Este viernes, el Gobierno nacional confirmó el envió al Congreso del proyecto de Ley para bajar la edad de imputabilidad a menores de 13 años de edad.

“Cumpliendo con el mandato del Presidente Javier Milei de terminar con la impunidad, enviamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delinquen“, confirmaron desde el Ministerio de Seguridad en un comunicado oficial.

A fines de mayo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, visitó Río Gallegos y habló con Radio LU12 AM680 donde se refirió al proyecto de Ley para bajar la edad de imputabilidad.

“Tenemos mucho dialogo con el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ella se involucra con mucha seriedad e idoneidad en los temas, estamos delineando las pautas finales, creo que va a quedar anclada en los 13 años la inimputabilidad“, anticipó.

En ese entonces, explicó: “Estábamos inclinados por los 14 años, pero en los últimos dos meses sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años. Entonces eso nos hizo re pensar lo que conversábamos, inclinándonos por ver que el chico no es solo de 16 años como era la Ley de 1980, estábamos entre 13 y 14 y los informes estadísticos nos llevaban a ese debate”.

Respecto al proyecto, desde el Gobierno Nacional argumentaron: “La baja de imputabilidad es un asunto que gobierno tras gobierno, año tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”.

Las consecuencias de años de zaffaronismo, sumadas al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”, agregaron.

En ese sentido, desde la cartera que conduce Patricia Bullrich sostuvieron: “Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”.

“El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma”, concluyeron.

Los puntos más destacados del Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años

Cobertura legal: derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales.

Privación de la libertad: en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.

Comunicación a los padres: de la imputación y demás actos procesales.

Protección a la víctima: el Juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.

• Condenación condicional: si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

• Penas de 3 a 6 años: Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico.

• Control de cumplimiento: El cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si es su deseo.

• Máximo de penas: 20 años. Al cumplir 2/3, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.

• Incumplimiento de la pena: ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.

• Supervisor: el juez designará un supervisor para el seguimiento del menor, quien mantendrá entrevistas regulares con el adolescente imputado, elaborará informes y procurará resolver sus problemas de salud.

• Inimputabilidad: en los casos de menores no imputables (ejemplo, menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social.

• Dilación del proceso: la dilación injustificada del proceso hará incurrir al juez en falta grave.

• Víctimas: recibir atención psicológica y patrocinio gratuito.

• Criterio de Oportunidad: el fiscal podrá prescindir total o parcialmente de la acción penal si el delito tuviere prevista una pena inferior a seis (6) años y no concurrieren otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones gravísimas, existencia de otros procesos, etc.

• Mediación: cuando el delito tuviere una pena prevista inferior a seis (6) años, podrá iniciarse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes.

• Probation: en las condiciones previstas para todos los casos, para penas que no excedan de tres (3) años. Si las condiciones fueran incumplidas, el juez dispondrá que se continúe el proceso sin computar el tiempo transcurrido.

• Se invita a las provincias a adherir.

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