Purgarán al 21% de los planes Potenciar Trabajo por graves irregularidades

El escándalo que se generó cuando el informe que elaboró el titular de la AFIP Carlos Castagneto llegó a manos de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, generó un cimbronazo al interior de la cartera por lo que ordenó que el casi millón y medio de personas que cobran los 27 mil pesos del Programa Potenciar Trabajo deberán validar la identidad en menos de dos meses. Si no lo hacen, chau plan.

Juan Zabaleta, Victoria Tolosa Paz.

La medida se conoció luego de que el informe de la AFIP revelara que 253.184 beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo presentaron declaraciones juradas de Bienes Personales, es decir que tuvieron ingresos superiores a los 3,7 millones de pesos al año. Además 35.398 compraron dólares para ahorrar en los últimos 6 meses.

Ahora se supo también que unos 2.800 planes están a nombres de personas fallecidas y que esos planes se siguen cobrando a través de familiares o terceras personas.

Qué medidas tomará el Gobierno con los planes sociales Potenciar Trabajo

Las revelaciones sobre las irregularidades en el plan Potenciar Trabajo surgieron a raíz de un pedido de informes que hizo el 30 de junio el entonces ministro de Desarrollo Social de la Nación Juan Zabaleta a la AFIP. El titular del organismo fiscal, Carlos Castagneto envió el informe el 24 de octubre.

El Plan Potenciar Trabajo tiene 1.383.279 sujetos de derecho que cobran 27.275 pesos cada uno por cuatro horas de trabajo. El 21% de ese total de beneficiarios no deberían cobrar los 7.947.444 pesos que se llevan del Estado.

Carlos Castagneo.

La ministra Victoria Tolosa Paz ordenó que todos los beneficiarios realicen un trámite de autogestión para validar su identidad y, además, deberán responder una encuesta. Quienes no lo hagan antes del 5 de enero, serán dados de baja de manera automática, dijeron a La Opinión Austral fuentes oficiales consultadas.

Al mismo tiempo, la ministra de Desarrollo Social finalizará la auditoría presencial que inició Zabaleta sobre el Programa Potenciar Trabajo junto con estudiantes de universidades que iban a los barrios acompañados por referentes de las organizaciones sociales para visitar cooperativas de la economía popular.

Ambas medidas van en el sentido del decreto 728/22 publicado el 3 de noviembre en el que por un lado se puso un límite a las nuevas incorporaciones al Programa Potenciar Trabajo y por el otro el Gobierno le otorgó a las cooperativas de trabajo de la economía popular el 30% del presupuesto de la obra pública. Una caja millonaria.

Desde el Gobierno explicaron que “desde ahora, los recursos que surjan por bajas de este programa, en lugar de ser destinados a nuevos titulares se utilizarán para la compra de herramientas y maquinarias que serán entregadas a las cooperativas de producción de la Economía Popular”.

En cuanto a las obras públicas reservadas para las organizaciones sociales serán obras de hasta 300 millones de pesos bajo la modalidad de contratación que corresponda por ley y teniendo en cuenta la especialidad de cada cooperativa. “El Estado Nacional priorizará para sus contrataciones a las empresas oferentes que tengan al menos el 5% de sus trabajadores provenientes del Programa Puente al Empleo“, dijeron.

Por otra parte, el Gobierno pondrá en funcionamiento el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, integrado por el ministerio de Desarrollo Social, de Trabajo y las organizaciones de trabajadores de la Economía Popular inscriptas. La misión del Consejo es generar acciones para el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y trabajadoras, el acceso al crédito y el compre estatal para los emprendimientos de la Economía Popular.

El decreto no cayó bien en las organizaciones sociales que el jueves realizaron una marcha como medida de protesta en el Ministerio de Desarrollo Social. En la previa la ministra intentó desactivar el reclamo pero los referentes sociales se fueron disconformes.

“Nos vamos con muchísima frustración, porque son promesas. No tenemos ninguna garantía de que las cumplan porque lo mismo nos dijeron todos los ministros” dijo Eduardo Belliboni del Polo Obrero en la Avenida 9 de Julio en donde además calificó al decreto 728/22 de “muy perjudicial y cuya orientación es un ajuste”.

El jueves pasado las agrupaciones de Unidad Piquetera realizaron una marcha que comenzó a las 10 de la mañana y antes de las 17 ya habían alcanzado un acuerdo sobre algunas demandas, entre ellas la entrega de alimentos, con funcionarios de la cartera social para levantarla.