Los detalles exclusivos de la primera jornada del juicio histórico por el hundimiento del ARA San Juan

El 15 de noviembre del 2017 fue una jornada que quedó grabada a fuego en la memoria de los argentinos. En aquel día, se perdió el contacto del ARA San Juan en las aguas del Mar Argentino.

Ahora, luego de ocho años de espera, idas y venidas por diversas cuestiones, llegó el día tan esperado: en las instalaciones del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, comenzó el juicio contra los acusados de haber sido responsables del fallecimiento de 44 héroes que perdieron la vida una vez que el submarino había implosionado.

Luego de presiones de las partes, finalmente, por orden de la Justicia, el debate de valoración de pruebas en la localidad de Río Gallegos, fue en la mañana de este martes cuando, cerca de las nueve, en el primer piso de la Kirchner y San Martín comenzó el debate.

Cerca de las ocho y media comenzaron a llegar las partes. En el ingreso, en las rejas del edificio, había sido colocada una bandera recordando a los 44 héroes que perdieron la vida.

Los primeros en llegar, juntos a las 8:26 horas fueron el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, acompañados por un colaborador de la Unidad de Defensa Pública de Caleta Olivia. Minutos después llegó el capitán de navío Claudio Villamide, acompañado por su abogado Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo. En último ingresó a la sala de audiencias el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, junto con el defensor público Gastón Morillo.

Desde temprano, también esperó a que abrieran la sala, la abogada querellante, representante de 34 familiares de víctimas, Valeria Carreras. Por último llegó el cuerpo de fiscales encabezados por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Gastón Franco Pruzan, acompañado por María Andrea Garmendia Orueta, fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Lucas Colla, fiscal federal interino a cargo de las sedes centralizadas de Caleta Olivia; y Julio Zárate, fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos.

El proceso está a cargo de un Tribunal Oral presidido por el juez Mario Reynaldi, de la provincia de Santa Cruz, acompañado por los vocales Enrique Baronetto, de Comodoro Rivadavia, Luis Alberto Giménez, también de Santa Cruz, y Guillermo Adolfo Quadrini, de Tierra del Fuego. Ellos fueron los últimos en ingresar a la sala de juicio. A uno de sus costados se encontraban los imputados en una fila detrás de sus defensores. En todo momento, mantuvieron una postura rígida mirando al frente con firmeza e intercambiando la posición de las manos según como ubicaban sus piernas durante el desarrollo del debate.

Con la apertura de la jornada, Reynaldi dio inició a un juicio histórico para la provincia de Santa Cruz: por la magnitud del caso, la cantidad de víctimas y la jerarquía de los imputados en la causa.

Como dato Luis Tagliapetra, querellante en la causa, participó de la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom. Luego de unos minutos, el presidente dio lugar a los imputados para que se presenten. Todos con un tono característico al lenguaje militar, respondieron sin titubear sus nombres, sus jerarquías y sus números de DNI.

Luego llegó el momento de la “protagonista” de la jornada, la secretaría de Cámara del Tribunal Oral Federal, Griselda Arizmendi quien, casi sin interrupciones durante seis horas, dio a conocer el requerimiento de elevación a juicio contra los imputados. Allí se reconstruyó el contexto técnico y operativo del submarino, así como las condiciones en que se encontraba al momento de zarpar.

Uno de los puntos más sensibles expuestos en la lectura fue que la nave habría permanecido 36 meses sin ser inspeccionada integralmente, cuando el fabricante establecía revisiones cada 12 meses, es decir que no había sido mantenida por, al menos, desde el 2014. Además, se mencionó que el submarino no habría sido sometido a todas las pruebas necesarias para garantizar su aptitud de navegación. Estos elementos forman parte central de la acusación, que sostiene que existieron omisiones relevantes en los controles y certificaciones técnicas.

En la audiencia también se incorporaron informes de especialistas en ingeniería naval y peritos que analizaron las posibles fallas técnicas que pudieron haber contribuido al desenlace fatal.

