El impacto de las detenciones por espionaje ilegal en la era Macri

El juez Federico Villena ordenó la detención de un listado de integrantes del grupo de espías ilegales Super Mario Bros. Las fuerzas de seguridad apresaron inicialmente a Jorge El Turco Sáez y Leandro Araque, mientras que el abogado y también agente de la Agencia Federal de Inteligencia, Facundo Melo, decidió ir al Juzgado de Lomas de Zamora para entregarse. Pocos minutos después el listado de detenidos se hizo extenso, incluyendo a Susana Martinengo, la coordinadora de Documentación Presidencial, que recibía en la Casa Rosada los informes ilegales.
Entre los detenidos están Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la AFI durante el macrismo, y el espía Emilio Matta, quien participó del espionaje en el Instituto Patria y en la operación de seguimiento a Florencia Macri.
El magistrado produce las detenciones cuando la Cámara Federal de La Plata tiene que resolver si el juez es competente, algo que está a punto de ocurrir. Sucede que Comodoro Py le está peleando la causa a Villena e incluso los espías se presentaron en la Justicia para sostener esa alternativa.
El otro elemento controvertido es que el juez le había otorgado la eximición de prisión a varios de los espías, pero la fiscal Cecilia Incardona apeló esa decisión, por lo que está prevista una audiencia virtual el jueves en La Plata.
Es muy probable que Villena sostenga las detenciones afirmando que los espías se dedicaron a operaciones de inteligencia ilegales y que por lo tanto tienen capacidad de obstruir la investigación.
En el caso de Darío Nieto, secretario personal de Mauricio Macri, incluso borró archivos de su celular en el momento del allanamiento: se encerró en su vehículo y todo indica que ahí se dedicó a borrar.

Super Mario Bros

A esta altura de la investigación, está muy claro que los integrantes de Súper Mario Bros espiaban a dirigentes políticos del peronismo, pero también de Cambiemos, así como líderes sindicales, el obispo Jorge Lugones, referentes de los movimientos sociales y hasta la hermana menor de Mauricio Macri, Florencia, y su pareja. Esa información ilegal iba a Casa Rosada, donde los espías estuvieron 12 veces, y a través del jefe de la banda, Alan Ruiz, a la AFI.

“Cristina denunció el espionaje político”, Oscar Parrilli

Ruiz era el director de Operaciones Especiales, está detenido por otro juez, Juan Pablo Augé, y ahora pasa también a estar detenido en la causa de Villena.
En su escrito, el juez habla de “una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumplieron diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia”.
La descripción por parte del juez Federico Villena de lo que se investiga en su Juzgado es contundente.

“Queremos impedir que se repitan filtraciones”, Eduardo Valdés

En tan sólo un mes de pesquisa, la Justicia logró determinar que la banda de espionaje ilegal operaba diversas maniobras sobre sus víctimas. Según escribió Villena, buscaban “obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas”.

Prisiones preventivas

En su escrito, Villena justificó las detenciones en que “el avance investigativo ha logrado la incorporación de nuevos elementos de prueba que permiten sostener que en el caso se ha alcanzado el grado de sospecha” sobre las veintidós personas que ordenó apresar. También se refirió a un “riesgo cierto de intimidación hacia las víctimas o a los testigos, sea por sí, o por terceros”.
Según el juez, la “magnitud” de la organización “permite presumir que quienes habrían participado en los hechos en materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal”.

Parrilli reivindicó a CFK

El senador nacional Oscar Parrilli, y ex director de la AFI, contó tras conocer la noticia, que “Cristina Fernández de Kirchner hizo una denuncia penal denunciando el espionaje político. Se usaba también a la UIF, la Oficina Anti Corrupción, jueces, fiscales. Evidentemente no era sólo contra nosotros. Uno no deja de asombrarse”, entre otras cosas “por el nivel de degradación de la democracia y la Justicia y los organismos del Estado la verdad que no lo hemos visto en la vida democrática. No tengo dudas de que el jefe era Macri”.

