El fiscal Guillermo Marijuan sostuvo en su dictamen que “no se advierte la comisión de conducta ilícita alguna por parte de la titular de Anses; debiendo destacarse que el otorgamiento del beneficio alcanzado surge de una decisión dictada por el ámbito judicial competente y como consecuencia de la demanda iniciada por la propia beneficiaria, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.

 

El dictamen fue presentado ante el juzgado federal 11, subrogado por el juez Julián Ercolini, que deberá proceder a la desestimación de la denuncia por el simple hecho de no contar con impulso del fiscal en quien, además, habían sido delegadas las actuaciones.

 

“De la simple lectura de la denuncia introducida se advierte que la decisión adoptada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) responde a la obligación impuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 en los autos 38870/2017”.

 

“En lo que respecta a la Anses -quien se encuentra presentada en el proceso judicial- si bien apeló la sentencia, tal situación no implica la comisión de conducta delictiva por parte de la responsable de ese organismo”, aseguró el fiscal.

 

Queda claro que el acto administrativo por el cual es denunciada la titular de la Anses tuvo motivación en la decisión judicial citada anteriormente. A su vez, conforme surge de la compulsa efectuada en el sistema público de expedientes www.scw.pjn.gov.ar y de la lectura de la sentencia definitiva, la parte actora -Cristina E. Fernández- inició una demanda cumpliendo con las exigencias y pasos judiciales correspondientes”, detalló.

 

En su denuncia, Martínez –otrora socia política de Margarita Stolbizer- afirmaba que “la decisión de la Anses de restituir el beneficio a la vicepresidenta, encontrándose un recurso de apelación interpuesto por la propia Anses en la causa judicial, perjudica los intereses del Estado, ya que implica la erogación de una importante suma de dinero para Fernández de Kirchner”.

 

El 18 de marzo, la exmandataria adelantó que renunciará a su sueldo como vicepresidenta desde el 1° de abril porque la Anses la había notificado sobre la restitución de la pensión como ex jefa de Estado, que le había sido retirada durante los años del gobierno de Mauricio Macri.

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