El ritmo de la jornada estuvo marcado por la intensidad del material probatorio. Luego de la primera etapa de lectura, el tribunal dispuso un cuarto intermedio de 15 minutos para permitir que la secretaria pudiera recuperar la voz y continuar con el desarrollo del acto procesal. Tras la reanudación, se avanzó con nuevos informes técnicos y testimonios incorporados a la causa, profundizando en las circunstancias previas al último contacto con la nave.

De acuerdo al requerimiento, las teorías del caso son contundentes sobre si se podría haber evitado las muertes de 44 submarinistas y esto quedó claro en la lectura de elevación a juicio por parte de Arizmendi.

Para comprender el caso, se tiene que tener en cuenta los antecedentes y el contexto en el que ocurrió la desaparición y posterior implosión del ARA San Juan. Entre el 2008 y el 2014, se realizó la reparación de Media Vida de la nave, ésto implicó el corte del casco resistente y el reemplazo de motores y celdas de batería.

También, en el 2016, un año antes del hecho fatídico, la Sindicatura General de la Nación evaluó la ejecución física y financiera del proyecto de reparación, señalando la necesidad de reparación de media vida según los manuales del fabricante.

En el mismo año, la auditoría de la Inspección General de la Armada concluyó que las deficiencias en el equipamiento operativo del submarino dificultaban su alistamiento y que el incumplimiento de los mantenimientos previstos en dique seco afectaba su operatividad.

Durante la lectura de la elevación a juicio, también se hizo hincapié en un incidente que ocurrió en marzo del 2017, se realizó una solicitud de Ingreso a Dique Seco. En esa oportunidad, se solicitó el ingreso al dique para realizar trabajos de carena y reparar novedades, destacando el estado de los periscopios, la limitación de operatividad a 100 metros por una pinchadura en la tubería de refrigeración y la necesidad de chequear el sistema de transmisión de potencia.

Incluso, durante ese año, tres meses después tras una navegación, el informe de actividades detalló numerosas fallas, incluyendo la navegación con un solo periscopio, fallas en el sistema de propulsión, disminución de aceite en el sistema hidráulico, e ingreso de agua de mar al ventilador de batería de proa por falta de estanqueidad en la válvula E-19. También se informó sobre el uso de canisters de cal soda vencidos, algo que podría generar problemas en el futuro.

Respecto de la jornada fatídica en la que ocurrió la implosión, minutos antes de la medianoche,, el jefe de operaciones informó un “principio de incendio en el tanque de baterías debido al ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación, causando un cortocircuito, minutos después el comandante informó que el incendio estaba controlado y que intentaría descender a plano profundo. El COF ordenó finalizar la patrulla y regresar a Mar del Plata, aunque esto nunca ocurriría.

Tal como se pudo ver en la transmisión oficial, y como fue replicada en laopinionaustral.com.ar en su cobertura exclusiva en la que las partes también contaron sus primeras percepciones y reflexiones antes, durante y después de la jornada, fueron necesarios algunos cuartos intermedios para que la secretaria descanse la voz y también para que los presentes puedan despejarse unos momentos.

Tal como lo indicó una de las partes, lamentablemente, por la situación económica que se encuentran pasando las víctimas, no pudieron asistir al recinto de manera presencial y, siguieron la jornada a través de la transmisión oficial.

Para comprender la acusación, hay que remitirse a las conclusiones de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, recitadas este martes en la sala de Kirchner y San Martín como que el submarino ARA San Juan no estaba en condiciones técnicas seguras para cumplir la misión encomendada debido al incumplimiento de los ciclos de mantenimiento correctivos. Asimismo como que el hundimiento no fue un hecho instantáneo, fortuito o imprevisible, sino un desenlace previsible en el que confluyeron factores climáticos y el deficiente estado de mantenimiento de la unidad, además de la manipulación de la válvula E-19 en la navegación de julio de 2017, que permitió el ingreso de agua al tanque de baterías, que debió servir como alerta suficiente.

Como así también la conducta de los imputados fue pasiva y negligente, haciendo caso omiso de sus deberes y dejando un riesgo no permitido que llevó al resultado fatal.

