Por decreto, Javier Milei quiere limitar los paros docentes, en salud, pesca y aeropuertos

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, el presidente Javier Milei formalizó un giro profundo en materia de derechos laborales al restringir el alcance del derecho a huelga en una amplia gama de sectores que pasan a ser considerados “servicios esenciales” o “de importancia trascendental”. La normativa, publicada este martes en el Boletín Oficial, obliga a garantizar prestaciones mínimas del 75% en servicios esenciales y del 50% en los restantes, incluso en caso de conflicto gremial.

La medida, que se enmarca dentro del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional bajo el lema de “desregulación y modernización del Estado”, abarca actividades sensibles como la salud, la educación primaria y secundaria, la aeronáutica comercial, los servicios portuarios, el transporte de combustibles, el control migratorio y los servicios de telecomunicaciones, entre otros.

Qué cambia con el nuevo decreto

Con la entrada en vigencia del DNU 340/2025, solo se consideraban servicios esenciales aquellos cuya interrupción pudiera “poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población”, tal como lo establecen convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con la nueva normativa, se amplía drásticamente esa definición e impone condiciones que limitan severamente el ejercicio del derecho a huelga. El artículo 3 del decreto establece que “en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, la cobertura mínima será del 50%”.

Los sectores alcanzados

Entre las actividades que ahora se consideran esenciales, figuran:

• Servicios sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos
• Transporte y distribución de medicamentos
• Educación en niveles inicial, primario, secundario y especial
• Servicios de telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales
• Transporte aerocomercial, control de tráfico aéreo y portuario
• Balizamiento, dragado, estiba, desestiba, remolque de buques
• Servicios aduaneros, migratorios y vinculados al comercio exterior
• Transporte marítimo y fluvial de personas y mercancías

Eliminación de la paritaria docente nacional

El mismo día, el Ejecutivo también oficializó otro decreto clave: la normativa 341/2025, que elimina la participación del Estado nacional en la negociación de la paritaria docente federal. A partir de ahora, la responsabilidad recaerá en el Consejo Federal de Educación, que deberá acordar con los gremios nacionales condiciones laborales, calendario escolar y salario mínimo docente.

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano solo podrá intervenir si considera que el acuerdo vulnera la viabilidad fiscal. En ese caso, podrá rechazarlo y exigir una nueva propuesta.

Esta decisión, según el Gobierno, se justifica en que los servicios educativos están descentralizados y bajo jurisdicción provincial, y por lo tanto corresponde que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como empleadoras naturales, negocien directamente con los sindicatos.

Reacciones y rechazos

La normativa generó una ola de rechazos en ámbitos sindicales, políticos y jurídicos. El abogado laboralista Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, expresó en redes sociales: “Se prohíbe hacer huelgas. Esta modificación es ilegal y va contra los estándares de la OIT. El derecho a huelga no puede limitarse más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la vida o la salud de la población”.

En la misma línea, la diputada nacional Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, sostuvo: “Esto es un ataque directo a los trabajadores. Llamamos a las centrales obreras a convocar un paro general ante este avance autoritario”.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni evitó dar precisiones sobre el alcance del decreto y solo declaró que “nada estará fuera de la ley”.

Un decreto que suma tensión

El DNU se suma a una serie de medidas previas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la reforma laboral contenida en la Ley Bases, la eliminación de fondos de incentivo docente, y el recorte de subsidios y beneficios sociales. El objetivo, según sostienen desde la Casa Rosada, es recortar privilegios, equilibrar las cuentas y limitar la influencia gremial en áreas estratégicas del Estado.

En Santa Cruz, la noticia se conoció mientras trabajadores de Vialidad Nacional realizan un reclamo con retención de servicios por “el inminente decreto de cierre de Vialidad Nacional”. Jaqueline Bórquez, secretaria general del gremio dijo a La Opinión Austral que “para ellos el organismo es sinónimo de corrupción kirchnerista”.

Desde el punto de vista de los trabajadores y expertos en derecho laboral, se trata de un avance regresivo que vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales, por lo que no se descarta que el decreto sea judicializado en los próximos días