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Tras el triunfo de Javier Milei como presidente, la provincia de Santa Cruz tendrá por delante el desafío de avanzar en la consolidación de un gobierno de distinto signo político, a la par que en la Nación con el desembarco del liberalismo, una experiencia desconocida para nuestro país que representa una de las mayores incógnitas respecto a cómo se dará el proceso de articulación federal.

Aún cuando el gobierno electo decidió mantenerse neutral frente a la votación de este domingo y hubo colaboración en la fiscalización a La Libertad Avanza por parte del Partido provincial SER, no puede decirse que la Santa Cruz que viene vaya a tener buena sintonía con la Nación. Simplemente porque no hubo en este tiempo de campaña electoral señales a las provincias que dieran la pauta de establecer un vínculo que se pueda traducir en políticas hacia la periferia. Un síntoma de esto es la ausencia de compromisos vinculados a la continuidad de obras.

En este sentido, no es un dato menor que Santa Cruz tiene hoy en ejecución la obra más importante que se esté llevando adelante en el país: las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

Por otro lado y tal como lo manifestó oportunamente el actual presidente de YPF, es toda una incógnita lo que pueda suceder con Palermo Aike, un yacimiento de no convencional en la Cuenca Austral que se perfila como una suerte de Vaca Muerta.

La posible privatización de YPF es clave para una provincia como Santa Cruz que en los noventa padeció, esta decisión durante el mandato de Carlos Menem, que provocó un tendal de despidos y un declive en la curva de inversión ejecutada por la española Repsol.

Luego de que Sergio Massa ganara en las generales de octubre, el discurso del partido libertario bajó unos cuantos decibeles respecto a su plataforma electoral. El propio Javier Milei desmintió varios puntos, como la venta de órganos o la privatización de los sistemas de educación y de salud, sin embargo, nunca se modificó la presentación ante la Justicia Electoral, que al cierre de esta edición se mantenía intacta.

En ese contexto, uno de los puntos que se había desmentido en las últimas semanas estuvo vinculado a la eliminación de la coparticipación federal de impuestos que impacta en las provincias. Los distritos como Santa Cruz tienen actualmente demandas ante la Corte Suprema por la eliminación vía decreto de necesidad y urgencia que hizo el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, vinculadas al fondo federal solidario.

Hoy no es posible conocer qué sucederá con esto y probablemente haya provincias que reclamen al nuevo presidente una confirmación en este sentido.

Si algo no cambió entre octubre y ayer, por el contrario, se endureció, fue la posición del binomio respecto de la política de Derechos Humanos y la narrativa de una verdad completa” sobre lo que sucedió durante la última dictadura cívico militar en nuestro país. Esto generó un efecto de reacción en cadena que unificó el voto de Unión por la Patria, que probablemente sin esta problematización histórica pudo haber sido todavía inferior.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Esto permite pensar que no sería sencillo generar políticas en el corto plazo que modifiquen el consenso que suponíamos en torno a memoria, verdad y la justicia, pero tampoco es un asunto en el que las provincias tengan comprometida la gestión y por lo tanto, no hay mucho ahí que se juegue en los distritos.

Los factores que representan una amenaza a la paz social son económicos y están vinculados a los cambios en las relaciones laborales y la participación de los sindicatos en la construcción del salario.

Libertad de contratación, la abolición del salario mínimo y la consolidación de un mercado de trabajo plenamente libre, que traerá como consecuencia un aumento del salario y del empleo. Como mecanismo ideal para seguro de desempleo, se propondrá un régimen de capitalización individual, al cual cada trabajador hará aportes mientras esté en actividad y de cuyos fondos será dueño exclusivo, disponiendo de los mismos libremente cuando quede sin empleo o cuando decida retirarse de la actividad laboral”, figura entre las primeras propuestas de la plataforma vigente del nuevo presidente.

La Libertad Avanza pretende una “reforma sindical total” para que los gremios pierdan también “su rol de intermediadores en la provisión de la salud a través de las obras sociales”, sin contar con que “las negociaciones salariales deben ser por empresas, eliminando la negociación colectiva, que no contempla la situación diferencial de distintas empresas dentro de cada rama”.

Finalmente, en una provincia donde el universo de estatales es abultado, es un alivio para muchos que el nuevo gobierno provincial se mostrara decidido a proteger a los estatales. El problema es, desde anoche, la incertidumbre que gira en torno a organismos y las empresas del Estado nacional que tienen incidencia en Santa Cruz, como YCRT.

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