Ecocidio en el Código Penal: Alerta por proyecto de Ley que pone en riesgo la seguridad jurídica y el estado de derecho

La propuesta impulsada por la senadora Edith Terenzi obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado y plantea penas de hasta 25 años de prisión, sanciones corporativas e inhabilitación perpetua a funcionarios. Respaldada por un fallo histórico en la Patagonia y más de 48.000 firmas, la iniciativa despierta un cerrado rechazo en entidades del agro, la minería y los hidrocarburos por la falta de precisión técnica en la tipificación de los delitos.

La figura del ecocidio dio un paso clave en el Congreso de la Nación al obtener dictamen favorable en un plenario de comisiones del Senado. Impulsado por la senadora Edith Terenzi, el proyecto busca incorporar el Título XIV al Código Penal, denominado “Delitos contra el ambiente”, con el objetivo de tipificar de manera autónoma aquellas conductas que, por su gravedad, extensión territorial o irreversibilidad, excedan la órbita de las sanciones administrativas o la responsabilidad civil.

La iniciativa tomó impulso a partir de hechos de fuerte impacto público, entre los que destaca el fallo histórico por la matanza de pingüinos en Punta Tombo y los recurrentes incendios forestales en la cordillera patagónica. Acompañada por más de 48.000 firmas ciudadanas, la propuesta diferencia las contravenciones menores de los delitos de gran magnitud, estableciendo escalas penales severas para los responsables.

Penas y culpabilidad

Entre las penas contempladas, el texto fija hasta 25 años de prisión para aquellos casos en los que el daño ambiental devenga en la muerte de personas. Asimismo, penaliza las figuras culposas derivadas de la imprudencia, negligencia o la inobservancia de deberes, un aspecto que genera especial atención en las actividades operativas e industriales.

Un pilar central de la reforma es la extensión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas. De convertirse en ley, las empresas involucradas en delitos ambientales enfrentarán multas económicas, la suspensión de actividades por hasta 10 años, la prohibición para contratar con el Estado y la publicación obligatoria de la sentencia condenatoria.

Sanciones

A su vez, el proyecto agrava la escala penal en un tercio, tanto en sus mínimos como en sus máximos, cuando en los hechos intervengan funcionarios públicos, imponiendo además la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos estatales. Este punto resulta sensible para industrias extractivas y energéticas como la minería, la actividad forestal y la explotación de hidrocarburos, cuyos desarrollos dependen de evaluaciones de impacto ambiental, permisos y fiscalizaciones oficiales.

Pese a haber avanzado hacia su debate en el recinto, la iniciativa cosechó un enérgico rechazo por parte de las principales cámaras empresariales del país, entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Federación de Acopiadores.

Las entidades objetan la ambigüedad técnica del texto al remitir genéricamente a la violación de “cualquier normativa ambiental vigente” —ya sea nacional, provincial o municipal— para configurar un delito penal. Según advierten los sectores productivos, esa formulación vulnera el principio de seguridad jurídica al no delimitar de forma clara qué conductas específicas constituyen un crimen, lo que podría generar un estado de incertidumbre legal para productores e inversores.

En la misma línea, analistas del sector energético y exfuncionarios como Daniel Montamat alertaron sobre un eventual efecto paralizante en yacimientos estratégicos como Vaca Muerta o en los proyectos de litio y cobre. Los críticos sostienen que la tipificación de conductas culposas y la severidad sobre los controles estatales llevarán a que los inspectores y funcionarios eviten autorizar permisos por temor a quedar envueltos en causas penales, postergando inversiones fundamentales para el desarrollo económico del país.

Tras superar el trabajo en comisiones, el texto aguarda su discusión en el recinto del Senado, donde requerirá de acuerdos políticos para lograr la aprobación y pasar a la Cámara de Diputados.