Milei disolvió IOSFA y creó dos nuevas obras sociales para Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad

El presidente Javier Milei avanzó con una reforma estructural del sistema de cobertura de salud del personal militar y de seguridad al disponer la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y su reemplazo por dos nuevas entidades autárquicas. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La norma establece la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional. Según el Poder Ejecutivo, el objetivo central es ordenar un sistema que arrastraba un déficit estructural y garantizar la sostenibilidad financiera de las prestaciones médicas para más de medio millón de afiliados.

Por qué el Gobierno decidió disolver el IOSFA

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo detalló que el IOSFA atravesaba un desequilibrio financiero persistente producto del incremento sostenido de los costos de las prestaciones médico-asistenciales y de los medicamentos, sumado a la heterogeneidad de su padrón de afiliados y la dispersión territorial de los beneficiarios.

De acuerdo con estimaciones oficiales difundidas durante 2025, la obra social acumulaba una deuda cercana a los 200.000 millones de pesos y un déficit operativo mensual del orden de los 10.000 millones. Esta situación derivó en interrupciones de servicios y retrasos en pagos a prestadores, afectando la cobertura de casi 600.000 afiliados en todo el país.

Desde el Gobierno señalaron que el esquema unificado había dejado de ser viable, especialmente tras la incorporación de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad y presentan realidades operativas y demográficas distintas a las de las Fuerzas Armadas.

Dos nuevas obras sociales con jurisdicciones diferenciadas

El nuevo esquema prestacional divide la cobertura según el ámbito de pertenencia de los afiliados. La OSFA se constituirá como un ente autárquico bajo la fiscalización del Ministerio de Defensa y estará destinada al personal de las Fuerzas Armadas, civiles, retirados y sus grupos familiares. Su conducción quedará a cargo de un Directorio integrado por representantes de cada fuerza, con presidencia rotativa.

Por su parte, la OSFFESEG funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional y brindará cobertura específica al personal de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Prefectura Naval Argentina. También será un ente autárquico, con personería jurídica propia y un Directorio integrado por cinco miembros.

El decreto remarca que la diferenciación permitirá diseñar coberturas más adecuadas a las características de cada universo prestacional, con esquemas financieros independientes y mayor control sobre los recursos.

Blindaje financiero y control de gastos

Uno de los puntos centrales de la reforma es la asignación rígida de los recursos. El decreto establece que el 80% de los ingresos de ambas obras sociales deberá destinarse exclusivamente a prestaciones médico-asistenciales, mientras que hasta un 8% podrá utilizarse para gastos administrativos y de funcionamiento. El 12% restante solo podrá derivarse a otras prestaciones sociales si la cobertura de salud se encuentra plenamente garantizada.

Además, se fijaron requisitos de idoneidad técnica para los integrantes de los Directorios y un régimen estricto de incompatibilidades para prevenir conflictos de interés. Las nuevas entidades estarán bajo auditoría permanente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), con el objetivo de evitar irregularidades de gestión como las detectadas en el IOSFA.

Período de transición y continuidad de tratamientos

El decreto establece un período de transición de hasta 365 días corridos entre su entrada en vigencia y la disolución definitiva del IOSFA. Durante ese lapso, se garantizará la continuidad de la cobertura médico-asistencial, especialmente para aquellos afiliados que se encuentren realizando tratamientos que no puedan ser interrumpidos.

El Ministerio de Defensa designará un administrador responsable del proceso de liquidación y traspaso de activos, pasivos, personal y bienes. Asimismo, se conformará una Comisión Especial Ad-Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Economía y Salud, encargada de supervisar que el traspaso se realice sin afectar el Programa Médico Obligatorio ni los derechos adquiridos de los afiliados.

Antecedentes y advertencias previas

La medida había sido anticipada meses atrás por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, quien advirtió públicamente sobre la situación crítica del IOSFA. En noviembre de 2025, Petri sostuvo que la obra social había quedado prácticamente quebrada tras un aumento del 320% en medicamentos y prestaciones médicas durante 2023, muy por encima de la evolución de los ingresos.

También señaló irregularidades en la liquidación de aportes patronales y una deuda acumulada superior a los 150.000 millones de pesos por contribuciones mal calculadas. En ese contexto, desde el Ministerio de Seguridad se impulsó la salida de la Prefectura y la Gendarmería del esquema unificado para que contaran con su propia obra social.

Impacto territorial y expectativa oficial

La urgencia del reordenamiento se hizo sentir con fuerza en zonas estratégicas como Punta Alta, donde ATE denunció que cerca de 42.000 personas dependen de esta cobertura y sufrieron meses de interrupciones en servicios básicos de salud.

Desde el Gobierno sostienen que la descentralización permitirá una gestión más eficiente y alineada con las necesidades específicas de cada fuerza, asegurando la sostenibilidad financiera a largo plazo y resguardando el derecho constitucional a la salud del personal militar y de seguridad y de sus familias.