Por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente envió al Congreso un proyecto para que las mujeres dejen de practicarse abortos en la clandestinidad. Nunca estuvo en discusión si el aborto “sí” o el aborto “no”, los feminismos operaron con argumentos sólidos y para desnudar la crudeza de estas prácticas, y lograron poner en la centralidad de la discusión que era un asunto de salud pública.

Entre la negativa del Senado al anuncio de ayer, el movimiento de mujeres logró además, que el tema madurara lo suficiente en la sociedad argentina, a diferencia de los sectores conservadores que no militaron una alternativa.

Eso, y el cambio de fichas en el Congreso los agarra mal parados. Se sabe, a esta altura que el proyecto tiene fortísimas chances de convertirse en ley. La mirada está puesta en más de una docena de indecisos.

En Santa Cruz ahora hay más manos a favor con la incorporación de Paola Vessvessian y Pablo González, a quienes se suman los positivos de Roxana Reyes, Juan Vázquez, Ana Ianni y Eduardo Costa.

Quienes votaron en contra siguen en sus bancas: María Belén Tapia y Antonio Carambia.

“Desde hace mucho tiempo vengo planteando la necesidad de que la palabra empeñada recupere su valor en la política argentina. Esa palabra que empeño es siempre la expresión de mis más firmes convicciones, aquellas que me guían y conducen permanentemente” dijo ayer Alberto Fernández en la introducción del anuncio que, en términos políticos, contrasta fuertemente con los años del gobierno de la alianza Cambiemos que dijo en campaña lo que no hizo en el poder.

Legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y llevarla al sistema de salud es una deuda de la democracia con las mujeres y cuerpos gestantes.

Una decisión que tiene un costo político importante, pero que en términos económicos disminuye el costo de atender mujeres que llegan a los hospitales con abortos mal realizados.

En Santa Cruz, la organización Araucarias dio a conocer recientemente que unas 600 mujeres son hospitalizadas al año como consecuencia de un aborto incompleto.

A ellas, no les hizo mella la criminalización de la práctica, porque en muchísimos casos la maternidad forzada no es una opción.

“Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa”, dijo el presidente, en función de los mismos datos generados por el Ministerio de Salud de la Nación.

El anuncio de este martes es entonces, el acompañamiento de un Estado a una legalización que se ganó en las calles, pero por sobre todas las cosas un acto de equidad. Hoy quienes tienen el dinero pueden abortar en condiciones seguras, en clínicas y con médicos que probablemente en el sistema de salud sean objetores, las que no pueden hacerlo, son empujadas a la posibilidad de morir en el intento.

Si bien estos días serán de intenso debate social, la aprobación de la ley está a la vuelta de la esquina y los gobiernos provinciales deberán avanzar, más temprano que tarde, en la puesta a punto del sistema de salud para que la ley se cumpla.

En ese sentido, Santa Cruz fue de las primeras en adherir este año a la actualización del protocolo de aborto legal (ILE) que opera bajo tres causales: salud, violación o discapacidad, sin embargo hay barreras que filtran el acceso a la práctica, y es que más del noventa por ciento de los médicos y las médicas son objetores de conciencia.

En el caso del proyecto actual, la objeción permanece, aunque con la obligación de derivar a las pacientes a médicos y médicas verdes, y lo cierto es que Santa Cruz va a tener que salir a buscarlos.

El anuncio es además un acto de justicia y reparación porque la otra mitad fue el programa de los mil días, para las mujeres que desean tener un hijo o una hija y no pueden sostener el costo de esa decisión.

Busca “bajar la mortalidad, malnutrición y prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”, aclaró, sobre la nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una AUH, que se va a pagar una vez al año por cada niño o niña menor de tres años.

Con esta doble presentación, el Gobierno rompe con una lógica anti derechos que dice que las que abortan son pobres, pero a las que quieren tener hijos se las castiga por elegir esa maternidad en la pobreza.

Así las cosas, el Día de la Militancia reivindicó a uno de los movimientos más apabullantes de los últimos tiempos, una marea que es ejemplo en el mundo y que reivindica a la política, porque el aborto legal es justicia social