Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, compartió un emotivo mensaje en solidaridad con la familia de Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió tras ser asaltada y golpeada por motochorros camino hacia la Escuela N°60 en la localidad de Villa Diamante, Lanús.

A través de una publicación en las “stories” de Instagram, la madre de Fernando -quien fue brutalmente asesinado por un grupo de jugadores de rugby en enero de 2020-, compartió una imagen con la frase: “Justicia por y para Morena”.

Es importante recordar que el estudiante de Derecho perdió la vida a causa de una violenta paliza a la salida de un club en Villa Gesell. La autopsia reveló que falleció “producto de un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intracraneana”.

La atrocidad con la que se llevó a cabo el crimen de Fernando conmovió a toda la nación, y el país esperaba con ansias la condena de los ocho rugbiers responsables de su muerte. Graciela había afirmado en su momento: “No falleció, lo mataron. No fue una desgracia, fue un crimen”.

De manera similar, el trágico destino de Morena moviliza a la sociedad. La niña de 11 años falleció como consecuencia de un “fuerte golpe abdominal” que le provocó una hemorragia interna.

De acuerdo a fuente judiciales, el resultado preliminar de la autopsia fue incorporado al expediente que tiene a su cargo la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien caratuló la causa como “homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento”.

Crimen de Morena: los detenidos se niegan a declarar

Los hermanos acusados de asesinar a Morena Domínguez se negaron a declarar este jueves ante la Justicia, mientras los restos de la niña fueron velados e inhumados en el Cementerio Municipal de Lanús en medio de un clima de dolor y reclamos de Justicia por parte de familiares, amigos y vecinos que acompañaron el cortejo fúnebre con aplausos.

Fuentes judiciales aseguraron que Miguel Ángel Madariaga (28), alias “Miguelito”, y Darío Humberto Madariaga (25), alias “Lolo”, se negaron a declarar ante la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús.

Los hermanos Madariaga hicieron uso de su derecho a negarse a declarar y la fiscal solicitó la detención formal de ambos, que ahora deberá ser resuelta por el juez de Garantías 4 de Lanús, Esteban Pablo Baccini.

“Lolo”, el menor de los Madariaga, había sido detenido ayer por la tarde en el barrio Acuba, de Villa Diamante, y en la casa en la que se hallaba escondido fueron secuestrados los dos cascos que, se presume, fueron utilizados por los motochorros que atacaron a Morena, explicaron las fuentes judiciales.

“Miguelito” Madariaga, en tanto, fue apresado horas más tarde por personal de la policía bonaerense en la zona de Puente Alsina, en el barrio de Pompeya, hasta donde se dirigió presuntamente a vender el teléfono celular que le habían robado a la víctima, que aún no fue encontrado.

Los pesquisas habían determinado que el mayor de los detenidos tenía antecedentes penales, había cumplido una pena en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y actualmente tenía una orden de captura pendiente que había sido firmada el martes último por un tribunal porteño.

“La fiscalía tiene las pruebas necesarias para acreditar prima facie que éstos son los autores del hecho”, dijo esta mañana la fiscal Bussano en declaraciones a la prensa y afirmó que “las claves son varias, las cámaras ayudaron, pero también ayudaron las declaraciones de todos los testigos y todas las tareas de inteligencia que se fueron haciendo para dar con el paradero de estas dos personas”.

“En general, en investigaciones complejas como estas, no hay un solo medio de prueba, sino varios los medios que hay que concatenarlos”, agregó.

La fiscal confirmó, además, que los imputados por la muerte de Morena cometieron un asalto violento para robarle pertenencias y que por ese motivo “la calificación (penal) es homicidio en ocasión de robo”, delito contemplado en el artículo 165 del Código Penal y que prevé una pena de 10 a 25 años de prisión.

 

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