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El Consejo Federal Pesquero (CFP) avanza en el proceso de licitación para adjudicar entre 18 y 20 nuevos permisos de pesca de calamar (Illex argentinus) en el Mar Argentino, informó a La Opinión Austral Sergio Klimenko, secretario de Pesca de Santa Cruz.
La flota nacional cuenta actualmente con 84 unidades operativas. Históricamente el caladero funcionaba con más de 104 buques poteros sin inconvenientes biológicos. La incorporación de las nuevas embarcaciones busca restituir ese punto de equilibrio histórico del sector pesquero.
Impacto productivo en Santa Cruz
La incorporación de la flota modificará el escenario productivo. La provincia proyecta un impacto de al menos 200 empleos adicionales sumando el trabajo en planta, estiba, víveres y talleres.
“Generaría un movimiento muy importante en los puertos y en las comunidades de Puerto Deseado y Caleta Olivia. Cuando entran los barcos, cambia por completo la dinámica y el movimiento económico local”, señaló el secretario de pesca provincial.
Tres de los proyectos presentados corresponden a empresas vinculadas formalmente a Santa Cruz. Pesquera Deseado SA es una de ellas. Bentónicos de Argentina SA participa con capitales rusos y opera actualmente en la pesquería de centolla. La firma Vougafe SA pertenece al empresario Luis Jones y cuenta con la planta de reproceso Vepez en Caleta Olivia.
“Es una resolución estratégica. Consideramos que de esta manera estamos defendiendo la soberanía pesquera de la Argentina ante la milla 201, fortaleciendo la presencia en el Atlántico Sur con más buques”dijo el funcionario del gobernador Claudio Vidal.
Respecto a la presión sobre el recurso, descartó que la iniciativa afecte la sustentabilidad biológica. “El calamar vive un año. Si no lo pescamos dentro de las 200 millas, se va afuera y lo capturan las flotas extranjeras en aguas internacionales. Es preferible que ese recurso lo utilicemos nosotros y se lo saquemos a los chinos o a los españoles”, argumentó.
Asimjismo, valoró que la decisión cuenta con el aval científico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). “La gente del INIDEP y el empresariado completo expusieron que el recurso está robusto y que las condiciones están dadas para que entren hasta 20 buques más“, afirmó Klimenko en declaraciones anteriores a La opinión Austral.
“No solo estoy de acuerdo como secretario, sino porque le preguntamos a la máxima autoridad en biología marina. Nos dijeron que se puede hacer, que no se va a agotar el recurso y que va a generar empleo“.
Evaluación de proyectos
La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera es el área de evaluar actualmente un total de 28 proyectos presentados por diversas empresas armadoras. Tras un receso administrativo de dos semanas se publicará el listado definitivo de las propuestas admitidas. El CFP aclaró que la sola presentación de las carpetas no genera derechos automáticos de adjudicación.
Los permisos se otorgarán estrictamente mediante un sistema de ponderación por puntajes. En caso de paridad en las calificaciones, el orden de desempate favorecerá primero a las firmas con menor cantidad de buques poteros.
Luego se considerará la menor antigüedad de la embarcación, el mayor procesamiento en tierra y el mayor porcentaje de miembros de tripulación nacional.
Incentivos a la industria naval
El sistema de evaluación premia el desarrollo de la industria naval local y el empleo registrado. Un buque nuevo construido en un astillero nacional recibe 80 puntos, frente a los 40 puntos otorgados a una construcción nueva en el extranjero. El compromiso de operar con un 100% de tripulantes argentinos aporta otros 40 puntos.
La Resolución CFP N° 8/2026 fijó plazos diferenciados para la incorporación de las unidades a la matrícula nacional. Los barcos ya construidos podrán sumarse hasta el 31 de diciembre de 2027. Las unidades nuevas fabricadas en el exterior tendrán plazo hasta fines de 2028. Los buques construidos en astilleros argentinos podrán registrarse hasta el 31 de diciembre de 2029.
Requisitos técnicos obligatorios
Las bases de la convocatoria establecen requisitos técnicos obligatorios. Los buques deben operar exclusivamente mediante el sistema de poteras. Sus bodegas no pueden superar los 1300 metros cúbicos de capacidad. La antigüedad de la estructura debe ser inferior a los 20 años.
Cada empresa o grupo económico puede proponer hasta dos embarcaciones. El sistema de selección contemplará inicialmente un solo buque por grupo hasta cubrir el cupo general. Las segundas unidades sólo serán evaluadas si existen vacantes remanentes.
Las normas exigen el compromiso de procesar en tierra al menos el 20% de las capturas bajo pena de caducidad del permiso ante incumplimientos reiterados.
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