Miguel Ángel Arce Aggeo, abogado de los expresidentes de la Agencia General de Vialidad Provincial AGVP, Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez, utilizó gran parte de la jornada del viernes a recorrer las 28 obras por las que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusan a Villafañe. Durante sus alegatos resaltó varios errores en las acusaciones.
“Miren señores jueces, en un tramo de la ruta 3, el tiempo previsto para la obra era 100 meses. Mi defendido, Juan Carlos Villafañe, extitular de la AGVP de Santa Cruz, de esos 100 meses, estuvo en el cargo 10 días. Y los jueces lo acusaron de que defraudó al Estado con esa obra” comenzó diciendo Arce Aggeo y agregó: “En otro tramo de la ruta 3, acusaron también a Villafañe, pero él ni siquiera estuvo cuando empezó la obra: sólo en la apertura de los sobres de la licitación, con la presencia del gobernador de la provincia. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a Villafañe por querer hacer diez obras en dos meses. No, no las quería hacer. Fue sólo una presentación para que se incluyan en el presupuesto del año siguiente. Estos errores son groseros. Dos auditorías, ambas pedidas por el macrismo, concluyeron que las obras se hicieron y que no se pagó nada que no se hubiera construido. ¿Dónde está la defraudación al Estado?”, cuestionó.
Con esto, el abogado de dos expresidentes de la AGVP dejó mal parados a los fiscales al señalar que los hechos de los que acusan a su defendido son inexistentes.
Asimismo,indicó que todo lo hecho tenía el control del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz con un auditor permanente en la AGVP. Además, estaba la obligación de informar cada paso: cada certificado de obra, pago, licitación, oferta. Pero lo más significativo es que el Tribunal de Cuentas tenía que aprobar lo realizado cada año y eso ocurrió siempre. También se emitía un balance anual de la Contaduría General e intervenía la Fiscalía General.
A esto se agrega que el gobierno de Mauricio Macri contrató una consultora privada, Consulbaires, que concluyó que las obras se llevaron a cabo y estaban bien hechas. Y se suma la auditoría llevada a cabo por Vialidad Nacional, ya bajo la conducción de Javier Iguacel durante la gestión de Cambiemos, que también dio como resultado que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso fue lo que declaró en el juicio el auditor Justo Pastor Romero. Pero el fiscal Mola sostuvo que la auditoría no es creíble: “¿A quién le creemos señores jueces?”, desafió Arce Aggeo. “¿A Mola, que no tiene ningún bagaje en materia de rutas? ¿O a un auditor de carrera como Justo Romero, con años en Vialidad, que firmó la auditoría con otros dos profesionales?”, agregó.
Las licitaciones que ganó Lázaro Báez no fueron cuestionadas
Arce Aggeo volvió a mencionar que los fiscales no pudieron aportar ningún elemento respecto de las 51 licitaciones que ganó Lázaro Báez. Mencionaron que las otras empresas que se presentaron simularon competir, pero no pudieron dar ninguna explicación: ¿por qué empresarios que en verdad odiaban a Lázaro Báez iban a beneficiarlo simulando que competían? ¿por qué gastarían dinero en los pliegos y en presentar proyectos?
“Las adjudicaciones fueron normales”, redondeó el letrado. Y, según afirmó Arce Aggeo, en la mayoría de las obras en las que intervino su defendido, no hubo adelantos de dinero. Luciani y Mola argumentaron que los adelantos eran ilegales, pero las defensas demostraron que esos anticipos figuraban en los pliegos y el adjudicatario debía pagar la tasa activa del Banco Nación por el tiempo del adelanto. “No fueron ningún perjuicio para el Estado”, concluyó el abogado.
Cómo continúa el juicio
Los abogados Miguel Angel Arce Aggeo y Matías Galván terminarán con su alegato el lunes y se entrará entonces al tramo definitivo del juicio que está a cargo del Tribunal Oral Federal número 2, integrado por los doctores Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
El siguiente paso será la respuesta de Luciani y Basso a los pedidos de nulidades de las defensas. Por ejemplo, la incorporación de pruebas de otros expedientes, acusaciones equivocadas y una cuestión decisiva: que las obras fueron evaluadas por los organismos de Santa Cruz, incluyendo la Justicia, por lo cual no corresponde juzgar dos veces lo mismo. Además, cabe resaltar que se viola la independencia provincial porque la AGVP es un organismo santacruceño y sus titulares tienen facultades que provienen de una ley de la legislatura provincial.
Se prevé que todo termine en la segunda quincena de noviembre y, como se sabe, los imputados tienen derecho a últimas palabras antes del veredicto. Ya hay indicios de que Cristina Kirchner hablará cuando le toque el turno.
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