Cuando los ecos del tarifazo al gas aún no se acallan y muchos sectores están a la espera o preparando medidas cautelares para neutralizarlo, el Gobierno adelantó el esquema de transición para aplicar el nuevo sistema tarifario energético.
En abril, el secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, anticipaba que se dejaría atrás el RASE para avanzar en una Canasta Básica Energética (CBE) que determinaría, en base a distintas variables, cuáles serían los hogares que recibirían subsidios del Estado para el pago de las tarifas de gas y luz, aclarando que la intención es alcanzar sólo a los sectores “más vulnerables”.
Pero, al aplicarse el aumento tarifario de abril, que implicó subas en las boletas de entre el 500% y el 1.100% (dependiendo de si es residencial o comercial) en promedio, se anunció que se postergaba, hasta septiembre, la CBE.
A principios de mayo, “y gracias al superávit fiscal logrado”, las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación dispusieron “postergar” la aplicación del incremento mensual y automático fijado en el esquema tarifario como así también el cambio del precio del m3 de gas estival al precio del gas “invernal”. Este combo hubiera implicado una nueva corrección de entre el 30% y el 50%, por sobre el tarifazo aplicado en abril.
Junio de impacto
La publicación, este martes, en el Boletín Oficial de la Nación, del decreto 465/2024, deja atrás ese “congelamiento”. Es que cuando se esperaba que no hubiera cambios de tarifas durante este invierno, el Gobierno decidió “adelantar” la transición hacia la Canasta Básica Energética, algo que se esperaba pudiera suceder a partir de septiembre.
Este “Período de Transición” para llegar al nuevo régimen de tarifas, que llevará a cero el nivel de subsidios a la luz y el gas que reciben la mayoría de los argentinos, comienza este 1 de junio y se extenderá por seis meses y podrá ser ampliada por única vez. De acuerdo a los fundamentos del decreto, “se busca contribuir al paso de un esquema de subsidios generalizados hacia otro de subsidios focalizados” y “la puesta en funcionamiento de la Canasta Básica Energética (CBE)”.
El objetivo, también explicitado en el decreto, es “trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”. Cabe aclarar que en la actualidad tanto para los usuarios N2 (más vulnerables) como los N3 (la clase media) el nivel del subsidio alcanza el 70%.
La decisión del Gobierno de ir hacia un esquema de “subsidios focalizados” se basa en que: “los regímenes de subsidios generalizados no distinguen entre usuarios residenciales y comerciales, y benefician a quienes no necesitan tal apoyo en perjuicio de los más vulnerables, además de fomentar un consumo ineficiente y de dilapidar los recursos naturales y económicos del Estado Nacional, con emisión monetaria”.
Las etapas
En la transición “gradual, ordenada y previsible” planteada por el Gobierno, el primer cambio es la decisión de eliminar el tope en las facturas que se rige hasta hoy por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), para el incremento de las mismas. Hasta hoy, existía un tope para los aumentos en las tarifas que anualmente podían tener los usuarios de los segmentos bajo y medio. Para los N2 era del 40% del CVS y para los N3 del 80%. Sin este techo, los incrementos finales, (en términos anuales) pueden ser aún más altos.
Por otra parte, en el artículo 5 se avanza hacia la Canasta Básica Energética (CBE), al establecer la posibilidad de que los criterios de zonas bioclimáticas sean de uso opcional. Eso podría poner en jaque a los usuarios de la Patagonia, ya que pasaría a tener un esquema de m3 de consumo similar al del resto del país, sin contemplar la dureza del clima.
Para noviembre, la intención del Gobierno es que sólo los sectores más vulnerables queden cubiertos por los subsidios energéticos, aunque sólo sobre un determinado consumo.
Las claves
–Modificar la denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales, incorporados en el RASE, incluyendo la revisión de los indicadores patrimoniales de manifestación de ingresos, así como la posibilidad de su unificación para establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.
-Calibrar las diferentes variables que se requerirán para la implementación del régimen de subsidios focalizados de Canasta Básica Energética (CBE), y realizar las pruebas y verificaciones pertinentes en función de la evaluación de los resultados observados durante el Período de Transición.
–Invitar a los usuarios residenciales a reempadronarse en el RASE y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión.
–Determinar los mecanismos de compensación de los menores ingresos de las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución por aplicación de las bonificaciones establecidas durante la vigencia del Período de Transición.
Dudas
Algunos economistas plantearon dudas respecto si el nivel de información que requiere la determinación del nivel de subsidios que tendrá el usuario estará, realmente disponible en forma automática.
De hecho, en la audiencia pública de febrero, cuando el secretario de Energía presentó la Canasta Básica Energética, afirmó que el presupuesto familiar dedicado al pago de los servicios energéticos no debería pasar el 10% del total. Si lo superaba, esa familia debía ser subsidiada. Sin embargo, del decreto de “transición” nada de eso se desprende.
En paralelo, tampoco se conoce si la postergación aplicada en mayo a los aumentos automáticos, se mantendrá en junio. De no ser así, los usuarios verían en sus boletas del mes próximo, no sólo ese incremento sino que también el inicio de la quita de subsidios, aunque no se sabe, aún, en qué gradualidad.
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