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El referente de Inquilinos Santa Cruz, Matías Solano, manifestó su preocupación por el proyecto de desregulación inmobiliaria impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que, de avanzar, la medida podría profundizar la crisis habitacional y aumentar la vulnerabilidad de quienes alquilan.
En una entrevista con Radio LU12 AM680, sostuvo que la eliminación de regulaciones beneficia a los sectores con mayor poder económico y debilita las herramientas de protección para los inquilinos. “Siempre que se desregula algo, los que salen beneficiados son los más poderosos. Los que terminan perjudicados son los mismos de siempre, en este caso los inquilinos”, afirmó.
Solano explicó que, si bien en Santa Cruz la matrícula inmobiliaria ya se encuentra desregulada, el proyecto nacional genera preocupación porque elimina controles sobre quienes ejercen la intermediación inmobiliaria.
“Es importante que haya un control de quienes realizan este trabajo“, señaló, al tiempo que advirtió que una menor fiscalización podría favorecer el crecimiento de las estafas en el mercado.
Según indicó, actualmente ya existen casos de fraude, pero consideró que la situación podría agravarse si desaparecen los mecanismos de control profesional.
Pedido para volver a regular los alquileres
Durante la entrevista, el representante de Inquilinos Santa Cruz recordó que el proceso de desregulación comenzó con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley de Alquileres.
A su entender, desde entonces el panorama para quienes alquilan se deterioró. “Seguimos en un derrotero de crisis, cada vez un poquito peor para el sector que alquila”, sostuvo.
En ese sentido, planteó la necesidad de volver a establecer reglas para el mercado de alquileres. “Las regulaciones existen para equilibrar relaciones desiguales de poder entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos. Cuando se deja todo librado al mercado, ganan quienes tienen el dinero”, expresó.
Otro de los puntos abordados fue el crecimiento de los alquileres temporarios, una modalidad que, según Solano, reduce la oferta de viviendas destinadas a contratos permanentes y contribuye al incremento de los valores locativos.
Afirmó que el Estado debería desarrollar políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda. “No se está pensando en solucionar el problema habitacional de las familias ni en generar una política de Estado para garantizar el acceso a una vivienda digna”, señaló.
La realidad en Río Gallegos
Consultado sobre la situación en Río Gallegos, Solano reconoció que en los últimos meses aumentó la cantidad de inmuebles ofrecidos tanto para alquiler como para venta, aunque atribuyó ese fenómeno a la crisis económica y a la migración de familias que abandonan la provincia por la falta de empleo y el incremento del costo de vida.
“No es que haya más oferta porque bajaron los precios. Los alquileres siguen aumentando y representan un porcentaje cada vez mayor de los ingresos familiares”, aseguró.
Según explicó, desde la asociación observan que muchas familias no logran sostener los contratos debido a los incrementos trimestrales. “La gente no está pudiendo llegar a cumplir un año de alquiler. En el primer o segundo aumento ya no puede seguir pagando y tiene que mudarse”, afirmó.
Esa dinámica, agregó, genera gastos adicionales por mudanzas, nuevos depósitos y comisiones, lo que obliga a numerosos inquilinos a recurrir a créditos bancarios o préstamos de entidades financieras con tasas elevadas.
“Estamos peor”
Finalmente, Solano aseguró que la derogación de la Ley de Alquileres no mejoró el mercado, sino que incrementó la incertidumbre de quienes alquilan. “Antes existía la tranquilidad de permanecer tres años en un mismo lugar y los aumentos eran anuales. Hoy hay contratos de uno o dos años con actualizaciones cada tres o cuatro meses, e incluso algunos ni siquiera establecen cuándo se aplicarán los incrementos”, cuestionó.
Además, sostuvo que los mecanismos de actualización se volvieron cada vez más heterogéneos y, en algunos casos, se utilizan índices que “ni siquiera existen”, lo que deja a los inquilinos sin previsibilidad. “La situación ha empeorado claramente. El alquiler representa cada vez un porcentaje mayor de los ingresos familiares y la gente termina pagando porque necesita un techo donde vivir”, concluyó.
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