.

De este modo, Uruguay estaría violando las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014. Lo que ocurre en el citado puerto viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), las normas de la FAO relativas a la pesca ilegal (INDNR) y los artículos 74º, 80º y 82º del Tratado del Río de la Plata.

Según se indica, el Puerto de Montevideo funciona como sitio donde se recambia el combustible; se reemplazan tripulantes; se transbordan capturas; se arma y repone alimentos e insumos; etc. de buques que pescan ilegalmente. Operaciones que representarían a Uruguay un ingreso de 300 millones dólares anuales, aunque violando todas las normativas.

Aunque el pasado 29 marzo de 2023, Jaime Coronel, el director del Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) manifestó que “el puerto de Montevideo es seguro y no se desembarca pesca ilegal, porque se revisan las bodegas y se hacen seguimientos satelitales”; la auditoría oficial demuestra lo contrario.

Según el informe, la pesca ilegal le extrae a Latinoamérica y al Caribe recursos pesqueros del orden de los 12 mil millones de dólares anuales, empobreciendo a sus pueblos, quitando empleos y competitividad a las empresas.

A este respecto, la Auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay realizada en junio de 2023 a la DINARA es terminante y, de sus conclusiones, surge que en el Puerto de Montevideo no hay control de la Pesca Ilegal y estar fuera de control otras irregularidades.

Por su parte, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay remarcó que el informe de la auditoria “demuestra el grave problema de funcionamiento que presenta la DINARA, como resultado de un desmantelamiento que impacta negativamente en la gestión, generación de información, investigación y control de los recursos pesqueros, así como el control higiénico-sanitario e inocuidad de los productos de la pesca” .

Entre los puntos a destacar, la conclusión de la Auditoría de la Nación refiere a que “el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca comercial industrial presentó debilidades de control interno, que no permiten asegurar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente, la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad e integridad de la información y la protección de los recursos hidrobiológicos”. Y señala que esto se debe a la “ausencia en la actividad de control y seguimiento, a fin de garantizar que los permisionarios no se aparten de las autorizaciones otorgadas, en referencia a la cantidad, tipo de pesca, en el estado y uso de los recursos”.

Según señala Lerena, estas irregularidades podrían ser suficiente motivo para que los mercados internacionales descarten al Puerto de Montevideo como estación de carga y, descarga de productos pesqueros. Situación, que debería llevar a la Cancillería Uruguaya, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Comisión del Tratado del Río de la Plata a efectuar urgentes y profundas correcciones, por cuanto la categorización de evidencias “extremas” por parte de la Auditoría están indicando que “las debilidades detectadas son muy significativas” y pueden poner en riesgo recursos pesqueros originarios de ambos países, tanto en la Zona Común de Pesca, en la ZEE y, alta mar, como los argentinos en Malvinas; cuya soberanía Argentina el Uruguay ha reconocido expresamente.

Asimismo, se señala que según se dice en los ambientes portuarios, el 80% de la flota merlucera de altura se habría vendido a empresas rusas en aparente violación del art. 36º de la Ley de Pesca y que, a su vez, se habrían sustituido embarcaciones, lo cual de confirmarse sería otra demostración elocuente del descontrol, violación de la ley y consecuente pesca ilegal.