Juicio por el ARA San Juan: Testimonios y sanciones expusieron una interna en la Armada Argentina

Con un clima cargado de tensión y múltiples cruces entre las partes, este jueves se desarrolló en Río Gallegos la decimosexta audiencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, marcando el cierre de esta etapa de testimonios antes del receso dispuesto hasta el próximo 4 de mayo. La jornada dejó al descubierto aspectos técnicos y administrativos, pero también una trama interna atravesada por el secreto, las contradicciones y las disputas dentro de la propia estructura de la Armada Argentina.

A diferencia de otras jornadas que ha relatado La Opinión Austral en su cobertura exclusiva desde la primera audiencia a principio de marzo, desde primeras horas, el ambiente en la sala del Tribunal Oral Federal fue visiblemente más áspero que en otras anteriores.

La fiscalía avanzó sobre puntos sensibles que, según pudo reconstruirse, incomodaron a las defensas y generaron momentos de alta fricción. En ese contexto, los testimonios de auditores, asesores jurídicos y altos mandos retirados aportaron una mirada institucional sobre lo ocurrido antes y después de la desaparición del submarino en noviembre de 2017.

Uno de los primeros en declarar fue el contraalmirante auditor Dardo Difalco, quien relató cómo tomó conocimiento del caso mientras se encontraba en México. Según explicó, fue alertado por un colega extranjero y, tras comunicarse con el Edificio Libertad, le informaron que ya había intervención judicial. Sin embargo, lo más significativo de su exposición surgió al referirse a su regreso al país. Al intentar acceder a documentación vinculada al caso, aseguró que le fue negada bajo el argumento de secreto militar, lo que lo llevó a plantear que esos elementos debían ser remitidos a la Justicia para su análisis, dada la gravedad del hecho.

El testimonio no pasó inadvertido para la querella, que marcó inconsistencias entre lo declarado en esta instancia y lo expresado previamente durante la instrucción. En paralelo, la audiencia dejó al descubierto el funcionamiento del Consejo General de Guerra, órgano que intervino tras la tragedia. Aunque Difalco afirmó no haber tenido acceso a la resolución final, desde la defensa se introdujo un dato relevante: al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, se le habría impuesto una sanción de 45 días de arresto por haber brindado información incompleta al Ministerio de Defensa.

En esa misma línea, el comodoro y abogado Ricardo Daniel Méndez aportó detalles sobre el inicio del proceso disciplinario. Explicó que la investigación interna fue ordenada por el Ministerio de Defensa tras la pérdida de contacto con el submarino y que, posteriormente, derivó en tensiones institucionales que incluyeron la remoción de autoridades y excusaciones por vínculos personales entre los involucrados. Según su análisis, la contundencia de los informes acumulados en distintas instancias -judiciales, administrativas y militares- reforzó la idea de que existieron responsabilidades concretas en la cadena de mando.

El desarrollo del juicio también permitió observar cómo se entrecruzan los aspectos técnicos con las decisiones operativas. En ese sentido, se puso en discusión el margen de autonomía del comandante del submarino frente a situaciones excepcionales. Se planteó si, ante un escenario crítico, debía actuar de manera independiente o requerir asistencia desde tierra.

Otro de los testimonios relevantes fue el de Leonardo Fusaro, quien en 2017 se desempeñaba como jefe de asuntos disciplinarios. Su declaración aportó una mirada sobre el procedimiento interno que siguió la Armada tras la desaparición. Explicó que “inicialmente se trató de una investigación administrativa y que, posteriormente, por decisión del Ministerio de Defensa, se avanzó hacia un proceso disciplinario”. Según sostuvo, “según mi opinión hubiera sido más conveniente continuar con la vía administrativa, aunque reconoció que la orden ministerial estaba dentro de las facultades legales” expresó ante el tribunal.

Por su parte, Omar Eduardo Balbo, director de asuntos jurídicos de la Armada en aquel entonces, relató cómo tomó conocimiento del caso el 17 de noviembre de 2017 y cómo rápidamente fue catalogado como un hecho de “trascendencia institucional“. Su testimonio reforzó la idea de que, desde el inicio, el caso superó el ámbito operativo para convertirse en un problema de alcance político y estratégico.

Lo que viene

Con el cuarto intermedio dispuesto hasta mayo, el proceso entra en una nueva etapa. Cabe recordar que el 8 de mayo se realizará la inspección ocular en un submarino gemelo del ARA San Juan, en Mar del Plata