En Santa Cruz, solo tres menores de edad cumplen medidas judiciales: ¿Es necesario el tratamiento de esta ley?

Cada vez que un delito grave involucra a un menor de edad, el debate reaparece con fuerza en la agenda pública. Las pantallas de televisión se llenan de indignación, los zócalos reclaman mano dura y la política, casi de reflejo, desempolva un proyecto conocido: bajar la edad de imputabilidad y endurecer las penas.

Las estadísticas oficiales son claras y, al mismo tiempo, incómodas para ciertos discursos. El porcentaje de delitos cometidos por menores de edad en la Argentina es ínfimo en relación con el total. Dentro de ese universo reducido, el 55 por ciento corresponde a chicos de entre 16 y 17 años, mientras que alrededor del 40 por ciento involucra a adolescentes de entre 13 y 15. Es decir, no estamos frente a una “avalancha” de niños delincuentes, sino ante una problemática acotada, compleja y profundamente atravesada por factores sociales.

Santa Cruz ofrece un ejemplo contundente. Se trata de una de las provincias con tasas delictivas más bajas del país y, aun así, cuando se busca justificar un endurecimiento del régimen penal juvenil, se apela casi exclusivamente a un solo antecedente grave: el caso Santino Subelza, ocurrido en Puerto Deseado hace más de cinco años. Un hecho aberrante, sin dudas, que marcó a la comunidad y dejó heridas abiertas. Pero también un episodio excepcional, que justamente confirma que no se trata de una norma sino de una excepción extrema.

El marco legal vigente ya contempla herramientas para intervenir en situaciones de gravedad. Un menor que comete un delito grave puede ser privado de su libertad por orden judicial. El problema, entonces, no parece estar en la ausencia de normas, sino en cómo el Estado decide -o no- abordarlas. El régimen penal juvenil data de 1980, está claramente desactualizado y requiere una reforma profunda. Pero reforma no es sinónimo automático de castigo más duro. Reformar implica repensar el sistema con inteligencia, recursos y una perspectiva de derechos.

La idea de que más punitivismo trae menos inseguridad no resiste el contraste con la evidencia empírica. Un estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre Investigaciones Penales Preparatorias (IPP’s) entre 2009 y 2020 muestra que, aun con la legislación vigente, los robos agravados aumentaron de manera sostenida entre 2011 y 2014, tuvieron una leve baja en 2015 y luego repuntaron hasta alcanzar niveles históricos en 2019. La ley no cambió en ese período. La realidad sí. Y lo que falló fue la decisión política integral de los tres poderes del Estado para atacar las causas estructurales del delito.

La misma receta

No es la primera vez que este debate emerge con fuerza. En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se impulsó una iniciativa similar para bajar la edad de imputabilidad. Hoy, con Javier Milei en la Casa Rosada, el planteo vuelve casi con los mismos argumentos y la misma lógica: un Estado que responde al miedo social con recetas simples, punitivas y de alto impacto discursivo. El riesgo es claro: construir un Estado policial que castiga sin comprender el contexto en el que viven millones de chicos y chicas.

Según UNICEF, en la Argentina hay más de 1,8 millones de niñas y niños pobres. La pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades no son conceptos abstractos: son el escenario cotidiano de muchas familias. Frente a esa realidad, la respuesta estatal parece reducirse al encierro. Sin embargo, los números vuelven a incomodar: el CELS informó que en todo el país hay apenas 261 jóvenes de entre 16 y 17 años privados de su libertad por delitos contra las personas. La distancia entre el discurso alarmista y la realidad concreta es enorme.

El tratamiento mediático también dice mucho. Los delitos cometidos por menores suelen ser calificados como “insólitos” o “aberrantes” y ocupan durante horas la agenda televisiva. Justamente porque no son habituales. Si lo fueran, no generarían ese nivel de conmoción social. Esa reacción colectiva, paradójicamente, es una señal positiva: la sociedad argentina no naturaliza que niños y adolescentes cometan crímenes graves.

Cuando estos hechos ocurren, la culpa suele recaer de inmediato sobre las familias. Se señala a los padres, a la “falta de educación”, sin detenerse a mirar el entramado de vulnerabilidad que rodea a esos hogares. La responsabilidad individual existe, pero también existe una responsabilidad estatal que se diluye cuando la única respuesta es castigar.

¿A dónde irían?

Hay, además, una pregunta incómoda que casi nunca se responde: ¿dónde cumplirían su detención los menores? En Santa Cruz, el sistema penitenciario ya está colapsado. En la Cuenca Carbonífera, por ejemplo, hay unidades con hacinamiento crítico, donde personas condenadas por delitos gravísimos comparten espacios reducidos. Pensar que menores de edad puedan ser alojados allí no solo es inviable desde lo práctico, sino inadmisible desde lo humano. La falta de infraestructura adecuada es un problema histórico que nunca se resolvió, pese a reclamos reiterados para crear alcaidías o espacios específicos.

En 2017, en un recital multitudinario en Olavarría, “Indio” Solari lanzó una frase que todavía resuena: “El Estado no puede penalizar antes de socializar a los menores”. La sentencia, surgida desde el arte y no desde un despacho oficial, sintetiza una verdad incómoda. Castigar sin haber incluido es una respuesta burda, carente de creatividad y sensibilidad.

La sociedad argentina, atravesada por crisis económicas recurrentes y una sensación creciente de inseguridad, busca paz social. Pero esa paz no se construye solo con barrotes y códigos penales más duros. Se construye con políticas públicas que contengan, eduquen y ofrezcan futuro. Lo contrario es condenar a chicos y chicas a un circuito de encierro y exclusión del que, muchas veces, salen peor de lo que entraron. Y esa es una responsabilidad que ningún Estado debería estar dispuesto a asumir livianamente.