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El Gobierno Nacional envió este martes a la Cámara de Diputados los proyectos de ley denominados “Súper RIGI” y ley de lobby, dos iniciativas impulsadas por el oficialismo que buscan promover inversiones estratégicas y regular la gestión de intereses privados ante funcionarios públicos.
La información fue confirmada luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara días atrás el envío de cuatro proyectos legislativos al Congreso. Entre ellos, ya habían ingresado al Senado las propuestas vinculadas a la ludopatía y la derogación de la ley de Etiquetado Frontal. Ahora se suman estas dos iniciativas destinadas a Diputados.
Qué propone el “Súper RIGI”
El denominado “Súper RIGI” es un nuevo sistema de promociones fiscales orientado al desarrollo de grandes emprendimientos productivos y energéticos. Según trascendió, la iniciativa amplía significativamente el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vigente.
Entre las actividades alcanzadas se encuentran la cadena del litio, la manufactura de baterías, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, el desarrollo de GNL onshore, los SMR —reactores nucleares pequeños y medianos—, la producción de paneles solares y turbinas eólicas, la fabricación de vehículos 100% eléctricos y nuevos productos petroquímicos, entre otros sectores considerados estratégicos.
Uno de los principales cambios respecto del régimen actual es la reducción del impuesto a las ganancias al 15%. Además, el proyecto contempla un esquema de amortización acelerada del 60% durante el primer año y del 20% en cada uno de los dos años siguientes.
La iniciativa también prevé la exención de derechos de exportación para los emprendimientos que ingresen al régimen, con el objetivo de atraer inversiones de gran escala y fomentar el desarrollo industrial y energético.
La ley de lobby
El segundo proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone regular las actividades de lobby en Argentina, con el objetivo de transparentar las gestiones que realizan empresas, consultoras o intermediarios ante funcionarios y legisladores.
La iniciativa establece la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, quienes deberán presentar declaraciones juradas detallando los intereses que representan.
Asimismo, el proyecto contempla la publicación de las agendas de funcionarios públicos para dar visibilidad a las reuniones y gestiones vinculadas con intereses privados.
Otro de los puntos centrales es la fijación de incompatibilidades para ex funcionarios que pretendan desempeñarse posteriormente en actividades de lobby, buscando evitar posibles conflictos de intereses.
Qué actividades quedarían alcanzadas
De acuerdo al texto impulsado por el oficialismo, serán consideradas actividades de lobby aquellas vinculadas con la elaboración, modificación, derogación o implementación de leyes.
También quedarán comprendidas las gestiones relacionadas con licitaciones públicas, concesiones, subsidios o beneficios fiscales destinados a determinadas actividades económicas.
Con estas iniciativas, el Gobierno busca avanzar en un esquema de promoción de inversiones estratégicas combinado con mayores mecanismos de transparencia en la relación entre el sector privado y el Estado.
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