Nación trasladó a las provincias y municipios la asistencia a las personas en situación de calle

Ante la inminente llegada del invierno y la exposición de las personas sin techo a temperaturas extremas, el Gobierno nacional decidió modificar la normativa vigente para la asistencia a las personas en situación de calle. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, encabezó esta reforma que busca descentralizar el abordaje de la problemática y otorgar mayor protagonismo a las provincias y municipios. La idea es que la ayuda llegue de forma más rápida y efectiva, con un Estado nacional que asuma el rol de rector y coordinador de las políticas en todo el país.

Según datos del Censo 2022, en Argentina hay 2.962 personas en situación de calle, la mayoría concentradas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que la cifra real es mucho mayor.

El nuevo enfoque del Gobierno nacional apunta a dar respuesta a un universo heterogéneo y en constante cambio: un reciente relevamiento en la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires reveló que uno de cada cuatro adultos vive en la calle desde hace menos de un año, un dato que refleja la inestabilidad social y económica actual.

La normativa también busca poner fin a la discrecionalidad que primó en el otorgamiento de subsidios económicos y mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Estado. Se subraya que las personas en situación de calle tienen derecho a la identidad, a la dignidad, al acceso a los servicios públicos y a una vivienda digna, así como a la no discriminación y a la protección integral. Además, se refuerza la obligación estatal de realizar un relevamiento nacional anual, para tener datos precisos y diseñar políticas públicas que garanticen el acceso a derechos fundamentales.

Esta modificación llega en un momento clave: el frío extremo en muchas regiones del país pone en riesgo la salud y la vida de quienes no tienen un techo. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y las fuerzas de seguridad trabajarán en conjunto, respetando protocolos que garanticen la seguridad y dignidad de estas personas vulnerables. En la provincia de Mendoza, donde se discute además el cobro de rescates en la montaña, las autoridades ya activaron operativos de emergencia para dar asistencia a quienes más lo necesitan en los próximos días.

La nueva normativa establece un piso mínimo de derechos y garantías, y reconoce que vivir en la calle o estar en riesgo de llegar a esa situación son formas extremas de vulnerabilidad social. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la red de contención y protección, al tiempo que se mantiene el desafío de garantizar que ninguna persona quede desamparada frente al frío y la indiferencia.