Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Senado de la Nación abrió este miércoles el período de sesiones extraordinarias con un nivel de conflicto que marcó desde el inicio el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La conformación de las comisiones encargadas de analizar los proyectos desató un duro enfrentamiento entre el interbloque peronista y el oficialismo, con un cruce directo entre el senador José Mayans y Patricia Bullrich, designada para presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La discusión comenzó a primera hora de la mañana, cuando se puso en marcha la reunión destinada a constituir las comisiones de Trabajo y Previsión Social; Presupuesto y Hacienda; Minería, Energía y Combustibles; y Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las dos primeras debían abocarse al análisis de la ley de “Modernización Laboral”, mientras que las restantes tratarían la modificación de la Ley de Glaciares.

José Mayans anticipó que irá a la Justicia.

Desde el arranque, el interbloque Popular —nueva denominación del ex Unión por la Patria— dejó en claro que no participaría de las reuniones. El espacio cuestionó tanto el llamado a conformar las comisiones como su integración y advirtió que todo el procedimiento presentaba “vicios de nulidad de origen”.

El planteo reglamentario y el cruce con Bullrich

El jefe del interbloque Popular, José Mayans, tomó la palabra ni bien se inició la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Allí pidió que se leyera el artículo 14 del reglamento del Senado, que establece que la Cámara, en su primera sesión, debe nombrar o integrar las comisiones permanentes, ya sea por sí misma o delegando esa facultad en la Presidencia.

Según el senador formoseño, esa instancia nunca existió. Por ese motivo, consideró inválida la conformación de las comisiones y cuestionó con dureza a Patricia Bullrich. “Vamos a inaugurar esta etapa con el título de la incompetencia de Bullrich”, lanzó, al sostener que la senadora no cumplió con el reglamento en la sesión inaugural.

Mayans también rechazó la cantidad de representantes asignados a su bloque. Recordó que el interbloque Popular cuenta con 28 senadores, lo que representa el 38,8% de la Cámara, y explicó que esa proporción le otorga siete lugares en comisiones de 17 o 19 miembros. Sin embargo, el oficialismo le adjudicó solo cinco. “Esto va derecho al Poder Judicial, porque nace en forma totalmente torcida”, advirtió.

Judicializar el conflicto

El senador peronista insistió en que una simple convocatoria a una sesión de emergencia habría evitado el conflicto y recordó antecedentes similares ocurridos durante el año anterior, cuando, según denunció, una resolución le quitó a su bloque un senador por comisión.

“Desconocemos totalmente esa resolución. No tiene aval del recinto y viola la Constitución”, sostuvo Mayans, quien remarcó que ni siquiera una mayoría agravada habilita a incumplir el reglamento. En ese contexto, anunció que su bancada impugnará todo el proceso ante la Justicia y no participará de las reuniones de comisión.

Bullrich, por su parte, intervino brevemente para pedir que se avanzara con el orden del día. El senador Bartolomé Abdala propuso entonces su designación como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, lo que provocó una nueva reacción airada de Mayans. Pese a los reclamos, la comisión quedó formalmente constituida y se convocó a una nueva reunión para debatir la reforma laboral.

Acusaciones de atropello institucional

Las críticas del peronismo se repitieron en el resto de las comisiones. En Presupuesto y Hacienda, el senador Jorge Capitanich cuestionó la falta de una sesión especial que habilitara la conformación y denunció el incumplimiento de los artículos 14°, 60°, 91° y 93° del reglamento. Florencia López acusó al secretario Parlamentario y a Bullrich de actuar sin facultades y de desconocer la proporcionalidad que le corresponde a su espacio.

El debate sumó un tono aún más duro con las intervenciones de Martín Soria y Juliana di Tullio, quienes hablaron de una avanzada “compulsiva y arbitraria” sobre las instituciones. Di Tullio incluso puso en duda la validez de la nota que, según el oficialismo, contó con la adhesión de 44 senadores, y sostuvo que el número real es menor por la falta de juramento de uno de los legisladores mencionados.

“Dicen que 6,6 es 5, y eso no resiste ningún cálculo”, afirmó la senadora, al reclamar los siete lugares que le corresponderían al interbloque Popular. Para el peronismo, esa decisión afecta de manera directa la representación de las provincias y condiciona el tratamiento de leyes sensibles.

Reforma laboral, el eje del debate

Más allá de la disputa reglamentaria, el eje del conflicto gira en torno a la reforma laboral que comenzó a analizarse en el Senado. Desde el peronismo advirtieron que el proyecto “nace mal” y que todo su recorrido legislativo quedará contaminado por la forma en que se conformaron las comisiones.

“Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, va directo al Poder Judicial”, señaló Mayans. Otros senadores sumaron críticas al contenido de la iniciativa, a la que definieron como un “paquete de precarización”, y cuestionaron que incluya aspectos impositivos que, según la Constitución, deberían originarse en la Cámara de Diputados.

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios