Un conjunto de bloques opositores en la Cámara de Diputados de la Nación consiguió avanzar con un proyecto para reformar la ley de alquileres, con el fin de reducir el plazo de los contratos y los plazos para actualizar esos acuerdos entre inquilinos y propietarios.
Con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
Los dos cambios centrales al texto original se refieren al período de tiempo para los ajustes y al mecanismo que podrán utilizar las partes para la actualización del precio.
De esta manera, la iniciativa aprobada establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.
En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Además, el proyecto vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.
En relación a los beneficios fiscales, se contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
Para conseguir la reforma la oposición reunió 129 diputados con el aporte de Juntos por el Cambio; Córdoba Federal, Identidad Bonaerense, Interbloque Federal, Ser , Juntos por Río Negro y La Libertad Avanza.
El Frente de Todos y el bloque de Izquierda ingresaron al recinto de sesiones luego de que la oposición reunió el quórum reglamentario, ya que rechazan los cambios propiciados por JXC y otras bancadas provinciales.
El dictamen de mayoría del oficialismo fue rechazado por la mayoría de los bloques opositores. Este mantenía los puntos centrales de la actual ley que fija un plazo de tres años de contrato y una actualización anual de los alquileres en base a un índice que combina salarios e inflación.
La oposición intentó derogar toda la ley completa pero no llegó a los tres tercios necesarios y la mayoría de los bloques, salvo La Libertad Avanza, buscaron avanzar con el dictamen de minoría que finalmente se aprobó. Por su parte el oficialismo además intentó sin éxito aprobar un régimen para los alquileres temporarios.
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