Reforma Laboral y Ley de Glaciares: qué busca la minería argentina antes del nuevo evento de PDAC

Por Sabrina Pont

La Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei abrió un frente de conflicto con el sindicalismo y volvió a tensar el clima político con el oficialismo. En el sector minero, sin embargo, la discusión tiene una doble lectura: lo que se debate en público y lo que, puertas adentro, realmente concentra la atención.

Desde el sindicalismo, la postura es clara. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), conducida por Héctor Laplace, se alineó con el paro general y calificó la iniciativa como “una regresión en materia de derechos laborales“. El cuestionamiento apunta especialmente a la modificación de normas vinculadas a jornada y descansos, consideradas conquistas históricas.

En el plano empresario el análisis es más pragmático: sostienen que “la reforma no altera sustancialmente el régimen laboral minero“. Tampoco fue diseñada pensando en sus especificidades. La minería opera con esquemas propios -rotaciones extensas, producción continua, dinámicas de campamento- que difícilmente puedan encuadrarse en una norma general sin ajustes sectoriales.

Algunos aspectos, no obstante, son valorados positivamente. En particular, aquellos que introducen mayor previsibilidad en materia de indemnizaciones y, según evalúan, “están pensados para limitar la litigiosidad posterior a la desvinculación“. En un sector intensivo en capital y con proyectos de largo plazo, en ese sentido, la estabilidad jurídica es un activo.

Pero incluso quienes ven con buenos ojos esos cambios reconocen que la reforma “no tendrá efectos inmediatos sobre el empleo“. El contexto macroeconómico pesa más. Con exportaciones traccionadas por los sectores de la energía y el agro, pero con una marcada caída de importaciones de insumos industriales, no por reemplazo local, sino por caída en la actividad, el diagnóstico es claro: hay recesión. Y en recesión la prioridad no es contratar, sino sostener operaciones, reducir costos y proteger márgenes. Ninguna reforma laboral, por sí sola, modifica esa ecuación.

En un Congreso atravesado por negociaciones cruzadas y proyectos sensibles, el oficialismo buscará administrar los tiempos. El jueves 26 el Senado tratará la modificación de la Ley de Glaciares junto con el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. La intención del oficialismo es avanzar ese día con glaciares para otorgarle, al menos, media sanción. La Reforma Laboral, en tanto, continuará su recorrido el viernes en el Senado, una vez cumplidos los siete días reglamentarios posteriores a las modificaciones introducidas en Diputados, con el objetivo de convertirla en ley. Luego, la eventual reforma de glaciares deberá regresar a la Cámara Baja para su tratamiento en sesiones ordinarias.

Glaciares y la señal hacia afuera

La verdadera prioridad del sector está en la modificación de la Ley de Glaciares y, sobre todo, en su recorrido parlamentario. La aspiración es llegar a la próxima convención de Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), que se celebra en Toronto, entre el 1 y 4 de marzo, con al menos media sanción aprobada. No se trata únicamente de una cuestión legislativa interna, sino de una señal hacia el mercado internacional.

En ese contexto, la delegación argentina buscará exhibir cohesión política y respaldo institucional. Desde el Gobierno nacional está previsto que asista a la PDAC el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y que uno de los días también se sume Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, en un intento por reforzar la interlocución con inversores y fondos internacionales.

En principio, el texto que se discutirá es el dictamen firmado en diciembre. Sin embargo, no se descarta introducir modificaciones puntuales. Uno de los artículos bajo análisis es el que define la autoridad competente, cuya redacción podría ajustarse para despejar posibles conflictos interjurisdiccionales y evitar superposiciones entre Nación y provincias. En un país federal, ese equilibrio no es menor.

El argumento técnico que impulsa el sector es que debe prevalecer el informe de impacto ambiental y que la protección se concentre en glaciares y ambiente periglaciar “que tengan una función hídrica relevante“. La discusión, insisten, no debería derivar en un enfrentamiento político, sino en una definición clara de criterios. El problema es que el clima político no siempre acompaña los tiempos técnicos.

Algunos referentes empresariales reconocen que el Gobierno nacional cometió errores al tensar el debate y activó resistencias que podrían haberse evitado. “Se pasaron de rosca”, admiten en privado, al reconocer que disposiciones vinculadas a descuentos salariales ante enfermedades o ausencias justificadas eran un retroceso en derechos básicos y facilitaron la reacción sindical. Esa experiencia opera como advertencia en la discusión por glaciares: un exceso en la formulación puede complicar una agenda que el propio oficialismo necesita mostrar ordenada y técnicamente sólida.

La expectativa en torno a la ley no es abstracta. Sobre la mesa hay proyectos con cifras multimillonarias y áreas de influencia donde la definición sobre ambiente periglacial no es un detalle técnico, sino una condición de viabilidad económica y política.

Es el caso de los emprendimientos situados en la cordillera de San Juan, como Vicuña -de la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining-, que prevé una inversión inicial de USD 7.000 millones entre 2027 y 2030 bajo el esquema presentado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y de Los Azules, operado por McEwen Copper Inc., subsidiaria de McEwen Mining Inc., que contempla una inversión de USD 2.700 millones hasta su puesta en marcha. También Agua Rica, hoy integrado al proyecto MARA en Catamarca bajo el liderazgo de Glencore, con un desarrollo estimado en torno a los USD 4.500 millones.

En un escenario recesivo, estos números adquieren centralidad. Sin embargo, la discusión no se agota en atraer capital. También involucra el modelo de desarrollo que acompañará esas inversiones. El RIGI establece una obligación mínima de 20% de compras locales. Ese piso legal abre un interrogante político.

Desde el sector reconocen que la Nación no intervendrá activamente en el origen de las adquisiciones. “A la Nación no le importa”, sintetizan con crudeza algunos empresarios. Eso desplaza la responsabilidad hacia las provincias y hacia las propias compañías.

Si las provincias no gestionan, no articulan proveedores y no generan condiciones de competitividad, la oportunidad puede diluirse. Y si las empresas se limitan a cumplir el mínimo exigido e importan masivamente bienes y servicios, el discurso histórico de encadenamientos productivos y desarrollo territorial quedará expuesto.

La minería argentina todavía no está plenamente instalada en términos culturales y sociales. Prometer desarrollo local mientras se consolida un esquema de abastecimiento predominantemente externo sería, en ese contexto, un riesgo político.