Qué dijo la Justicia del caso de la mujer a la que le depositaron más de $500 millones por error y los gastó en un auto y electrodomésticos

Un error administrativo del Gobierno de San Luis que terminó con una transferencia millonaria a una mujer de bajos recursos desató un conflicto judicial de alto impacto. La Justicia provincial exige una fianza total de $180 millones a Verónica Alejandra Acosta y cinco miembros de su familia, quienes habrían gastado parte de los $540 millones depositados por equivocación, pese a que el origen del dinero fue un error de un contador del Estado.

La transferencia inesperada que lo cambió todo

Acosta, residente de Villa Mercedes, esperaba recibir $8.000 en concepto de cuota alimentaria. En cambio, encontró en su cuenta más de medio billón de pesos, lo que confundió con un monto menor: “Pensé que eran 500 mil”, declaró ante la Justicia. En las horas siguientes, hizo 66 transferencias bancarias, compró un auto usado, electrodomésticos, materiales para su casa y repartió dinero a familiares.

Según su relato, usó el dinero “por necesidad” y sin saber que se trataba de fondos públicos. Sin embargo, en menos de 48 horas la cuenta fue congelada, y posteriormente se produjeron allanamientos, secuestro de bienes y celulares, e imputaciones penales por defraudación al Estado y retención indebida.

El proceso judicial y la reacción de la defensa

La jueza de Garantía decidió que los seis imputados deberán pagar $30 millones cada uno como fianza para no ir a prisión, con un plazo de tres días hábiles. La defensa de la familia, encabezada por el abogado Hernán Echevarría, apeló tanto la imputación como el monto impuesto:

“Son personas humildes, sin antecedentes. No estamos ante una red de estafadores, sino ante víctimas de un error estatal”, afirmó el letrado.

También criticó la ausencia de responsabilidades administrativas: el contador del Gobierno que realizó la transferencia errónea fue quien denunció el hecho, pero no enfrenta cargos hasta el momento.

Recuperación de fondos y trazabilidad

Desde la Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, se argumentó que hubo intentos previos de contacto con la beneficiaria, pero no se obtuvo respuesta. “La buena fe se demuestra con hechos”, sostuvo.

El Gobierno informó que ya logró recuperar más del 90% del dinero, a través del bloqueo de fondos, devoluciones voluntarias y rastreo de transferencias en billeteras virtuales. Todos los movimientos fueron digitales, lo que permite una trazabilidad precisa del dinero gastado.

Una familia en el centro de la tormenta

La defensa enfatizó la vulnerabilidad de los involucrados, muchos de los cuales tienen hijos menores, personas con discapacidad o condiciones socioeconómicas precarias. “Nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro”, expresó Acosta ante los medios.

El caso generó un fuerte debate público sobre la responsabilidad ante errores del Estado y el acceso desigual a la Justicia. La historia de Verónica no es única, pero sí extrema por el monto involucrado y las consecuencias judiciales que enfrenta.

Antecedentes similares

Casos como este han ocurrido en otras provincias, como el de Natalia Paola Rodríguez Díaz, quien también enfrentó cargos tras gastar dinero depositado por error. En su caso, fue detenida y procesada bajo la figura de estafa, a pesar de haber declarado que pensó que se trataba de una indemnización.

El caso de Verónica Acosta podría sentar un precedente en torno a la responsabilidad penal por errores bancarios del Estado y la proporcionalidad de las medidas judiciales impuestas a ciudadanos sin antecedentes ni intenciones delictivas.

Qué dice la ley

De acuerdo con el Código Penal Argentino, el artículo 172 castiga con hasta seis años de prisión a quien defraude mediante engaño o abuso de confianza. No obstante, la doctrina penal contempla matices cuando la apropiación se da por error ajeno y sin intención fraudulenta previa, algo que será clave en la defensa.

Mientras tanto, la familia Acosta espera una decisión judicial definitiva con la amenaza latente de la prisión preventiva. La historia, iniciada por una transferencia errónea, se convirtió en un caso testigo de los límites entre necesidad, desconocimiento y legalidad.