La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua que recae sobre un hombre acusado de haber participado en el macabro homicidio de un niño de 12 años que fue violado, torturado y empalado en el marco de un presunto ritual satánico.
El máximo tribunal ratificó la condena contra Daniel Alberto Alegre por la causa conocida como “Ramoncito”, como era el nombre de la víctima asesinada en la localidad correntina de Mercedes el 6 de octubre de 2006.
Ese 6 de octubre hace 15 años, el niño Ramón Ignacio González salió de su casa hacia la escuela pero nunca llegó al establecimiento escolar ni regresó a su casa. Dos días después, el incesante ladrido de los perros alertó a los vecinos. El cuerpo del niño fue hallado en unos pastizales, al lado de las antiguas vías del ferrocarril, con quemaduras de cigarrillos, golpes, el cuero cabelludo arrancado, degollado y con signos de haber sido violado. A pocos metros se encontraba el cráneo completamente escalpado.
La investigación permitió determinar que el pequeño, quien vendía estampitas cerca de una vieja estación de trenes, había sido captado por una suerte de secta. Aquel día fue trasladado a una casa alquilada, donde tuvo lugar el ritual, del que participaron al menos 10 personas.
Martina Ventura y Ana María Sánchez eran las líderes, las encargadas de tratar con los niños reclutados, y fueron quienes llevaron a Ramoncito a una antigua y amplia casa ubicada en la esquina de las calles Sauce y Aromito de Mercedes que era alquilada por Omar Aranda, conocido curandero. Entre la noche del 7 y la madrugada del 8, asesinaron al niño luego de someterlo a vejámenes, incluso con él ya muerto.
Se constató que, en distintas instancias, también participaron del crimen Esteban Iván Escalante, Daniel Alegre, Jorge Carlos Alegre, Carlos Beguiristain, Claudio Nicolás González, Patricia López y Fermín Sánchez. Pero no se trató de un crimen común, ya que fue un rito satánico en el que se ofreció una víctima a deidades de diferentes cultos.
Durante esas horas, Ramoncito fue golpeado en reiteradas oportunidades, incluso lo torturaron de diversas formas como quemarlo con cigarrillos y hacerle cortes con cuchillos. Al menos dos personas lo violaron antes de empalarlo.
Se comprobó que Ventura y Sánchez planificaron el homicidio y torturaron al niño, Aranda prestó su casa sabiendo lo que iba a ocurrir y participó del plan. Fermín Sánchez, pai kimbanda y Daniel Alegre fueron dos de las personas que violaron al niño, mientras que Patricia López, enfermera, le suministraba drogas a la víctima para que pudiera soportar el proceso.
Alegre lo terminaría ultimando y degollando, Beguiristáin escalpó prolijamente la cabeza. Jorge Alegre, Esteban Iván Escalante y Claudio Nicolás González colaboraron con las torturas y en trasladar el cadáver en un Fiat Regatta hasta la zona en la que apareció. La ubicación de las partes del cuerpo y las pertenencias del niño también formaron parte del rito.
Todos fueron condenados por el delito de “homicidio triplemente calificado, por haberse cometido con ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante y privación ilegítima de la libertad”.
El fallo, ahora confirmado por la Corte, dio por probado “el padecimiento prolongado ocasionado al menor previo a su muerte, por la participación de varias personas que se aprovecharon del absoluto estado de indefensión del pequeño, que dado su estado físico de desnutrición y psicológico, no pudo oponer resistencia alguna”.
Un testimonio clave en el crimen de Ramoncito
Para el esclarecimiento fue clave el relato de una niña de 14 años, también captada por la secta, que había presenciado el ritual y contó con detalles propios de un filme de terror las circunstancias del crimen.
Todos los integrantes de la banda fueron condenados en un primer juicio, pero Alegre permaneció prófugo durante cuatro años, entre 2007 y 2011.
Ese año fue capturado en Unquillo, Córdoba, donde se desempeñaba como inspector de tránsito con una identidad falsa.
Condenado en 2015 también él a perpetua, su defensa oficial, a cargo de José Nicolás Báez, presentó un último recurso ante el máximo tribunal, pero en su último acuerdo los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti dejaron firme la sentencia.
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