Subsidios en las tarifas de luz y gas: los clubes de barrio deberán cumplir nuevos requisitos

En una medida que apunta a redefinir el alcance de los beneficios energéticos, el Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles los nuevos requisitos que deberán cumplir los clubes de barrio y de pueblo para conservar los subsidios en las tarifas de luz y gas. A través del Ministerio de Economía, se establecieron pautas específicas con el objetivo de garantizar que la ayuda estatal llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan.

La medida se publicó en la Resolución 276/2025 del Boletín Oficial y afecta directamente a las más de 2.200 entidades que hoy reciben beneficios tarifarios, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

La resolución delega a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético la organización del reempadronamiento obligatorio y la exigencia de nuevas declaraciones juradas. Según la normativa, esa área será la encargada de “establecer las pautas complementarias e interpretativas que permitan una adecuada focalización de los beneficios, incluyendo las acciones de revisión, evaluación, solicitud de información, registro y control previstas en la presente medida, y todas aquellas que resulten necesarias para su adecuada implementación y posterior remisión al ENARGAS”.

Esto implica, además, la posibilidad de realizar controles cruzados, solicitar información adicional y revisar inscripciones previas, como parte del nuevo esquema de fiscalización del uso de recursos públicos. El objetivo central es transitar de un sistema de subsidios generalizado a uno más selectivo, en línea con la visión fiscal del Ejecutivo.

Según la normativa, los clubes deberán estar formalmente constituidos desde hace al menos tres años, tener entre 50 y 2.000 miembros registrados, contar con personería jurídica vigente y domicilio legal en la Argentina. Además, deberán demostrar que cumplen un rol social concreto en el ámbito del deporte no profesional, la educación no formal o la promoción cultural.

En caso de detectar irregularidades, el Gobierno advierte que se tomarán medidas ejemplificadoras: “Se podrá ordenar, a través de los organismos de regulación competentes, la facturación de todos los importes que le hubieren sido incorrectamente bonificados, con más sus intereses moratorios y punitorios, sin perjuicio de otras acciones y sanciones que pudieren corresponder”.

La implementación de estos requisitos responde a la necesidad de “depurar el régimen tarifario”, según explicaron fuentes oficiales, en un contexto de ajuste general de las cuentas públicas. La administración de Milei sostiene que los subsidios masivos aplicados en gestiones anteriores son “insostenibles y poco equitativos”, por lo que se busca eliminar beneficios otorgados a instituciones que no cumplen los criterios de elegibilidad.