Docentes universitarios impulsan un amparo para frenar la suspensión del financiamiento público

Los gremios docentes universitarios de Argentina iniciaron un paro nacional de actividades que se extenderá desde el 1 al 6 de diciembre, advirtiendo sobre una “situación crítica” y un “desfinanciamiento histórico” del sistema.

La protesta tiene como objetivo principal reclamar al Gobierno Nacional la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial, con la amenaza de no iniciar el ciclo lectivo 2026 si no hay soluciones.

Amparo contra el Decreto 759/2025

En paralelo a la medida de fuerza, el reclamo escaló al ámbito judicial. Las federaciones docentes universitarias están impulsando la presentación de una medida cautelar de no innovar.

El pedido judicial busca específicamente que “se disponga que el Estado Nacional se abstenga de aplicar o ejecutar la suspensión dispuesta por el Decreto 759/2025 respecto del primer y cuarto párrafo del artículo 5° de la Ley 27.795″.

La Ley 27.795, vinculada al financiamiento universitario, es considerada clave por los gremios para garantizar la continuidad de las actividades académicas y de investigación. La ofensiva legal busca desarticular la aplicación del decreto que ataca directamente puntos centrales de esa normativa.

Presupuesto congelado 

La crisis de las universidades es calificada como la más severa de las últimas décadas, con un presupuesto que representa el nivel más bajo desde 2005, situándose en el 0,5% del PBI. La ejecución presupuestaria universitaria para 2024 fue la más baja de la que se tiene registro.

Los principales puntos de conflicto, que motivan la protesta y las acciones judiciales, son:

Desfinanciamiento Presupuestario: La diferencia acumulada entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento asciende al 134% desde enero de 2024. La inversión por estudiante es la más baja desde 2005.

Atraso salarial: Los gremios denuncian que los salarios están “congelados por debajo de la línea de pobreza”. Se mantiene una deuda del 40,25% correspondiente a la actualización salarial acumulada hasta julio, y critican que los incrementos otorgados sin negociación paritaria “profundizan la pérdida del poder adquisitivo”.

Además del reclamo salarial y presupuestario, la protesta incluye un llamado a luchar contra el proyecto de ley de flexibilización laboral y las reformas jubilatoria y tributaria que impulsa el Gobierno.