La Cámara de Diputados debate la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión marcada por la tensión política, fuertes cruces entre oficialismo y oposición, y manifestaciones en las inmediaciones del Congreso. Todo indica que La Libertad Avanza, junto a sus bloques aliados, cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto con media sanción del Senado.
La iniciativa impulsa cambios en la normativa vigente que permitirían flexibilizar las condiciones para el desarrollo de actividades extractivas en zonas periglaciares, lo que generó un fuerte rechazo de sectores opositores, ambientalistas y científicos.
Según estimaciones tanto del oficialismo como de la oposición, los mismos diputados que dieron quórum al inicio de la sesión acompañarán la aprobación del proyecto. Entre ellos se encuentran legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales.
En ese contexto, los intentos de la oposición por frenar o ampliar el debate fracasaron. Diversas mociones de apartamiento de reglamento no lograron reunir los votos necesarios, incluyendo iniciativas vinculadas a la política exterior, pedidos de interpelación y cuestionamientos institucionales.
Fracasan los intentos de la oposición por modificar el temario
Durante el inicio de la sesión, las diputadas Romina del Plá y Lorena Pokoik intentaron incorporar proyectos para repudiar la quita de acreditaciones a medios de prensa, pero la propuesta no prosperó.
En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés impulsó un debate sobre la neutralidad argentina en conflictos internacionales, mientras que Paula Penacca solicitó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ninguna de estas mociones obtuvo respaldo suficiente.
También fue rechazada una iniciativa presentada por Maximiliano Ferraro para tratar proyectos vinculados al denominado “caso Libra”, que incluían citaciones a funcionarios del Ejecutivo.
Debate por la Ley de Glaciares: argumentos a favor y en contra
El debate central gira en torno al impacto ambiental y económico de la reforma.
El diputado José Peluc, miembro informante del oficialismo, defendió el proyecto destacando la realización de una audiencia pública con amplia participación. Sin embargo, fue cuestionado por la oposición, que denunció limitaciones en el proceso y anticipó posibles judicializaciones.
Por su parte, Nicolás Mayoraz sostuvo que la reforma busca “aclarar conceptos sin modificar el paradigma de protección ambiental”, y defendió la posibilidad de que las provincias realicen estudios complementarios en zonas específicas.
Críticas de la oposición: “ley inconstitucional y regresiva”
Desde Unión por la Patria, la diputada Adriana Serquis cuestionó la base científica del proyecto y advirtió sobre un retroceso en materia ambiental. Señaló que incluso una pequeña porción de glaciares es clave para abastecer de agua a millones de personas.
En tanto, Germán Martínez remarcó la necesidad de equilibrar desarrollo productivo con protección ambiental, mientras que Sabrina Selva calificó la iniciativa como “inconstitucional” y anticipó conflictos entre jurisdicciones.
Maximiliano Ferraro fue aún más duro al afirmar que se trata de “una de las peores leyes” tratadas en el Congreso, denunciando presiones del sector minero y posibles conflictos de interés.
Posturas intermedias y apoyo con reparos
Algunos legisladores manifestaron apoyo parcial al proyecto. Eduardo Falcone, del MID, adelantó su voto favorable en general, aunque advirtió sobre errores en el texto, especialmente en relación con la posibilidad de “desinventariar” glaciares.
Miguel Pichetto, en cambio, rechazó la reforma al considerar que no existen fundamentos técnicos nuevos que justifiquen los cambios y alertó sobre la pérdida de control del Estado nacional en materia ambiental.
La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares no solo expone diferencias sobre política ambiental, sino también sobre el modelo de desarrollo, el federalismo y el rol del Estado.
Mientras el oficialismo apuesta a impulsar inversiones y crecimiento económico, la oposición advierte sobre riesgos ambientales, conflictos legales y un posible retroceso en la protección de recursos estratégicos como el agua.
La votación se espera en las próximas horas y definirá el futuro de una de las leyes ambientales más relevantes del país.
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