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La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley de Tierras Rurales 26.737.
El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), entidad que había promovido la demanda contra la derogación de la norma. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no se encontraba configurado un caso o controversia judicial en los términos exigidos por la Constitución.
La resolución también cuestionó el criterio adoptado por la Cámara Federal platense al admitir la acción colectiva. Según la Corte, no existía en el expediente un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo que habilitara al CECIM a promover el planteo judicial.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Entre otras restricciones, fijaba un máximo del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
El artículo 154 del DNU 70/2023, dictado en diciembre de 2023, dispuso la derogación de ese régimen. La medida fue cuestionada judicialmente por el CECIM, que sostuvo que la eliminación de las restricciones podía afectar cuestiones vinculadas con la soberanía territorial.
La Cámara Federal de La Plata había hecho lugar al planteo y declarado la inconstitucionalidad del artículo del DNU. Esa decisión fue posteriormente recurrida y llegó a la Corte Suprema.
Críticas desde la oposición
Tras conocerse el fallo, legisladores de distintos sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la defensa de la soberanía expresaron cuestionamientos a la decisión de la Corte y reclamaron que el Congreso avance con el tratamiento del DNU 70/2023.
La senadora nacional Juliana di Tullio recordó el debate legislativo en torno a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cuestionó la decisión de excluir del proyecto el capítulo referido a la Ley 26.737.
Por su parte, el senador rionegrino Martín Soria sostuvo que la Corte intervino luego de que el Congreso rechazara iniciativas vinculadas con la modificación del régimen de tierras y cuestionó la actuación del Poder Judicial.
También se expresó Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, quien vinculó la decisión judicial con su posición crítica hacia las políticas del Gobierno nacional relacionadas con la soberanía territorial.
Desde Provincias Unidas, el diputado nacional Esteban Paulón calificó el fallo como “escandaloso” y convocó a movilizarse frente al Palacio de Justicia.
Lucía Cámpora, de Unión por la Patria, también cuestionó la resolución y puso el foco en la falta de legitimación reconocida al CECIM para promover la demanda.
El reclamo para rechazar el DNU 70/2023
Una de las voces que volvió a poner el eje en el Congreso fue la senadora rionegrina Ana Marks, del bloque Justicialista. La legisladora sostuvo que la Cámara de Diputados debería avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, que ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024.
“Lo único necesario y urgente es que Diputados de una vez por todas rechace el DNU 70/2023”, sostuvo Marks, quien planteó que la continuidad de la norma afecta, según su interpretación, cuestiones vinculadas con la soberanía, los trabajadores y las familias.
En la misma línea, la diputada nacional Agustina Propato cuestionó al Gobierno nacional y planteó que el Poder Ejecutivo podría dejar sin efecto el artículo 154 del decreto.
Bregman, en tanto, volvió a reclamar el rechazo del DNU en la Cámara baja y señaló que desde el Frente de Izquierda se encuentran a disposición para impulsar una sesión especial. También cuestionó la falta de firmas necesarias para convocarla.
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