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El silencio que desde el 15 de noviembre de 2017 envuelve las aguas del Atlántico Sur parece haberse trasladado por estas horas a los pasillos del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. Allí, donde durante más de cuatro meses desfilaron testigos, expertos, familiares, fiscales y defensores, este miércoles se escribirá el último capítulo del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. Después de casi nueve años de espera, los jueces darán a conocer el veredicto que definirá la responsabilidad penal de cuatro altos mandos de la Armada Argentina por una de las tragedias más dolorosas de la historia naval del país.
La expectativa es máxima. No sólo entre los familiares de los 44 tripulantes que perdieron la vida, sino también en todo un país que siguió de cerca un proceso judicial cargado de momentos de profunda emoción, discusiones técnicas y fuertes contrapuntos entre las partes. Desde el inicio del debate oral, a principios de marzo, La Opinión Austral realizó una cobertura especial siguiendo cada audiencia, cada testimonio y cada instancia de un expediente que busca determinar si existieron responsabilidades penales en la cadena de mando que autorizó la última misión del submarino.
El Tribunal llega al momento de la sentencia luego de un proceso extenso que incluyó cerca de cuarenta audiencias entre testimonios, incorporación de pruebas, alegatos e incluso una inspección ocular realizada sobre un submarino gemelo del ARA San Juan en las instalaciones de Tandanor, donde se recrearon distintas condiciones operativas de la nave.
En el centro de la escena permanecen los cuatro exoficiales imputados: Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, quien encabezaba el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, exjefe del área de Operaciones.
La Fiscalía sostuvo durante sus alegatos que existió una cadena de decisiones marcadas por incumplimientos, omisiones y falta de controles que incrementaron el riesgo operativo del submarino hasta desembocar en el hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017. Bajo esa teoría, solicitó cinco años de prisión para Villamide y López Mazzeo, tres años para Hugo Correa y dos años para Héctor Alonso, además de las correspondientes inhabilitaciones.
Las querellas que representan a los familiares de las víctimas habían ido incluso más allá al reclamar penas superiores, llegando en algunos casos hasta los ocho años de prisión. Sin embargo, ese planteo quedó fuera de la definición judicial luego de que el Tribunal declarara nulos esos pedidos al considerar que excedían la calificación legal bajo la cual fueron elevados a juicio los acusados.
De esta manera, el fallo que se conocerá este miércoles se apoyará exclusivamente sobre la acusación sostenida por el Ministerio Público Fiscal, un dato que generó preocupación y desazón entre numerosos familiares que durante años reclamaron una investigación más amplia y sanciones más severas.
En el otro extremo del debate se ubicaron las defensas, que durante las últimas jornadas buscaron desarmar cada uno de los argumentos fiscales y coincidieron en un planteo común: solicitar la absolución de todos los imputados.
El abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Claudio Villamide, insistió en que la acusación debía ser declarada nula porque, según sostuvo, “no se sabe cuáles son las omisiones concretas que se le atribuyen” a su defendido. Durante su alegato remarcó que la prueba producida durante el juicio “favorece y reconfirma” la inocencia del exjefe de la Fuerza de Submarinos y sostuvo que “no toda tragedia tiene necesariamente una explicación en el derecho penal”. También afirmó que el ARA San Juan estaba “alistado e idóneo para cumplir la misión” y que todas las actuaciones de Villamide se ajustaron a los reglamentos vigentes de la Armada Argentina.
En esa misma línea se expresó el abogado Gastón Morillo, representante de Luis López Mazzeo, quien sostuvo que la acusación fiscal carece de fundamentos suficientes y afirmó que “no se probó que López Mazzeo hubiera incumplido sus deberes”. Según expresó durante su exposición, la Fiscalía no logró acreditar cuál fue la causa concreta del estrago y, por lo tanto, tampoco pudo demostrar una relación causal entre la actuación de su defendido y el hundimiento del submarino. Incluso llegó a sostener que el Ministerio Público “debería haber pedido la absolución” porque, según su interpretación, ninguno de los casi cien testigos declaró que el ARA San Juan no estuviera en condiciones operativas.
Por su parte, la defensora oficial Leticia Diez, quien representa a Héctor Alonso y Hugo Correa, adhirió a los argumentos desarrollados por Morillo y cuestionó con dureza la valoración de la prueba realizada por la Fiscalía. Durante su alegato sostuvo que el Ministerio Público seleccionó únicamente aquellos testimonios que respaldaban su hipótesis y afirmó que para sostener la acusación “debió esconder pruebas”.
Respecto de Alonso, defendió la decisión de postergar la inspección de seguridad del submarino y planteó que resultaba irrazonable esperar que se opusiera a una orden superior. En relación con Correa, aseguró que no existe evidencia que permita vincular sus actos con el desenlace fatal de la misión y concluyó solicitando la absolución de ambos imputados.
Mientras tanto, las familias de los 44 submarinistas aguardan el desenlace con la misma mezcla de expectativa, dolor e incertidumbre que las acompañó durante todo el proceso. A lo largo del juicio fueron escuchadas madres, padres, esposas, hermanos e hijos que reconstruyeron el impacto devastador que dejó la tragedia en sus vidas y reclamaron, una y otra vez, que la Justicia determine las responsabilidades de quienes integraban la cadena de mando.
El cronograma para este miércoles ya está definido. Según pudo saber el móvil de exteriores de LU12 AM680, la audiencia comenzará a las 9 de la mañana con la posibilidad de que los cuatro imputados ejerzan su derecho a pronunciar sus últimas palabras antes del fallo. Finalizada esa instancia, el Tribunal pasará a un cuarto intermedio para luego regresar a la sala y dar lectura a la sentencia.
Será el momento más esperado de un proceso judicial que atravesó pericias, documentos, testimonios técnicos, reconstrucciones y un intenso debate jurídico sobre las responsabilidades de los altos mandos de la Armada.
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