Retiros voluntarios: Federico Sturzenegger dijo que buscan reducir el gasto público para bajar impuestos

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió el nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados públicos y afirmó que la iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para achicar el gasto estatal y avanzar con una reducción de impuestos.

A través de una publicación en la red social X, el funcionario señaló que unos 20.000 trabajadores podrían participar del programa, aunque aclaró que la adhesión es voluntaria. El esquema está dirigido a determinados empleados de la Administración Pública Nacional y establece condiciones para acceder a una compensación económica por la desvinculación.

“El Decreto 1023/26 con firma de @JMilei, @diegosantilli y quien escribe, lanza un retiro voluntario para empleados de la administración pública (unos 20.000 son elegibles para participar, si así lo desean)”, escribió Sturzenegger.

El ministro vinculó la iniciativa con el objetivo fiscal de la gestión de Javier Milei. “Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos”, expresó en el mismo mensaje.

Qué restricciones tendrán quienes adhieran

Uno de los puntos destacados por Sturzenegger es la limitación para volver a trabajar en la Administración Pública luego de aceptar el retiro voluntario. Según explicó, el régimen busca evitar que una persona cobre la compensación por desvincularse y posteriormente regrese a un puesto estatal.

“Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente)”, sostuvo el funcionario.

La normativa establece condiciones para la adhesión y el pago de las compensaciones, además de restricciones para una eventual reincorporación al sector público nacional. La aceptación del beneficio implica el fin de la relación laboral en los términos previstos por el régimen.

Cómo se calculan las compensaciones económicas

El programa contempla distintas modalidades de compensación, de acuerdo con la edad del trabajador, sus aportes previsionales y los años de antigüedad reconocidos en la Administración Pública Nacional.

Para algunos grupos, el esquema prevé una compensación vinculada a la remuneración mensual y al tiempo de servicio; para otros, incorpora montos adicionales. También establece topes y condiciones específicas para determinar el pago, por lo que el monto final depende de la situación particular de cada empleado.

La reglamentación fija, además, un procedimiento de inscripción y evaluación de las solicitudes. La presentación no implica una aprobación automática: la autoridad competente debe analizar cada caso y puede rechazarlo por razones vinculadas con la continuidad y el funcionamiento de los servicios públicos.

Quiénes pueden adherir al retiro voluntario

El régimen alcanza a trabajadores de planta permanente y a determinados empleados contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada. La normativa define grupos según la edad y la situación previsional, con diferentes criterios para establecer las compensaciones.

También enumera sectores y situaciones laborales excluidos, así como impedimentos relacionados con procedimientos disciplinarios, causas judiciales, reclamos contra el Estado y trámites jubilatorios en curso, entre otros supuestos.

De esta manera, la posibilidad de acceder al beneficio depende tanto de cumplir con los requisitos de edad y antigüedad como de no encontrarse alcanzado por alguna de las exclusiones previstas.

El objetivo fiscal del Gobierno nacional

La puesta en marcha de los retiros voluntarios se inscribe en la política de reducción del gasto público impulsada por el Gobierno de Milei. En su publicación, Sturzenegger presentó la medida como una herramienta para disminuir la estructura estatal y sostuvo que el ahorro fiscal busca abrir margen para seguir reduciendo impuestos.

La cantidad de trabajadores que finalmente adhiera dependerá de las decisiones individuales y de la evaluación de las solicitudes por parte de las autoridades. El alcance efectivo del programa se conocerá una vez concluido el proceso de inscripción y aceptación de las desvinculaciones.