Piden a la Justicia argentina que reclame a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro para ser juzgado por delitos de lesa humanidad

Tras la detención de Nicolás Maduro en el marco de un operativo llevado adelante por fuerzas de los Estados Unidos, organizaciones civiles y representantes de víctimas impulsaron una ofensiva judicial en los tribunales federales de Comodoro Py para que la Argentina reclame formalmente su extradición y lo juzgue por delitos de lesa humanidad.

El pedido ingresó este sábado en los tribunales federales de Retiro y está dirigido al juez federal Sebastián Ramos, quien tiene a su cargo la causa en la que se investiga al exdictador venezolano junto a Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen chavista.

La presentación fue realizada por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), ambas asociaciones querellantes en el expediente.

Durante una conferencia de prensa en Comodoro Py, los impulsores del reclamo señalaron que la captura de Maduro abre una oportunidad histórica para que la Argentina avance en el juzgamiento de los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano.

Una causa por crímenes de lesa humanidad

La causa que tramita en la Justicia argentina se sustenta en el principio de jurisdicción universal, consagrado en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que permite juzgar delitos de extrema gravedad independientemente del lugar donde fueron cometidos.

Según consta en el expediente, las pruebas reunidas durante los últimos años “permitieron acreditar en forma inexorable las desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones ordenadas por el régimen que dirige Nicolás Maduro Moros”.

En septiembre de 2024, el juez Sebastián Ramos ya había dictado una orden de captura internacional vía Interpol contra Maduro y otros 15 dirigentes y funcionarios venezolanos, con el objetivo de indagarlos por crímenes contra la humanidad.

Tras conocerse la detención del líder chavista por parte de fuerzas estadounidenses, los querellantes solicitaron que se remitan copias de las órdenes de detención vigentes al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, para que el reclamo sea canalizado por la vía diplomática.

De acuerdo con la ley de asistencia jurídica internacional, corresponde a la Cancillería argentina gestionar ante las autoridades de los Estados Unidos la entrega del acusado, amparándose en los tratados internacionales suscriptos entre ambos países.

Actualmente, Maduro se encuentra bajo custodia del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, lo que abre un escenario de negociación sobre la prioridad de los procesos judiciales.

Otros imputados y avances en la causa

Además de Maduro y Diosdado Cabello, la causa involucra a altos mandos militares y policiales venezolanos. Uno de los imputados con mayor actividad procesal es Justo José Noguera Pietri, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y ex gobernador del estado Bolívar.

La acusación sostiene que Noguera Pietri comandó la represión sistemática contra manifestantes pacíficos durante las protestas de 2014, incluyendo detenciones ilegales, torturas y ejecuciones. En el expediente también hay pruebas sobre su participación en la detención del dirigente opositor Leopoldo López, encarcelado el 18 de febrero de 2014 y sometido a más de tres años de tormentos, según su testimonio.

Si bien la defensa del ex funcionario presentó múltiples recursos para revertir la orden de detención y cuestionar la jurisdicción argentina, ninguno prosperó de manera definitiva y algunos aún serán revisados por la Cámara Federal de Casación Penal.

Próximos pasos procesales

Para que Nicolás Maduro sea juzgado en la Argentina, deberán cumplirse los siguientes pasos:

• Activación formal del pedido de extradición por parte del juez Sebastián Ramos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Gestiones diplomáticas entre la Argentina y los Estados Unidos para definir el orden de prioridad de los procesos judiciales.

“El objetivo es evitar que los crímenes de lesa humanidad queden relegados frente a otras causas y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas venezolanas”, señalaron los querellantes en el escrito presentado.