La calificación

Los cuatro miembros de la Armada están procesados por la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio , estrago culposo agravado por el resultado de muerte, todo ello en concurso ideal. En caso de ser encontrados penalmente responsables, pueden llegar penas que podrían llegar a ser efectivas, es decir, con los acusados tras las rejas.

Desglosando cada uno de los cargos y siempre según el requerimiento de elevación a juicio, se le endilga al contralmirante y Comandante de Adiestramiento y Alistamiento, Luis Enrique López Mazzeo no haber puesto el submarino ARA San Juan a disposición de los operativos, siendo responsable de no fijar y supervisar adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento y el mantenimiento del submarino.

También se le acusó de permitir la participación del submarino en la orden de operaciones COPS 417, a pesar de conocer la falta de mantenimiento programado, el deterioro o falta de equipamiento, y la ausencia de pruebas de mar fundamentales (máxima profundidad y velocidad) que limitaban la unidad a operar a 100 metros.

Respecto de Claudio Villamide, capitán de Navío y ex jefe de la Fuerza de Submarinos, se le imputa haber recibido 47 desperfectos técnicos antes del hundimiento y se le acusa de no haber ordenado que el submarino saliera a flote tras conocerse el principio de incendio en la sala de baterías. Se le atribuyen responsabilidades en el manejo de la emergencia.

En la misma sintonía, Héctor Alonso ex jefe del Estado Mayor de Comandos de las Fuerzas Submarinas y responsable de mantenimiento de arsenales afronta cargos por no garantizar el cumplimiento de las normas de alistamiento técnico y por no activar rápidamente el estado mayor ante la crisis.Tal como dice la acusación leída este martes, fue uno de los primeros en recibir el mensaje satelital sobre el principio de incendio y se le atribuye haber minimizado la gravedad de la situación.

Por último, a Hugo Miguel Correa, Jefe de Departamento de Operaciones, Jefe de División de Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe de Cargo de Comunicaciones y Jefe de Secomsup del Comando de la Fuerza de Submarinos se le imputa haber omitido diligencias propias de sus cargos, no asegurar un servicio de comunicaciones rápido y seguro entre el submarino y el COF, y no actualizar los planes en vigor. También se le acusa de permitir la participación del submarino en la orden de operaciones COF 417, a sabiendas del estado defectuoso del mantenimiento y la falta de equipamiento.

Cerrando la jornada, cerca de las dos y media de la tarde del martes, cuando el cielo de Río Gallegos se cubrió de nubes, Reynaldi dio inicio a la valoración de pruebas con expresa atención a las cuestiones preliminares respecto de los testigos que, a partir de este miércoles, podrían llegar a comenzar a desfilar por el recinto. Aquí hubo diferencias ya que algunos presentaron una lista de 35 personas que podrían dar su testimonios y otros hasta 80. Reynaldi fue claro expresando que ésto se puede resolver en los próximos días, sin necesidad de alterar el normal desarrollo del debate.

“Se puede negociar entre las partes” expresó buscando tender puentes entre Fiscalía, querellas y defensas. En el mismo sentido explicó como será dinámica de las audiencias. Durante esta primera semana se extenderán hasta el viernes, luego se descansará una semana y el lunes 23 de marzo continuarán las mismas. Se presume y se tienen apartadas 20 jornadas para el recinto donde continuará el debate. Algunas de las partes entendieron que el hecho que haya 8 testigos por día podría entorpecer el juicio ya que “no se atenderían las cuestiones de fondo” opinó una de las partes.

Lo que viene y las claves

Para este miércoles a las nueve de la mañana, se espera que los cuatro imputados sean sentados en el banquillo de acusados para que den su versión de los hechos. Aunque no hubo certezas sobre si responderían preguntas de los fiscales, de sus abogados o de las partes querellantes.

De esta manera, comenzó un juicio que promete sentar un hito histórico en la historia de Argentina. Desde la ciudad de Río Gallegos se buscará encontrar la verdad sobre lo que ocurrió con el ARA San Juan que se cargó la vida de 44 héroes que, desde el más allá, esperan Justicia