La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, criticó con dureza la Reforma Laboral que el oficialismo busca sancionar en el Senado y definió el proyecto como “un manifiesto libertario” cuyo objetivo, según afirmó, es que “el pueblo trabajador no se tiene que dar cuenta”.
Durante el plenario de comisiones en el que La Libertad Avanza buscaba firmar dictamen para acelerar la iniciativa, la legisladora de Unión por la Patria expresó su “angustia” por no haber podido introducir modificaciones orientadas a proteger al trabajador y al desarrollo empresarial.
“Nosotros no estamos en contra de nadie. Estamos a favor de la Argentina y del desarrollo de nuestro país”, sostuvo. Sin embargo, denunció que el texto final no incorporó los aportes presentados por la oposición.
“Una reforma tributaria encubierta”
Alicia Kirchner aseguró que la Reforma Laboral encubre cambios impositivos y funciona como una “ley ómnibus” que altera múltiples normas sin un debate profundo. “Hay una reforma tributaria encubierta”, afirmó.
La senadora señaló que no se respetaron propuestas como la fijación de un mínimo no imponible para pequeñas empresas, que —según indicó— hubiera representado un avance para el entramado productivo.
“Sentí un atropello tremendo. Creo que esto daña la Constitución y la justicia social”, advirtió. En ese marco, sintetizó su postura con respecto a como caracteriza la Reforma Laboral: “El Estado es el enemigo y el pueblo trabajador no se tiene que dar cuenta. Ese es para mí el resumen de esta ley”.
La exgobernadora de Santa Cruz prefirió no profundizar en el debate y aseguró compartir lo que expusieron sus compañeros de bancada.
Capitanich denunció violaciones constitucionales
En la misma línea, el senador Jorge Capitanich cuestionó la legalidad del tratamiento parlamentario y enumeró presuntas violaciones al reglamento del Senado y a la Constitución Nacional.
El legislador planteó la “violación flagrante” de artículos vinculados a la conformación de comisiones y al procedimiento legislativo, así como del artículo 14 bis de la Constitución, que consagra derechos laborales fundamentales.
Capitanich sostuvo que la iniciativa afecta derechos individuales y colectivos, modifica la organización de la justicia laboral y genera un impacto fiscal en provincias y municipios. Según detalló, el esquema podría involucrar a 23 provincias, 2.300 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También cuestionó la modificación de la jornada laboral y comparó la situación argentina con otros países de la región y del mundo que avanzaron en reducciones horarias. “La Argentina es uno de los países con mayor número de horas de trabajo en la semana, el mes y el año”, afirmó.
Además, objetó la flexibilización en materia de vacaciones, indemnizaciones y convenios colectivos, y advirtió que la prioridad de los convenios por empresa sobre los de actividad altera una tradición histórica del derecho laboral argentino.
Recalde criticó el trámite exprés
El senador Mariano Recalde apuntó contra la velocidad del tratamiento y calificó el procedimiento como “exprés” e “irregular”. Señaló que el proyecto, que regresó de Diputados con 218 artículos, modifica o deroga más de una veintena de leyes laborales y tributarias.
Recalde denunció que el texto incluye beneficios fiscales para grandes empresas y sectores de altos ingresos, mientras incrementa la carga sobre trabajadores y jubilados. “Bajan impuestos a los ricos y cargan el costo del ajuste sobre los que menos tienen”, afirmó.
También advirtió que la reforma incrementará la litigiosidad laboral, ya que —según sostuvo— el texto no aclara si las nuevas disposiciones se aplicarán a contratos vigentes o solo a futuras contrataciones.
“El proyecto afecta derechos constitucionales y va a terminar en los tribunales”, anticipó.
Di Tullio habló de degradación institucional
Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio cuestionó la convocatoria al plenario antes de que se cumplieran los plazos reglamentarios y denunció la violación del artículo 103 del reglamento del Senado.
La legisladora afirmó que el oficialismo “viola sistemáticamente” el reglamento y que esa situación abre la puerta a una judicialización del proceso. “Esto va a terminar en la inconstitucionalidad”, aseguró.
Di Tullio también alertó sobre el impacto concreto de la reforma en la vida cotidiana de los trabajadores. Sostuvo que la iniciativa elimina el pago de horas extras mediante la implementación de un banco de horas, amplía la jornada laboral y modifica el esquema de vacaciones.
En un contexto de crisis económica, la senadora mencionó el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo como telón de fondo del debate.
Un Senado polarizado y una votación clave
El oficialismo, encabezado por Patricia Bullrich en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aceleró el dictamen con la intención de llevar el proyecto al recinto y convertirlo en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias.
La Reforma Laboral forma parte del paquete de iniciativas centrales del gobierno de Javier Milei y ya obtuvo respaldo de bloques dialoguistas en votaciones anteriores.
Con fuertes cuestionamientos de la oposición y un clima de alta tensión política, el Senado se prepara para una votación que marcará el rumbo del debate laboral y fiscal en la Argentina y que, según anticipan desde Unión por la Patria, podría derivar en una disputa judicial sobre su constitucionalidad.
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