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Este lunes a las 9 se reanudan en Río Gallegos las audiencias del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, en una etapa que volverá a poner el foco en los testigos técnicos y en la reconstrucción fina de lo ocurrido antes de la tragedia de 2017. La expectativa es alta porque el debate entra en una zona decisiva: Se trata de ordenar hechos, medir responsabilidades, contrastar versiones y despejar dudas sobre la navegabilidad real de la nave.
La segunda semana de juicio dejó una postal clara: el centro de la discusión ya no está únicamente en la desaparición del submarino, sino en todo lo que no se hizo, no se controló o quedó a mitad de camino. Entre el 23 y el 27 de marzo desfilaron ante el tribunal altos mandos, suboficiales y especialistas, en una tanda de audiencias que, según lo previsto desde el comienzo, fue pensada para desentrañar decisiones, fallas y responsabilidades técnicas detrás de la tragedia. En ese escenario, los testimonios más fuertes volvieron a instalar una idea incómoda: el ARA San Juan no habría llegado a la última misión con todos los controles que exigía su propia condición de submarino en servicio.
Uno de los puntos más pesados de la semana fue la declaración del capitán de navío Fabián Walter Krawinkel, quien sostuvo con claridad que “nunca se realizaron las pruebas clave, que son las de máxima profundidad y máxima velocidad”. El ex submarinista explicó que esos ensayos son indispensables y que no se concretaron por problemas técnicos vinculados a “un porta fusible que se había fundido”. Su testimonio no sólo dejó una alerta sobre el estado operativo de la nave, sino que también reforzó la discusión sobre si el buque estaba verdaderamente listo para afrontar una patrulla de esas características. A eso se sumó la declaración de Víctor Manuel Pereyra, comandante del ARA San Juan entre 2014 y 2015, quien remarcó que esas pruebas son “dos ensayos exigentes, que solo pueden realizarse una vez aprobadas todas las instancias previas”, y recordó que cuando asumió el cargo “faltaban numerosas pruebas de mar para llegar a esa instancia”.
La segunda semana también dejó una lectura muy sensible sobre el mantenimiento de la nave y el estado de su alistamiento. El contralmirante Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, que integró la Inspección General de la Armada entre 2016 y 2020, señaló que el ARA San Juan presentaba “deficiencias” que “dificultaban” su preparación para cumplir con los planes en vigor. Además, indicó que esas observaciones se mantuvieron “en resolución” pero como “observación vigente”, una fórmula administrativa que en los hechos describía problemas todavía no resueltos. En su informe también aparecieron referencias a la falta de certificación de escotillas, a obras pendientes y a un dato que quedó flotando en la sala con fuerza: el submarino navegó en 2016 menos de la mitad de las millas, días y horas de inmersión que en 2017. Incluso se señaló que el ARA Salta, inactivo desde hace años en Mar del Plata, se encontraba en condiciones similares, y que por eso el ARA San Juan no debería haber zarpado.
En paralelo, la discusión sobre el presupuesto y el sostén material de la flota naval volvió a escena. Francisco Javier Medrano, ex director general de Material y luego de Presupuesto de la Armada, explicó que su área tenía responsabilidad sobre la planificación, la adquisición y la disposición final del material, y sostuvo que el ARA San Juan venía de un trabajo de media vida y “se estaba llevando a un estado ideal”. Esa afirmación convivió en la sala con el diagnóstico opuesto de otros testimonios, y mostró la grieta de interpretaciones que atraviesa todo el juicio: para algunos, el submarino avanzaba hacia su recuperación; para otros, seguía acumulando fallas, observaciones y tareas pendientes que comprometían su seguridad.
Ampliación de indagatoria
En ese contexto, el debate volvió a poner bajo la lupa el rol del Comando de la Fuerza de Submarinos, órgano encargado de planificar y supervisar los programas de mantenimiento de las unidades navales. Al momento de los hechos, esa estructura estaba bajo la órbita de Claudio Villamide, uno de los cuatro imputados junto a Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
En ese marco, la defensa de Claudio Villamide anticipó que pedirá ampliar su declaración “con la cantidad de inexactitudes que se dijeron”, según expresó su abogado Juan Pablo Vigliero. La estrategia defensiva intenta reordenar el tablero frente a un conjunto de testimonios que, para la acusación, refuerzan la hipótesis de fallas estructurales y omisiones previas al zarpe. Para la defensa, en cambio, todavía hay vacíos, lecturas incompletas y puntos que deben revisarse antes de llegar a conclusiones definitivas. Ese contrapunto seguirá marcando el ritmo del debate en las próximas audiencias.
Esa posible ampliación se perfila como uno de los ejes más relevantes de la jornada. No solo porque implicaría una nueva exposición del imputado ante el tribunal, sino también porque podría introducir precisiones o contrapuntos frente a los testimonios técnicos que se escucharon a fines del mes de marzo.
Familias
Pero no será el único foco de atención. La semana que comienza también tendrá un componente profundamente humano. Está previsto que cuatro familiares de los tripulantes declaren ante el tribunal, aportando material personal que sus seres queridos les dejaron antes de embarcarse en la última misión. Ese tipo de testimonios suele marcar un quiebre en los debates judiciales, porque traslada la discusión del plano estrictamente técnico al impacto real de la tragedia.
Lo que viene desde este lunes promete más testimonios técnicos y más cruces sobre el funcionamiento real del submarino, las cadenas de mando y las decisiones tomadas antes del último viaje. La causa no sólo sigue buscando responsabilidades penales por la tragedia, sino también una verdad que, a casi una década del hundimiento, sigue siendo una deuda abierta para las familias de los 44 tripulantes y para todo el país.
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