Eliminar las escuchas

Uno de los que ayer tuvo más presencia mediática por la noticia fue el diputado nacional Eduardo Valdés, que además presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y obligar la eliminación de escuchas de conversaciones privadas realizadas en investigaciones judiciales que no contengan elementos concretos y explícitos de prueba.
“Queremos impedir que se repitan filtraciones de conversaciones privadas que no prueban ningún delito y luego son difundidas por los medios con el solo fin de extorsionar o dañar la imagen pública de determinados referentes políticos, sindicales y empresariales”, indicó el diputado.
El proyecto “es un golpe directo al corazón de cloaca de la democracia” y busca “resguardar el derecho humano a la privacidad, que tiene jerarquía constitucional y es sistemáticamente violentado por la grabación y difusión de conversaciones sucedidas en la intimidad”, explicó Valdés a través de un comunicado.
“El objetivo es cortar uno de los eslabones principales de la cadena del lawfare, que es el espionaje y filtración de comunicaciones con fines políticos”, reseñó el legislador, tras señalar que el “alto impacto mediático es una herramienta central para quienes buscan socavar los pilares del sistema republicano y democrático de gobierno”.
En declaraciones radiales, Valdés aseguró: “No tengo ninguna duda de que quien mandaba a espiar en 2009 y después como presidente se llama Mauricio Macri. La diferencia es que ahora está la prueba en los celulares. Es la evidencia que encontró el juez Villena le allanó los domicilios a todos estos agentes que ejecutaban las órdenes que les daban de arriba”.
En ese sentido, el diputado nacional sostuvo que Macri “mandó a espiar a Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Paria”.
“Lo hacía porque tiene la enfermedad de querer saber de los adversarios y propios. Cuando a vos te pinchan el teléfono es porque quieren saber qué hablás y con quién hablás, pero cuando te investigan tus cuentas bancarias es que te quieren extorsionar”, remarcó.

Pablo Moyano

“Eran tan vigilantes que hasta se espiaban entre ellos” dijo el dirigente gremial; denunció presiones sobre el juez Villena.
Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros, opinó que “después de 6 horas de escuchar y ver grabaciones, cómo estos delincuentes de la AFI presionaban a los barras de Independiente que estaban detenidos para que me involucraran a mí, llamaban a las mujeres de los barras”. “Toda una presión que el espía Macri estaba obsesionado con los opositores. Tenía una obsesión casi enfermiza con aquellos que estábamos en la calle reclamando el cambio de modelo económico”. “El ataque contra Hugo, quien te habla, el gremio Camioneros y el club Independiente fue porque nuestra organización le dijo no a la reforma laboral”.

Pablo Moyano

Vale recordar que la investigación se inició a partir de los dichos de un detenido por narcotráfico, Sergio Rodríguez, quien declaró ante Villena que el abogado Facundo Melo, de la AFI, lo contactó para distintas tareas, entre ellas colocar un explosivo en la casa de un ex funcionario del gobierno de Macri para darle un “susto”.

La lista completa

JORGE HORACIO SÁEZ (ex AFI)
FACUNDO MELO (ex AFI)
SUSANA MABEL MARTINENGO (coordinadora de Documentación Presidencial)
LEANDRO CÉSAR ARAQUE
(ex AFI)
EMILIANO FEDERICO MATTA
(ex AFI)
GUILLERMO JULIÁN MATTA (ex AFI, es PFA; Policía de Ciudad)
MARÍA MERCEDES FUNES SILVA (ex AFI, es auxiliar de inteligencia PFA)
MARÍA ANDREA FERMANI (ex analista de la AFI)
DAIANA ROMINA BALDASSARRE (ex analista de la AFI)
DENISSE AYA TENORIO (ex AFI)
DOMINIQUE LASAIGUES (trabaja en Gobierno de la Ciudad)
MARÍA BELÉN SÁEZ
MARIANO IGNACIO FLORES (ex AFI, ex PFA, Policía de la Ciudad)
JORGE GUILLERMO OCHOA
ANDRÉS PATRICIO RODRÍGUEZ (Servicio Penitenciario)
GUSTAVO MARCELO CICCARELLI (ex PFA)
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ (Ministerio Justicia y Seguridad GCBA)
DIEGO LUIS DALMAU PEREYRA (ex AFI)
JAVIER ESTEBAN BUSTOS (ex AFI, ex PFA, Policía de la Ciudad)
JONATHAN EZEQUIEL NIEVAS (ex AFI, ex PFA, Policía de la Ciudad)
MARTÍN TERRA (ex AFI; ex pareja de Analía Maiorana, mujer actual del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli)

Por otra parte, se conoció que, a fin de cumplir el convenio firmado entre el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia del 29 de septiembre de 2016, por el que el Poder Legislativo ejercería el seguimiento de las actividades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados resolvieron asignar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia llevar a cabo dicha tarea. Para ellos se requerirá la conformación de una subcomisión permanente que realice dicha auditoría y eleve informes semestrales.

Borrón y cuenta nueva

Justamente ayer se supo que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, dispuso el cambio del nombre del edificio del organismo, bautizado como “Martínez de Hoz”, por el de “José Hernández”, en honor a la reivindicación del gaucho y en virtud de que el ex funcionario fue un “exponente de la complicidad civil de gobiernos de facto”.

“Cambio del nombre Martínez de Hoz, por el de José Hernández”, Cristina Caamaño

Lo estableció la Resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, que indica que “el último integrante célebre de la familia Martínez de Hoz fue José Alfredo, participó de los gobiernos de facto de José María Guido y el proceso de reorganización nacional”.