Julio Blanco, de Superficiarios, celebró la actualización del canon petrolero y su impacto directo en la Patagonia

La decisión del Gobierno nacional de autorizar una actualización de las indemnizaciones por servidumbres petroleras en todas las cuencas productivas del país fue recibida como un paso clave por los propietarios de tierras afectados por la explotación hidrocarburífera. Así lo expresó el ingeniero Julio Blanco, presidente de la Asociación Argentina de Propietarios y Superficiarios Afectados por la Explotación Hidrocarburífera, en diálogo con LU12 AM680 de Río Gallegos, donde explicó el alcance de la medida, su impacto en la Patagonia y los desafíos pendientes en la relación entre productores y grandes operadoras. La resolución fijó incrementos entre un 60% y un 90% diferenciados según las zonas productivas.

Para las indemnizaciones por servidumbres y daños y perjuicios, el aumento alcanza el 60,71% para la estepa y valles de las provincias de Chubut y norte de Santa Cruz, sin la precordillera (Zona A) y del 90,36% para el sur de Santa Cruz, la precordillera de Chubut y Santa Cruz y  Tierra del Fuego (Zonas B y C).

Blanco remarcó que la actualización responde a un reclamo formal presentado el año pasado y aclaró que, si bien el impacto inmediato se da en cuencas como la del Golfo San Jorge y Austral, el beneficio alcanza a superficiarios de todo el país. “Nosotros representamos a los superficiarios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Este trabajo no es solo para la Patagonia, sino para el 100% de los superficiarios”, sostuvo.

Qué son las servidumbres y por qué se paga una indemnización

Durante la entrevista, Blanco se detuvo en explicar un punto clave que muchas veces genera confusión. “Es importante entender que, por ley, la propiedad del subsuelo es del Estado nacional y provincial. Nosotros somos dueños de la superficie”, explicó. En ese marco, señaló que cuando se detecta un yacimiento, los propietarios de la tierra están obligados a permitir el ingreso de las concesionarias.

“Estamos obligados a dar el paso a las petroleras. Dejamos de producir lo que estábamos produciendo: lana, carne, frutas, según la región. Por eso, por ley, las petroleras deben pagar una indemnización por el lucro cesante”, detalló. Y agregó: “Nuestro trabajo principal es que los superficiarios cobren lo más lógico y justo posible por dejar de producir”.

Blanco fue claro al diferenciar esa indemnización de cualquier ganancia vinculada a la rentabilidad de la empresa. “Muchas veces nos preguntan si, cuando una petrolera tiene un pozo récord, nosotros ganamos más. No. Desgraciadamente la vemos pasar. La indemnización no tiene que ver con la producción de la empresa, sino con lo que nosotros dejamos de hacer en nuestra tierra”.

Obligados a ceder, pero con derecho a negociar

Consultado sobre si los productores pueden negarse al ingreso de las operadoras, Blanco fue categórico. “Estamos obligados por ley a ceder el espacio. La autorización se pide, pero es una formalidad: estamos obligados a darla”, afirmó. Sin embargo, subrayó que allí comienza una instancia clave de diálogo.

“Ahí entra la relación entre superficiario y petrolera. Yo quiero seguir teniendo animales, seguir produciendo. Entonces la conversación es cómo trabajamos en conjunto para que la petrolera haga su trabajo y yo pueda continuar con el mío”, explicó. En ese sentido, remarcó que el desafío es encontrar un equilibrio real. “En el fondo, le estamos prestando nuestra casa a la petrolera. No somos socios, aunque nos encantaría, pero convivimos”.

Desde su experiencia como productor del norte santacruceño, Blanco contó que muchas veces se puede acordar qué sectores del campo se utilizan y cuáles se preservan. “Hay lotes donde uno pide que no se trabaje porque ahí están los animales. En la mayoría de los casos se puede conversar, depende mucho de la política de cada empresa”.

Deudas, demoras en los pagos y asimetrías

Otro punto sensible que abordó el presidente de la Asociación fue el de las deudas que mantienen algunas operadoras con los superficiarios. “Muchas petroleras deben cánones. A pesar de que la ley es clara, muchas veces nos dejan los pagos como si fuésemos un proveedor más, a 120 días”, denunció.

Blanco describió una relación desigual. “Son empresas muy grandes que muchas veces nos ven como un estorbo. Pero la ley dice que deberían pagarnos primero, porque están usando nuestra tierra”, afirmó. Y señaló que acompañar esos reclamos es parte central del trabajo de la Asociación durante todo el año.

Ambiente, remediación y el retiro de YPF

La cuestión ambiental ocupó un tramo importante de la entrevista. Blanco sostuvo que, más allá de las indemnizaciones, el mayor desafío será la remediación cuando las empresas se retiren. “El día que se vayan, deberían dejar todo en las mismas condiciones. Esa va a ser la parte más difícil de todas”, advirtió.

Sobre el retiro de YPF y el traspaso de áreas, explicó que hay situaciones “bastante desprolijas” en algunas zonas, aunque reconoció compromisos asumidos por la empresa. “Todavía el tiempo no pasó para ver si se cumplen o no. Cuando se cumpla el proceso, analizaremos qué pasó”, señaló con cautela.

En ese contexto, destacó como positiva la decisión de involucrar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en las auditorías ambientales. “Fue una muy buena decisión. No es fácil hacer una auditoría ambiental en una provincia tan extensa como Santa Cruz. Seguramente va a llevar más tiempo, pero es un paso muy importante”, valoró.

Hidrógeno, energías nuevas y el rol del superficiario

En otro tramo de su reportaje con “La Decana de la Patagonia“, Blanco se refirió al desarrollo del hidrógeno y las energías renovables, un tema que empieza a ganar espacio en Santa Cruz. “Muchos superficiarios ya están involucrados en proyectos de hidrógeno. Es una producción que va por arriba de la superficie, como la eólica, y tiene otras leyes y marcos regulatorios”, explicó.

Aun así, sostuvo que la Asociación sigue acompañando esos procesos. “Somos los mismos superficiarios. Estamos trabajando con equipos internos porque tiene otra lógica legal, pero nos involucra directamente”, afirmó. Y dejó una definición clara: “Para mí, Santa Cruz es una potencia en hidrógeno, en eólico y en solar. El gobierno provincial tiene muchísimo para hacer si encara este tema con seriedad y un marco legal adecuado”.

Un reclamo que sigue abierto

Blanco cerró la entrevista remarcando que la actualización del canon es solo una parte del camino. “Esto es una partecita de nuestro trabajo. El resto del año estamos acompañando conversaciones, reclamos, temas ambientales y productivos”, resumió.

En un escenario donde la explotación de recursos naturales convive con la producción rural, el dirigente dejó en claro que el objetivo es uno solo: “Que las empresas hagan su trabajo, que generen empleo, pero que los superficiarios podamos seguir produciendo y viviendo de nuestra tierra”.

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