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La federación nacional de gremios de docentes universitarios de Argentina CONADU Histórica volvió a reclamar el Gobierno nacional por la pronta apertura de la paritaria salarial demandando un incremento del 40%. A esta acción se sumó la Asociación de Docentes de la UNPA (ADIUNPA).
En esta línea, se anunció que los planes de lucha continuarán y pusieron en duda el inicio del ciclo lectivo del 2026.
Aquella federación recordó que presentó una acción de amparo sindical con medidas cautelares urgentes contra el Decreto 759/2025, que busca suspender la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Esta ley es una norma votada en el Congreso para recomponer los salarios docentes y garantizar el sostenimiento del sistema universitario público.
Los docentes, argumentan que el Poder Ejecutivo Nacional no puede suspender por decreto una ley vigente, y menos aún una aprobada con mayorías reforzadas, lo cual viola la Constitución Nacional.
Esta decisión, según CONADU Histórica, no solo incumple la ley, sino que también profundiza el desfinanciamiento universitario, frena la negociación colectiva y deteriora los salarios docentes, afectando el corazón del trabajo universitario y científico.
Inconstitucionalidad
Los docentes demandan que se declare inconstitucional el Decreto 759/2025 y que se ordene la ejecución plena de la Ley 27.795.
La norma fija tres puntos principales que el gobierno debe cumplir: la actualización de gastos universitarios, la recomposición salarial docente y la obligación de convocar a la paritaria nacional universitaria.
La inconstitucionalidad se fundamenta en que el decreto estaría desconociendo principios y artículos clave de la Constitución Nacional. Los fundamentos de la acción judicial se basan en la violación de la división de poderes, el ataque a derechos constitucionales y convencionales, el reconocimiento estatal del daño salarial, y el perjuicio grave al sistema universitario y científico.
Para garantizar la efectividad de los reclamos, CONADUH impuso medidas cautelares de urgencia enfocadas en la suspensión inmediata del decreto y la convocatoria a la negociación salarial.
Las peticiones concretas incluyen: declarar inconstitucional el decreto; ordenar la ejecución plena de la Ley 27.795; que no se aplique la suspensión decretada de la Ley de Financiamiento Universitario; que se convoque inmediatamente a la paritaria nacional en un plazo de 5 días hábiles; y asegurar una recomposición salarial mínima del 40,25% sobre los salarios de julio de 2025, reconocida por el propio Ejecutivo.
CONADU Histórica subraya que la acción se realiza para defender los derechos, sostener la universidad pública y gratuita, y asegurar que sin salarios dignos ni presupuesto real no hay futuro posible.
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