Este miércoles vence el plazo de cinco días que el gobierno otorgó a empresas petroleras y generadoras de energía para que informen si aceptan la oferta de renegociación de la deuda millonaria que acumula el Estado con el sector. La propuesta, que incluye quitas de hasta el 70% para las petroleras y del 50% para las generadoras, ha generado malestar entre las empresas, que podrían rechazarla en bloque.

La deuda del Estado con el sector energético asciende a más de US$ 2.000 millones y se corresponde con el pago atrasado de los costos de producción de electricidad y gas natural durante el primer cuatrimestre del año. El gobierno, en un intento por evitar un default, ha propuesto una reestructuración de la deuda que implica importantes quitas para las empresas.

Entre las empresas que aceptaron se encuentran YPF e YPF Luz. También aceptaron Pan American Energy (PAE) y Pluspetrol. Por otro lado, aún no suscribieron al acuerdo empresas coma Pampa Energía, Tecpetrol, CGC, Central Puerto y MSU Energy, entre otras.

Las empresas del sector energético han expresado su rechazo a la propuesta del gobierno, argumentando que las quitas son demasiado altas y que no se les ha dado suficiente tiempo para analizarlas. Además, temen que aceptar la propuesta siente un precedente negativo para futuras negociaciones con el Estado.

Ayer, los máximos directivos de empresas productoras de gas y generadoras eléctricas se reunieron para intentar fijar una posición común frente a la oferta del gobierno. Según informó el portal especializado EconoJournal, la mayoría de las empresas, entre las que se encuentras firmas multinacionales como TotalEnergies, Wintershall Dea y la norteamericana AES, no están dispuestas a aceptar los términos propuestos.

 

La oferta del Gobierno a las energéticas

La oferta diseñada por Economía prevé, para el caso de las generadoras, que los privados que presten conformidad reciban un bono en dólares AE38 (que cotiza un 50% bajo la par) por la deuda de Cammesa correspondiente a las transacciones de diciembre y enero (pagadera en febrero y marzo respectivamente), mientras que la deuda referida a la transacción de febrero (que se liquida en abril) se pagarán en pesos con fondos que ya están depositados en la cuenta de compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

En este marco, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) rechazó la propuesta y consideró “inaceptable” que pagos pendientes se condicionen a aceptar esta propuesta. “Le informamos que nuestros asociados nos han manifestado su rechazo a la modalidad de pago dispuesta“, señaló la nota que la entidad le envío al ministro de Economía, Luis Caputo, para comunicar la posición del sector.

Para el caso de la deuda que acumuló el Estado por no pagar el Plan Gas, la quita (haircut) es mayor porque implica que las petroleras acepten el bono AE38 por las deudas de todo el trimestre (diciembre-enero-febrero).

Días atrás, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) expresó a través de un comunicado que la propuesta afecta “su derecho constitucional de propiedad” al modificar las condiciones acordadas en el marco del último Plan Gas, establecido en 2020 y modificado en 2022, que fija un precio base para el gas producido en el país.

¿Qué pasará si las empresas rechazan la oferta?

Si las empresas rechazan la oferta del gobierno, el Estado podría verse obligado a declarar un default, lo que tendría graves consecuencias para el sector energético y para la economía argentina en general.

El futuro de la deuda energética argentina es incierto. El gobierno espera que algunas empresas firmen la propuesta oficial a lo largo del día de hoy, pero no está claro si logrará convencer a la mayoría. Si las empresas rechazan la oferta, el gobierno tendrá que buscar una nueva solución para evitar un default.

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