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El abogado y catedrático Manuel García Mansilla, quien había asumido su puesto en la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de marzo, presentó este lunes su renuncia indeclinable al cargo, apenas 40 días después de haber jurado en el alto tribunal. Su decisión llega en un contexto de alta tensión política y judicial, marcado por el rechazo de su pliego en el Senado y una medida cautelar que le prohibía firmar resoluciones.
Con su salida, la Corte vuelve a quedar integrada por solo tres jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Un nombramiento breve y polémico
García Mansilla fue designado mediante el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 25 de febrero. Este decreto también incluía la designación del juez federal Ariel Lijo, quien no asumió el cargo tras negarse a renunciar a su puesto actual, una condición impuesta por la Corte Suprema para aceptar su incorporación.
El pasado viernes, el Senado rechazó por amplia mayoría los pliegos de García Mansilla y Lijo, lo que intensificó las presiones sobre el primero para que abandonara su cargo.
Poco después de la votación, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, firmó una medida cautelar que le ordenaba abstenerse de firmar resoluciones o medidas administrativas por un plazo de 90 días. Esta decisión se basó en una presentación judicial del abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes argumentaron que la designación en comisión vulneraba la independencia judicial. “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, fundamentó Ramos Padilla.
Un Gobierno que le soltó la mano
Pese a la cautelar en su contra, el Gobierno intentó sostener a García Mansilla y el domingo presentó un recurso de “per saltum” ante la Corte para que se expidiera de manera inmediata sobre la medida de Ramos Padilla. Sin embargo, fuentes del alto tribunal indicaron que los otros tres jueces no mostraron disposición a tratar el recurso.
En este contexto, el Ejecutivo evitó brindar un respaldo firme al juez designado. “Si renuncia, es un tema personal de él“, dijo un funcionario cercano a la Casa Rosada durante el fin de semana, anticipando que el Gobierno no se embarcaría en una defensa férrea de su nombramiento.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo públicamente que no existía ningún artículo en la Constitución que obligara a García Mansilla a renunciar en estas condiciones. Sin embargo, el propio magistrado decidió dar un paso al costado, a pesar de haber afirmado previamente que solo un juicio político podía removerlo del cargo.
Consecuencias y debate jurídico
El caso de García Mansilla reabre el debate sobre las implicancias de las designaciones en comisión. Según algunos especialistas, el rechazo del Senado no invalida automáticamente el decreto presidencial ni implica la remoción inmediata de los jueces designados. En teoría, García Mansilla podría haber continuado en el cargo hasta el 30 de noviembre, salvo que se iniciara un proceso de juicio político en su contra.
Sin embargo, la controversia en torno a su nombramiento y la medida cautelar de Ramos Padilla generaron incertidumbre sobre la validez de los fallos que pudiera firmar en el futuro. En ese marco, su continuidad en la Corte se volvió insostenible.
La Corte vuelve a quedar con tres jueces
La salida de García Mansilla devuelve a la Corte Suprema a una conformación de tres miembros, situación que se mantiene desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021. En medio de la crisis institucional, el juez Ricardo Lorenzetti se pronunció sobre el caso y dejó en claro su postura sobre los nombramientos por decreto. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, afirmó en una entrevista radial, en clara referencia a la polémica designación de García Mansilla.
A pesar de la controversia, Lorenzetti aseguró que el máximo tribunal continuará con su labor sin interrupciones. “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias y vamos a seguir haciéndolo”, concluyó.
La renuncia de García Mansilla deja al descubierto las tensiones políticas y jurídicas en torno a la designación de jueces y plantea interrogantes sobre el futuro de las vacantes en el tribunal supremo.
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